Iglesias y Montero tendrán un cara a cara con el líder de las protestas ante su chalet
El juicio de Pablo Iglesias e Irene Montero contra Miguel Frontera se celebrará el próximo 27 de mayo
Pablo Iglesias e Irene Montero. | Agencias
El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra de Igualdad Irene Montero tendrá un cara a cara con el líder de las protestas ante su chalet, Miguel Fontera, el próximo 27 de mayo. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, esa ha sido la fecha señalada por el juez para celebrarse la vista oral contra este ciudadano por los supuestos delitos de acoso y descubrimiento de secretos.
La causa que ahora se juzga se inició en julio de 2020 a raíz de una querella interpuesta por Iglesias contra Frontera por delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. El exlíder de Podemos sostuvo que este último ilícito se produjo por, entre otros motivos, poner el himno de España o la canción ¡Que viva España! de Manolo Escobar frente a su casa en la urbanización La Navata de Galapagar. La condena por estos delitos oscila entre los dos años y nueve meses, en el grado más bajo de cada una de los ilícitos, y los 14 años de prisión como máximo.
Pero, finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 28 de Collado Villalba, que instruyó la causa, decidió mandarle a juicio solo por los delitos de acoso y descubrimiento de secretos. Además, la Fiscalía está personada en el procedimiento porque, en el momento en el que se produjeron los hechos denunciados, el querellante ostentaba un cargo público.
La Fiscalía denunció a Frontera por llevar un cartel que decía: «Pablo Iglesias hijo de terrorista». Sin embargo, el exvicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 presumió durante un tiempo de ser hijo de un frapero, al haber militado su padre en las filas del grupo terrorista FRAP que actuó en España en la década de los años 70. Pero ahora parece que recordárselo supone buscarse un problema con la Justicia.
Incluso otro juzgado ya se ha pronunciado al respecto: el de Instrucción y Primera Instancia Número 3 de Zamora, que exoneró a la política del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en el contencioso que le enfrentaba al padre de Pablo Iglesias al que llamó «terrorista» en 2020. El progenitor del fundador de Podemos reclamaba una indemnización por daños y perjuicios, por intromisión ilegítima en el honor. Álvarez de Toledo alegó que fue su propio hijo “el que se ha referido a su padre como militante del FRAP».
La sentencia recogió que «no acreditada la intromisión ilegítima en el seno del derecho al honor, no se puede presumir el perjuicio y menos la existencia de un daño moral indemnizable». Así condenó al padre de Iglesias a pagar las costas del proceso al abogado de Cayetana Álvarez de Toledo.
En esta causa contra el ciudadano Miguel Fontera, el Ministerio Público solicita una condena de tres años de prisión para el acusado por los delitos continuados de injurias graves con publicidad, acoso y descubrimiento de secretos. Además, pide que se le imponga una multa de 13.800 euros. Por su parte, Iglesias y Montero solicitan la mitad de esa pena y piden un año y medio de cárcel, pero con una indemnización significativamente mayor: treinta meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros además de 20.000 euros por «daño moral».
Además, durante la instrucción, el juez dictó una orden de alejamiento de 500 metros contra Frontera que le obliga a no acercarse a las inmediaciones del chalet de Iglesias e Montero y la prohibición de que se comunicase con el exlíder Podemos y la exministra. Esta decisión la tomó tras la petición de la Fiscalía. La acusación ejercida por el vicepresidente, en su petición, amplió el perímetro a 3 kilómetros. Un extremo que el juez no aceptó.
