Armengol justificó con cinco meses de retraso por qué contrató a dedo con la trama Koldo
Las mascarillas se pagaron con antelación, llegaron por un procedimiento de emergencia innecesario y caducaron
El contrato de Armengol a la trama Koldo sigue en el punto de mira. | Ilustración de Alejandra Svriz
El contrato de Francina Armengol, expresidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares y hoy presidenta del Congreso, adjudicado para el suministro de mascarillas en la pandemia a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la compañía clave de la trama Koldo, sigue en el punto de mira. Su adjudicación se realizó a mediados de mayo de 2020, pero la justificación del procedimiento de emergencia -a dedo y sin publicidad- tuvo lugar cinco meses después.
La adjudicación, como tantas otras de las que se beneficiaron Víctor de Aldama y Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, no presenta apenas información. Sin embargo, sí recoge numerosas irregularidades y enmiendas que evidencian una ejecución rápida y descuidada.
Las mascarillas, que costaron 3,7 millones, permanecieron meses almacenadas, por lo que su utilidad resultaba muy difícil de justificar. El Gobierno balear las almacenó cuando se dio cuenta de que no cumplían los estándares sanitarios. La intención, aseguraron, era conservarlas como prueba. La idea era poder reclamar, más tarde, el dinero a la empresa. El material, sin utilizar, caducó en 2022. Este es uno de los aspectos que evidencian que la compra no debía haberse realizado por el procedimiento de urgencia y a dedo.
El análisis realizado por THE OBJECTIVE detecta hasta 13 correcciones en la adjudicación. Desde la dirección postal hasta aspectos clave como la financiación, el procedimiento o el número de ofertas. Todos fueron enmendados. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil mostró en su investigación del contrato aspectos muy cuestionables.
El contrato de la trama Koldo
«La entrega del material se produjo antes de que se formalizara el contrato, incluso antes de que se acordara su emergencia», señalaba la UCO. En este sentido hay que volver a recordar lo que a ese respecto se dice en el art. 153.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), destacaba. Este artículo recoge que salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de -artículo 120-, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.
La única auditoría sobre la trama Koldo a un organismo que entregó dinero a cambio de mascarillas evidencia presuntas irregularidades en la contratación de Armengol. Pese a todo, no ha habido ningún movimiento de los partidos que ahora gobiernan Baleares para profundizar en los hechos.
El contrato de Adif auditado por el Ministerio de Transportes muestra que la licitación fue sin publicidad y se tramitó de emergencia siguiendo el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020 para responder al impacto económico de la covid-19. Sin embargo, la auditoría del ministro Óscar Puente ha puesto en duda la necesidad del procedimiento de emergencia a partir de las fechas del contrato. Estas coinciden con las del Gobierno balear, al igual que la fórmula de ejecución, ahora bajo la lupa.
«No parece justificarse la emergencia en el caso del contrato de distribución, la cual se realizó entre los últimos días del mes de abril y a lo largo del mes de mayo de 2020, sin aparente urgencia en su reparto, dado que comenzó a ejecutarse cuando el suministro ya estaba prácticamente finalizando». Fuentes de Adif han descartado hacer comentarios a THE OBJECTIVE sobre la controversia de esta contratación.
Los 13 errores de la adjudicación
El Gobierno de Baleares, con Francina Armengol al mando, enmendó de manera radical los detalles de la adjudicación del contrato para el suministro de mascarillas suscrito con Soluciones de Gestión y Servicio a Empresas. La adjudicación a la compañía de la trama Koldo tuvo lugar el 12 de mayo de 2020, pero cinco meses después se incorporaron hasta 13 rectificaciones, algunas de mucho de calado. Estas aparecen en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) del 23 de octubre de 2020.
El contrato, colgado en la Plataforma de Contratación, recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno balear el 8 de mayo de 2020, pero unos días antes ya habían llegado la totalidad de las mascarillas. Estas fueron pagadas en el momento de ser recibidas. El exdirector general de Salud del Gobierno balear, Manuel Palomino, recibió en abril de 2020 una llamada del Ministerio de Fomento «de una persona que no recuerda». El responsable de departamento dirigido por Ábalos en ese momento le preguntó si quería participar en una compra «masiva, voluminosa, importante de mascarillas». El cargo de Fomento facilitó el contacto de Koldo García, según la versión de Palomino.
La vía de emergencia de Armengol
Los miembros del Gobierno balear necesitaban de forma urgente material sanitario y por esa razón Palomino se puso en contacto con Koldo García. El objetivo era evitar que se arruinase la temporada turística de verano. El contrato supuso un desembolso de 3,7 millones para una partida de 1,4 millones de mascarillas de FFP2. Armengol siempre ha mantenido que todas las ofertas que les llegaban para la venta de material durante la pandemia se pasaban a los técnicos del Servicio Balear de Salud, que eran quienes revisaban precios y materiales y decidía si contrataban o no.
