La Guardia Civil de Tráfico agoniza en Navarra: unidades bajo mínimos y fuga de agentes
Los guardias civiles están optando por irse ya a otros destinos ante la inminente desaparición de la unidad
Un guardia civil de Tráfico. | Europa Press
La Guardia Civil de Tráfico en Navarra agoniza. Acumula desde hace años un proceso lleno de incertidumbre: su —casi siempre inminente—desaparición en la comunidad autónoma en favor de la Policía Foral, que, tal como tratan de cerrar los gobiernos central y autonómico, asumirá esa competencia. Un camino lleno de inquietudes para los agentes, que no saben todavía lo que ocurrirá. Ni con ellos ni con sus familias. Menos aún tras el revés del Tribunal Supremo, que tumbó el traspaso de tráfico al cuerpo autonómico tras advertir errores en la norma sellada entre los gobiernos central y navarro.
Según señalaron los magistrados en la sentencia, fechada en febrero, no cabía emplear esa figura de traspaso para atribuir la competencia puesto que Navarra no la incluía previamente en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) ni estaba amparada en su derecho histórico. En otras palabras, no se podía ceder una materia que la comunidad autónoma no había tenido nunca sobre papel.
A este limbo legal y político en el que se encuentra la Agrupación de Tráfico navarra, se suman un sinfín de deficiencias con las que los agentes deben trabajar a diario. Por un lado, el déficit de guardias civiles, sobre todo, en los destacamentos de menor población. Por otro, que no se cubran las plazas vacantes; y, para terminar, que los agentes que quedan, entre dudas por su futuro, estén pidiendo ya otros destinos en el instituto armado, tanto en la comunidad autónoma como en otros puntos de España. Un escenario que dificulta gravemente el trabajo que deben llevar a cabo los agentes en las carreteras. «No sabemos que va a ocurrir con nosotros, pero tampoco podemos hacer nuestro trabajo», se quejan.
Tres agentes en un destacamento
Con la época estival, la tesitura es aún peor. Según cuenta a este periódico un guardia civil de Tráfico, en Estella (Navarra), por ejemplo, solo están prestando servicio actualmente tres agentes. En total, son cinco, de los cuales dos están de vacaciones. Este esquema de trabajo, no obstante, se repite en localidades similares. También en Alsasua, Elizondo, Tagala o Tudela. En todas menos en la capital, Pamplona, donde están cubiertas todas las plazas. Según datos de las asociaciones profesionales, de las 220 plazas que componen esta agrupación en toda la región, solo están ocupadas 150, es decir, el 68,1%.
Sobre las plazas vacantes, que calculan están entre unas 70-80, insisten las mismas fuentes, «dicen que se cubrirán, pero nunca dicen cuándo». Lo que sí es ya más que evidente es la fuga de agentes de Tráfico. Según cuentan fuentes de la Benemérita, aquellos que tienen menos arraigo, piden marcharse a unidades de otras comunidades autónomas. Los que tienen familia y viven desde hace años en Navarra, por otro lado, están solicitando cambiarse a Seguridad Ciudadana, para no salir de la región navarra. La otra opción es, de materializarse el traspaso, utilizar la pasarela para integrarse en la Policía Foral.
Esta última solución, sin embargo, no es la que más triunfa entre los guardias civiles. El Gobierno navarro estaba supuestamente ultimando los detalles de esta figura, esto es, las condiciones laborales y económicas de los agentes, cuando el Alto Tribunal paralizó todo a finales de febrero. Desde entonces, los Ejecutivos navarro y central trabajan a contrarreloj para terminar el proceso legal que permita materializar el traspaso de competencias. En primer lugar, el Parlamento autonómico sacó adelante la reforma de su estatuto de autonomía y, hace dos semanas, el Consejo de Ministros, aprobó el anteproyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna).
El TS censura al Gobierno navarro
Esta era una de las vías, tal como señaló el TS, para que Navarra asumiese las funciones de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Reformando la Lorafna, esto es, el estatuto de autonomía, o bien, mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución, que establece que «el Estado solo podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». Una solución que en cualquier caso que, según explican distintos juristas, dilatará el proceso durante meses o años aunque el Parlamento navarro le de la máxima prioridad.
En el fallo judicial, los magistrados fueron especialmente críticos con la postura adoptada por el Ejecutivo navarro. En concreto, censuraron los argumentos esgrimidos por la Comunidad Foral de Navarra contra el recurso de Jucil. El Gobierno de María Chivite negó a esta asociación profesional tener legitimación activa para presentar el recurso ante el TS porque «el traspaso litigioso», a su juicio, «no afectaba a los guardias civiles ya que las funciones que se traspasaban siempre las había desempeñado la Policía Foral».
«Un claro perjuicio»
La mejor defensa, insistió el TS, «de la legitimación activa de Jucil la hace la propia Comunidad Foral de Navarra». «Para negársela sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas en otros destinos geográficos, es decir, yéndose de Navarra o, o integrándose en la Policía Foral de Navarra».
Lo que para la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo era, en ambos casos, un claro perjuicio para los agentes y avalaba, por tanto. el recurso de Jucil. «Es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial», zanjan los magistrados.
