Interior abre un expediente sobre el acuerdo entre el sindicato policial SUP y Desokupa
El ministerio consultará a la Abogacía del Estado si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones recibidas
Un policía nacional habla con el líder de Desokupa, Daniel Esteve, al Congreso de los Diputados, a 7 de noviembre de 2023, en Madrid (España). | Eduardo Parra (Europa Press)
El Ministerio del Interior ha acordado abrir un expediente informativo para analizar el acuerdo suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa, además de consultar a la Abogacía del Estado si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial. El SUP y Desokupa acordaron que esta empresa especializada en desalojos extrajudiciales ofrezca formación en defensa personal a 30.000 policías, según anunciaron el pasado fin de semana.
Nada más conocerse el acuerdo, Interior anunció que estudiaría su posible impugnación y este miércoles ha dado un paso más desvelando que la Dirección General de la Policía ha abierto un expediente para analizar ese acuerdo, después de conocer el contenido de los informes solicitados el pasado domingo a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado que a través de este procedimiento administrativo, la Dirección General de la Policía «recabará toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo».
Informe a la Abogacía del Estado
Y la espera de que se resuelva el expediente informativo abierto, Interior adelanta que ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para saber si el acuerdo entre SUP y Desokupa «afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse». Interior quiere determinar si el acuerdo «conculca valores democráticos» y se compromete a garantizar que toda la formación evaluable que reciben los agentes se realice dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía.
