Interior negó a las víctimas en una carta en 2022 que pretendiese rebajar las penas a los etarras
El Ministerio desmintió que existiese esa iniciativa en la reforma y aseguró que era una transposición de la norma europea
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EP
El Ministerio del Interior negó hace dos años en un correo electrónico, remitido a todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, que el Gobierno fuese a modificar la ley para que los presos de ETA pudiesen convalidar las penas que habían cumplido en otro país. Hoy, a falta de que termine su trámite en el Senado, esta reforma es prácticamente una realidad después de que todos los partidos la aprobasen en el Congreso de los Diputados. Eso sí, sin que el partido de la oposición, el Partido Popular, o Vox, se diesen cuenta, según han reconocido. No sabían que la norma incluía una enmienda de Sumar que todas las formaciones políticas, sin excepción, sacaron adelante el pasado 18 de septiembre.
El terremoto político está servido. Mientras tanto, desde las asociaciones de víctimas admiten «estar en shock». No solo por el despiste de la derecha, sino porque, además, en 2022, la Dirección de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior desmintió que el Ejecutivo fuese a llevar a cabo esta modificación que podría dejar en libertad a varios presos de la banda terrorista. En el email, fechado el 1 de febrero y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el área de Grande-Marlaska hacía alusión «a un Anteproyecto de Ley, elaborado por el Ministerio de Justicia, que modificaba la —ahora polémica— LO 7/2014, en cuestiones relacionadas con el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS»).
«No existe ninguna iniciativa»
Por lo que, incidía Interior, la reforma alcanzaba «solo a cuestiones que afectan al intercambio de información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de los Estados miembros».«En consecuencia —zanjaba—, no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea». De este modo, el Ministerio situaba este cambio en la obligación de trasponer al ordenamiento jurídico español una directiva europea.
«Con esta transposición se avanza en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la UE, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales, con el objetivo de promover y agilizar la cooperación jurídica entre los países en la lucha contra la delincuencia, al tiempo que se contribuye a la construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia en el seno de la UE», finalizaba la Dirección de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.
La enmienda de Sumar
Dos años después, el Gobierno ha sacado adelante esa reforma, pero incluyendo una enmienda que, precisamente, permitirá a los etarras rebajar sus penas si han cumplido una parte antes en otros países de la Unión Europea. El origen de todo el lío político se sitúa en 2014, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy reformó la citada Ley Orgánica 7/2014 para igualar el cumplimiento de las penas en los países miembros. En otras palabras, para que una persona no cumpliese por un mismo delito dos o más condenas en diferentes estados. Sin embargo, la ley española incluyó una disposición adicional por la cual la norma no era aplicable a sentencias dictadas antes del 15 de agosto de 2010, la fecha límite para adecuar la normativa española a la europea.
Ese cambio supuso que la ley no beneficiase en aquel momento a 69 presos de ETA que cumplían condena en España tras haber estado previamente en cárceles de Francia. De lo que no se han dado cuenta ahora los partidos de la oposición es que la norma que aprobaron en el Congreso incorporaba una enmienda de Sumar que proponía eliminar justo esa disposición, una petición histórica de Bildu, socio del Gobierno de coalición. Ahora, si sale adelante, según advierten las asociaciones de víctimas del terrorismo, esta ley permitiría reducir la condena de prisión de unos 44 presos de ETA y dejaría en libertad a distintos reclusos, entre ellos a Txapote, condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
La AVT alertó de la reforma en 2022
Que existiese la posibilidad de aplicar la normativa a los presos etarras no era algo nuevo. De hecho, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) alertó de ello en un informe de 2022. «Venimos denunciando desde hace tiempo ciertas maniobras para modificar el marco legislativo en beneficio de los terroristas. Estas modificaciones siempre están destinadas a acortar la estancia en prisión de este tipo de presos y a facilitarles el acceso al tercer grado o la libertad condicional. Una de esas iniciativas es la modificación de la ley para permitir que los etarras puedan descontarse las penas cumplidas en otros países, fundamentalmente Francia», alertaba la AVT hace dos años.
Las sospechas de la asociación estaban basadas en distintos precedentes. Sin ir más lejos, en 2018, el PNV presentó en el Congreso una proposición para reformar la ley en ese sentido, señala el dosier al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. No obstante, no fue tomada en consideración por falta de apoyos parlamentarios. «Desde entonces, sin embargo, se convirtió en una reivindicación del Partido Nacionalista Vasco». Esta reivindicación, por otro lado, también estaba en la hoja de ruta de la plataforma a favor de los presos Sare. Tanto es así que distintos medios de comunicación publicaron conversaciones entre el portavoz de Sare y el etarra Jon Bienzobas en la que el primero, en relación con descontarse las penas francesas, señalaba que las «gestiones estaban bastante encaminadas».
