Interior destina cien millones para la comida de 47.000 presos e incluye menú halal y sin gluten
Prisiones exige en los pliegos el certificado halal en los alimentos que lleguen a las prisiones de Ceuta y Melilla
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press
El Ministerio del Interior ha licitado 17 contratos valorados en 100 millones de euros para hacer llegar a las cárceles españolas —no se incluyen las de Cataluña y El País Vasco porque tienen la competencia transferida— las materias primas necesarias para la alimentación de 47.000 presos. Los pliegos especifican diversos protocolos alimentarios, dada la diversidad de los internos, que incluyen menús halal y sin gluten.
Los contratos, a los que ha accedido THE OBJECTIVE, fueron anunciados el pasado abril y el plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado martes. Cada contrato tiene como objeto el suministro a las cárceles considerando su ubicación. La media del importe de estos contratos supera los ocho millones de euros y supone destinar 2.127 euros por preso al año para su alimentación en prisión.
Al detalle, los pliegos técnicos marcan que los alimentos que lleguen a las prisiones de Ceuta y Melilla deben incluir certificados halal. Esta particularidad, sin embargo, no se contempla para otros centros penitenciarios, en los también existe población reclusa de religión musulmana. Este periódico ha preguntado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al respecto, pero las fuentes consultadas no han sabido precisar por qué existe esa diferencia entre las prisiones. Lo que sí es general para todas las prisiones es el suministro de productos sin gluten y sin lactosa.
Dieta equilibrada
En general, todos los contratos incluyen una dieta variada, en la que se incluyen todo tipo de alimentos: aceites, aves, bollería, café, leche carne fresca, conservas, embutidos, helados, huecos, legumbres, arroz, pescado fresco y congelado, verduras, pastas y sopas, precocinados o patatas, cebollas y ajos. Entre tanto, Interior, según reza el pliego, exige a los proveedores cumplir siempre con los criterios químicos e higiénicos de los productos e indicar en todo momento la procedencia con su respectivo etiquetado.
Además, prohíbe la entrada, junto con la mercancía solicitada, de «productos, materias o sustancias distintas las adjudicadas por contrato, así como otras que por su naturaleza puedan suponer un potencial peligro para la seguridad de los internos tales como «teléfonos, objetos cortantes, armas», todas ellas prohibidas por la Normativa de Régimen Interior de los centros penitenciarios.
Subida de precios
Por otro lado, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska justifica en algunas de las licitaciones las subidas de precio de los alimentos y, con esto, el aumento de la partida económica. Así, señalan, desde el ejercicio de 2022 hasta la actualidad «se han ido encareciendo todas las materias primas utilizadas en la elaboración de los racionados, las razones son por todos conocidas: guerra de Ucrania, inflación, incremento del precio de los combustibles, incremento de la energía eléctrica, escasez de contenedores, etc.». El coste total de los contratos que se licitaron el pasado año para el suministro en las prisiones fue de 85 millones de euros, es decir, 15 millones menos que el actual.
Además, advierten, de que esta situación puede mantenerse en el tiempo e incluso estabilizarse. «Lo que en principio podía parecer como una situación coyuntural, después de tres años, todo parece indicar que la subida de precios que hemos tenido en la mayor parte de los artículos, permanecerá estable o incluso subirá algo más en 2025». El año para el que esta prevista todo el suministro de alimentos en las prisiones que se ha militado.
Vigilancia exterior de las prisiones
El Ministerio del Interior también ha adjudicado otro contrato por 77,4 millones de euros para mantener los servicios de apoyo a la seguridad exterior en los centros penitenciarios, de la que se encargan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que retrasa de nuevo la eliminación de la seguridad privada en el exterior de las prisiones que dependen de la Administración, tal y como prometió el actual Ejecutivo.
Se trata de la cuarta vez que el actual Gobierno acuerda licitar la renovación de un contrato por el que, desde 2014, se privatizó parte de la seguridad exterior de las cárceles. Entonces, gobernaba el PP y Jorge Fernández Díaz estaba al frente de Interior. Este departamento justificó la medida hace diez años para dar una salida laboral a los escoltas destinados en el País Vasco y Navarra que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia de la banda terrorista ETA; así como una fórmula de ahorro económico y de destinar a los agentes principalmente a funciones operativas.
Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el objetivo era volver a la situación anterior, es decir que la vigilancia exterior de las prisiones fuese una labor exclusiva de guardias civiles y policías. Cuando tuvo opción de materializar ese cambio por primera vez en 2019, sin embargo, Interior argumentó que el déficit de 12.000 agentes que existía en ambos cuerpos no lo permitía. Razón por la que querían revertir la situación con nuevas ofertas de empleo, hasta conseguir el número suficiente de funcionarios policiales.
Cinco años después y tal como se comprometió el departamento de Grande-Marlaska, las plantillas policiales están en máximos históricos. No obstante, el Ejecutivo ha vuelto a renovar el contrato por el que unos 1.000 vigilantes de empresas privadas realizan tareas de control desde puestos fijos o en el acceso a los centros penitenciarios.
