España cuenta con una administración paralela de 4.863 entes, fundaciones y 'chiringuitos'
La existencia de miles de organismos públicos propicia el descontrol, la corrupción y el clientelismo
Foto de familia de la última conferencia de presidentes autonómicos. | EP
La administración paralela, una maraña de entes, empresas y fundaciones dependientes del Gobierno central, las autonomías y las corporaciones locales, está compuesta, a día de hoy, por 4.863 organismos públicos en España. Pese a que la crisis económica y otros factores presupuestarios han obligado a adelgazar la estructura, apenas han desaparecido 840 entes en la última década, en torno al 15% de los que había en 2014.
Los datos que facilita el Ministerio de Hacienda, analizados por THE OBJECTIVE, muestran que todavía persiste una administración paralela de un tamaño considerable. En ella conviven organismos y empresas públicas rentables con sociedades deficitarias y chiringuitos, en los que resultan fáciles e incontrolables las colocaciones a dedo e incluso los fraudes.
La Junta de Andalucía fue una de las primeras que se tomó en serio el adelgazamiento de esta administración paralela. Así, en 2018, el acuerdo programático entre el Partido Popular y Ciudadanos para formar gobierno incluía el redimensionamiento de la Administración andaluza. El pacto incluía dejar al mínimo la administración paralela y ajustes de calado en algunos entes como la radio televisión pública andaluza.
La ‘administración paralela’, en cuestión
Entre los objetivos se contemplaba la eliminación de entes innecesarios -algunos llevaban años sin actividad- o la reestructuración total de otros. En el paquete se encontraban algunos salpicados por casos de corrupción, como la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), núcleo del caso de los ERE; e Invercaria, una agencia pública de capital riesgo que repartía fondos millonarios de forma arbitraria durante los gobiernos del PSOE. Pese a todo, en el primer caso solo se llevó a cabo una profunda despolitización, eliminando a los responsables colocados por Ejecutivos anteriores. En cuanto a Invercaria, la desaparición total no tiene fecha a día de hoy.
Mientras, algunos organismos dependientes del Gobierno central están bajo lupa por su deficiente gestión. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige el socialista José Félix Tezanos lleva años en cuestión por su evidente politización. En el punto de mira están los pronósticos electorales, que suelen ser fallidos y sesgados para beneficiar presumiblemente al PSOE, que la oposición considera manipulados. También lo está su enorme presupuesto. Éste ha pasado en seis años de ocho millones a 16.
Además, en las últimas semanas ha sido puesta en tela de juicio la gestión de algunas confederaciones hidrográficas dependientes del Ministerio de Transición Ecológica que dirigía hasta no hace mucho Teresa Ribera. Un tercio del presupuesto de la del Júcar está dedicado al pago de nóminas, como informó THE OBJECTIVE, cuando hay pendientes desde hace años actuaciones y obras que probablemente hubieran minimizado las inundaciones que dejaron más de 200 muertos y pérdidas millonarias el pasado 29 de octubre. También este medio ha dado cuenta de las prioridades artísticas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y de sus confusos proyectos. Este organismo, que trabaja en la investigación contra el cáncer, paga a un galerista y dos ayudantes. El presupuesto destinado a pagar sus nóminas supera los 200.000 euros.
Según los últimos datos del Inventario del Sector Público, las administraciones tienen bajo su control 1.810 empresas y hasta 850 fundaciones. Además, manejan 1.313 consorcios y organismos autónomos administrativos. Las más de 8.000 entidades locales que hay en España disponen de 2.629 entes, de los que el 44% son sociedades mercantiles. Mientras, las administraciones autonómicas mantinen 1.268 organismos. Cataluña es, con diferencia, la comunidad que más entes tiene en su órbita (306). La segunda es Andalucía (159), un región que antes del tijeratazo estuvo casi a la par de Cataluña. Por su parte, la Comunidad de Madrid, con 6,8 millones de habitantes, cuenta con 112. Son prácticamente los mismos entes que tiene el País Vasco, con poco más de 2,2 millones de habitantes.
Descontrol de los entes públicos
Por su parte, los ministerios tienen 458 organismos dependientes. El ránking lo encabeza Hacienda, con 94 entes vinculados, seguido de Transportes, con 80, y Transición Ecológica, con 56. Igualdad, Política Territorial e Infancia solo tienen uno. Presidencia cuenta bajo su mando con ocho, entre ellos el CIS y la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Es evidente que una parte de esta mastodóntica estructura tiene un claro objetivo público y una utilidad difícil de cuestionar. Sin embargo, los fines, los diferentes grados de autonomía e incluso su necesidad suscita un intenso debate en lo referente a otra parte de estos organismos. También está en cuestión si algunos de estos entes tienen una misión dentro del ámbito público o si los departamentos a los que están vinculados podrían desarrollar la labor. La dispersión administrativa en miles de entidades ha propiciado la falta de control y ha facilitado la corrupción, el clientelismo y la opacidad.
