Crece el 'alquiler' de bebés y niños por parte de los 'okupas' para impedir los desahucios
El uso de menores y animales se extiende como método para demorar los desalojos de viviendas usurpadas
Un desahucio en un piso okupado en Barcelona. | VR
Recurrir a la presencia de menores, propios o ajenos, para paralizar desahucios, es una práctica que se extiende entre los okupas en un intento de parar o demorar los lanzamientos de viviendas usurpadas. «El alquiler de bebés para evitar un desalojo es algo llamativo que nos hemos encontrado», señala Daniel Avilés, director de Seguro Contra Okupas, que no oculta su sorpresa al «ir a una vivienda a desalojar con la policía y, al haber niños de por medio, no poder desalojar». «Pero luego resulta que no son sus niños, que luego los han devuelto», asegura.
Lo corrobora J. A., uno de los dueños de un bloque de pisos nuevos en Manresa (Barcelona) que, según denuncia, fue tomado en su día por una mafia con presencia de familias que posteriormente abandonaron el lugar. Una situación que se ha repetido. «Tuvimos un intento de okupación en otro piso de un marroquí y estando los Mossos allí para echarle apareció una mujer con dos niñas diciendo que eran sus hijas», recuerda.
«Afortunadamente no lo pudieron demostrar y lo echaron», explica el propietario afectado, que, tras un largo proceso judicial, ha logrado echar a la mayoría de los intrusos, aunque todavía le queda uno en la finca: «Dos años para el juicio para echar la que queda, ya tiene sentencia, pero estamos a la espera de fecha de desahucio y como tiene una menor vamos a tardar todavía», lamenta. Y añade: «Nos enteramos el día del juicio que cobra 1.200 euros en ayudas». «Vaya leyes y vaya justicia que tenemos», concluye.
«Escudos humanos» frente a los desahucios
«Nos hemos encontrado con casos en que hay menores pero nunca llegas a saber si son de ellos», indica la abogada especializada en derecho inmobiliario Arantxa Goenaga. Según ella, «es cierto que retrasa el procedimiento» en estos casos, del mismo modo que «se paraliza» el desahucio cuando se dejan animales dentro, ya que la comitiva judicial no acude preparada para llevárselos y se tiene que avisar a la protectora, algo que alarga el proceso. «Son estrategias que utilizan para paralizar los procedimientos y el problema es que al final no se llega hasta el final para saber si realmente existe ese riesgo de desamparo al menor, y como lo saben, por eso lo utilizan», subraya la socia del bufete AF Legis.
«A los niños los utilizan, cuando intentan hacer el lanzamiento, como escudos humanos», alerta Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación, que considera esta práctica «una verdadera aberración». «Llegamos a conocer casos de intercambio de niños que no correspondían, que aparecían cuando había una okupación y ya no se veían más». Incide en que los allanadores «siempre han utilizado a los niños, como utilizan animales como forma de alarma y los tienen sin cuidado y luego los abandonan cuando se van», algo que según él responde a que «tienen mentalidad de delincuente y utilizan todo cuanto tienen a mano».
«La ley no contempla este aspecto concreto dentro del procedimiento judicial cuando se hace la consideración de vulnerabilidad, no hay especificación sobre el tema, simplemente lo utilizan como estas paradas que hacen de los desalojos, en realidad están incumpliendo órdenes judiciales», aclara Miranda. «Hay políticos en municipios que dan apoyo y estos grupos organizados okupas están funcionando porque la policía tiene orden de no actuar, pero atendiendo a la ley deberían actuar». Añade que «el Estado debe ocuparse de estos vulnerables» y que, en caso de haber niños, «debería haber una comprobación por parte de la policía de si están utilizando menores para cometer delitos, coacciones o actos violentos que están haciendo en estas paradas de desalojo».
Niños prestados por la familia
Gala, otra propietaria afectada, vivió una situación surrealista cuando sus inquilinos, una familia ucraniana, dejaron de pagar el alquiler acusándola de ser una «agente de Putin» por ser de origen ruso. El caso se judicializó y los inquiokupas «pensaron que el desahucio sería rápido y trajeron al nieto», que «tenía seis o siete años en aquella época». «Su madre era medio georgiana, medio ucraniana, pero tiene papeles y tenía vivienda, tenía padrón, pero dejaron a su hijo con su abuela de 50 años», atestigua la casera.
«Los okupas dijeron ‘somos muy pobres, somos una familia vulnerable'». Sin embargo, la ficha que elaboraron los servicios sociales describía un hogar en el que vivían dos mujeres, de 50 y 20 años, madre e hija, «pero en la ficha decía que la seguridad social no había visto ningún niño en el piso, lo traían de vez en cuando para estar con la abuela, pero no había comprobante de que el niño vivía allí». Por esta circunstancia, en el juicio los inquiokupas «no se pudieron aprovechar del niño», pero Gala manifiesta que declararse vulnerable ante la policía y asegurar falsamente que un niño no tiene donde dormir equivale a «no tener ninguna moral».
