Marruecos devuelve a España la mitad de los saharauis y marroquíes deportados el lunes
El país alauí rechazó la entrada de 11 subsaharianos después de que el Ministerio del Interior gestionase su expulsión
Partieron a Marruecos de madrugada y unas horas después estaban de vuelta en España. Ese fue el trayecto que realizaron casi la mitad de los solicitantes de asilo que el Ministerio del Interior deportó en la madrugada del pasado lunes. Tras la polémica que ha suscitado la determinación del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska con la devolución de medio centenar de marroquíes y saharauis tras denegarles protección internacional, la situación ha vuelto al punto de partida. El país alauí decidió rechazar la entrada en su territorio a 11 de estos ciudadanos, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes policiales. Ahora, indican estas mismas fuentes, permanecen en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Allí comparten espacio con el otro grupo de saharauis que, tal como reveló este periódico, logró no subirse al avión de Air Europa que Interior fletó el lunes para su expulsión del país tras hablar con el comandante de la nave. «Somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de no volver a Marruecos. Usted tendrá que asumir la responsabilidad de todo lo que ocurra», señalaron, en forma de aviso, al piloto, según señalaron fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. Finalmente, lograron convencerle y no partir.
Fuentes policiales revelan a este periódico que este grupo de saharauis amenazó a los pilotos con provocar disturbios durante el trayecto aéreo. Ante el riesgo que eso podía suponer para el resto de pasajeros, el comandante, como máxima autoridad del vuelo, no les permitió montarse en la nave. «Ellos amenazaron y, lógicamente, los pilotos no se arriesgan para que no haya problemas de seguridad en el vuelo», indicó a este diario un agente destinado en el aeropuerto madrileño.
Marruecos «incumple» el acuerdo con España
En cualquier caso, el rechazo de los solicitantes, advierten también fuentes policiales, incumple el acuerdo entre España y Marruecos firmado en 1992 relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente a nuestro país. Las situaciones que autorizan el rechazo de Marruecos son, según reza el texto, que los solicitantes «hubiesen sido autorizados a permanecer en el territorio del Estado con posterioridad a su entrada ilegal»; «qué estén en posesión de un visado o de un permiso de estancia concedido por dicho Estado»; o que «tuviesen la condición de refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951».
Este grupo de ciudadanos saharauis no desea volver a Marruecos por «la creciente represión», denuncian. «Soy saharaui y no puedo volver a Marruecos. Si lo hago, me matarán», afirma uno de los jóvenes retenidos en Barajas. Otro solicitante de asilo asegura que el activismo por la libertad de su tierra le ha generado problemas con las autoridades del reino alauí, así que su destino si regresa es la cárcel… o algo peor, se teme.
El régimen de Rabat ocupa gran parte del Sáhara Occidental, mientras el Frente Polisario denuncia la violación sistemática de los tratados internacionales. La mayoría afirma que son perseguidos por el país alauí y han incluido pruebas en sus expedientes para demostrar su origen saharaui: documentos de identidad o libros de familias de sus abuelos o padres que fueron expedidos en el Sáhara Español. El territorio, uno de los 17 no autónomos bajo supervisión de Naciones Unidas, fue colonia española entre 1885 y 1975.
La Audiencia rechaza los recursos
Entre los solicitantes se encuentran un enfermo de cáncer y un matrimonio con una niña de año y medio. La mujer incluso ha sufrido un aborto durante su estancia en la sala de inadmitidos del aeropuerto. «España tiene la obligación de concederles asilo y protección internacional como potencia administradora, según el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas», insiste Fatma El Galia, abogada de cinco saharauis que siguen retenidos en Barajas. Esta letrada ha recurrido varias denegaciones de asilo a la Audiencia Nacional y ha solicitado medidas cautelarísimas para impedir la deportación, pero todas han sido rechazadas.
La Audiencia Nacional considera «vago, impreciso e insuficiente» el relato suministrado para evitar las expulsiones, lo que «no permite avalar la existencia de un riesgo efectivo de persecución individualizada y efectiva». La finalidad de la protección internacional es garantizar la seguridad de toda persona que tema ser perseguida por motivos de raza, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género y orientación sexual que se encuentre fuera de su país de residencia habitual.