David Sánchez se ahorró 40.000 euros al tributar en Madrid la donación de su padre
El hermano del presidente prefirió la bonificación impositiva de Ayuso al régimen fiscal del Estado
David Sánchez (i) y Pedro Sánchez (d). | Ilustración: Alejandra Svriz
David Sánchez Pérez-Castejón se ahorró un total de 39.729 euros por tributar por la Comunidad de Madrid la donación económica que le hizo su padre, Pedro Sánchez Fernández, por valor de 240.000 euros en enero del año pasado. El hermano pequeño del presidente del Gobierno, al completar el documento modelo 651 de la Agencia Tributaria, optó porque se le aplicara la normativa de la Comunidad de Madrid, en lugar de la del Estado, como se puede ver en el impreso al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Y la elección no fue baladí, porque de haber puesto una cruz en la casilla del Estado tendría que haber desembolsado a Hacienda 40.130 euros por esta donación. Una cantidad muy alejada de los 401 euros que finalmente pagó al haberse decidido por el actual régimen fiscal de Isabel Díaz Ayuso, de ahí los 39.729 euros que se ahorró.
El 25 de enero de 2023 -aunque el devengo es tres días más tarde-, el hermano de Pedro Sánchez formalizó su declaración, y lo hizo como sujeto pasivo ante la Agencia Tributaria. En esa fecha -según la información oficial en conocimiento de THE OBJECTIVE-, David Sánchez ya era residente fiscal en Portugal y, fue apenas unos días más tarde cuando se compró una casa en la localidad de Elvas por la cantidad que le había entregado su padre, tal y como él mismo justificó ante la Diputación de Badajoz en su declaración de bienes.
A diferencia de la inmensa mayoría de casos de donaciones, la condición de no residente en España del familiar directo del presidente del Gobierno le llevó a tener que declarar el ingreso ante la Agencia Tributaria, y no ante la dirección de tributos de la comunidad correspondiente. Y, en este caso concreto, no es el donante -su padre, con residencia fiscal en Madrid- el que tiene que declarar a Hacienda, sino el donatario. Es decir, David Sánchez Pérez-Castejón.
Legalmente, en España existe la Disposición Adicional Segunda, 1, de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Una disposición que determina que, en el caso de la adquisición de bienes muebles situados en España por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ‘inter vivos’, los contribuyentes no residentes -que es el caso del hermano de Sánchez ya que tenía su residencia fiscal en Portugal desde 2022– tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde hayan estado situados los referidos bienes muebles un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo del impuesto.
El ahorro fiscal
Además, también hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de septiembre de 2014, que refuerza estas opciones, teniendo en cuenta el criterio de libre circulación de capitales para permitir la elección del régimen fiscal a la hora de declarar el impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Y es gracias a esa elección, que el jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz se ahorró hasta unos 29.000 euros si, por ejemplo, el donante, es decir, su padre, hubiera vivido en Cataluña, tal y como un inspector de Hacienda de esta región confirma a THE OBJECTIVE.
Cabe recordar que este impuesto, tramitado por la Agencia Tributaria, que depende a su vez del Ministerio de Hacienda, ha de presentarse cuando una persona, en vida, cede gratuitamente bienes o derechos a otra persona física y, es por tanto, el sujeto pasivo, en este caso David Sánchez Pérez-Castejón, quien ha de cursarlo como donatario.
«Irresponsabilidad fiscal»
Fue hace un año, aproximadamente, cuando Pedro Sánchez criticó el régimen fiscal de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y defendía desde la Moncloa que «los que más tienen son los que más impuestos deben pagar». Es más, insistió en que debían ser «progresivos» y, por tanto, «quienes más tienen deben aportar a la caja común».
Y por si fuera poco, indicaba -como se puede apreciar en el vídeo que aparece sobre este párrafo-, que «los principales organismos internacionales nada sospechosos de ser comunistas como la OCDE o el Banco Central Europeo, cuestionan la irresponsabilidad fiscal de la que algunos hacen gala, y aconsejan seguir una senda contraria, muy clara, y es -matizaba- gravar las rentas más altas para proveer así de servicios públicos y de protección social a la mayoría social de nuestros países». Su hermano no se dio por aludido pues se acogió a la opción que le ofrecía la legislación madrileña en materia tributaria.
El «ventilador» del PSOE
En este sentido, hace apenas unos días, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, difundió un vídeo grabado en pleno debate por la salida de Cataluña del régimen común de financiación, en el que arremetió contra el PP, acusándoles de «bajar impuestos solo a los más ricos», y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al entender que su Gobierno aplica un «dumping fiscal».
La dirigente del PSOE también arremetió contra el Partido Popular denunciando que su postura en financiación «se resume fácil y rápido: bajar impuestos solo a los más ricos, recaudar menos para sanidad y educación y pedir más y más dinero al Estado».
«Y esto es verdad que tiene su lógica -añadió Esther Peña-, porque cuando los gobiernos del PP están en las autonomías, la sanidad y la educación solamente tienen un destino, la privatización», sostuvo, poniendo el foco en la Comunidad de Madrid, «donde actualmente en los hospitales, los particulares, los pacientes son los que tienen que llevar el ventilador en esta ola de calor».
El hachazo del Govern catalán
Y en pleno debate sobre la financiación autonómica, y sobre los efectos negativos que va a tener para el resto de España la financiación singular que el PSC de Illa se ha comprometido a implantar en Cataluña tras la exigencia de ERC, Fedea publicaba un informe, según el cual, Cataluña dejará de aportar entre un 30% y un 60% menos de recursos, y esto en millones se traduciría a un recorte para las arcas del Estado de entre 13.000 y 30.000 millones de euros.
Es decir, que la financiación homogénea de Cataluña crecería entre un 25% y un 50%, al tiempo que el Estado perdería otros 37.000 millones de euros adicionales, si Madrid y Baleares negociasen este cupo con los mismos criterios que Cataluña. Fedea también contempla que el Estado podría recurrir una subida del IRPF del 30% para compensar así la pérdida de servicios.
