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Varsavsky pone en marcha la versión española del DOGE de Musk para auditar el gasto público

La iniciativa del empresario Martín Varsavsky permite a cualquier ciudadano realizar una propuesta de ahorro

Varsavsky pone en marcha la versión española del DOGE de Musk para auditar el gasto público

Martín Varsavsky. | THE OBJECTIVE

El empresario argentino Martín Varsavsky, fundador de compañías como Jazztel y Ya.com y afincado desde hace años en España, ha presentado la iniciativa Auditoría Ciudadana, una plataforma digital que busca replicar en España el modelo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) impulsado por el magnate tecnológico Elon Musk en Estados Unidos. Con esta iniciativa, Varsavsky pretende que los ciudadanos analicen el gasto público y propongan medidas para optimizarlo, en un momento en el que la eficiencia del Estado está en el centro del debate económico.

DOGE, el meme hecho departamento

El Department of Government Efficiency, concebido por Musk como un organismo independiente encargado de evaluar la eficiencia del gasto público en Estados Unidos, ha promovido una serie de medidas de ajuste con el objetivo de eliminar el despilfarro estatal. Desde su entrada en vigor ha suprimido agencias gubernamentales consideradas innecesarias, fusionado departamentos para reducir duplicidades y recurrido a herramientas de inteligencia artificial con el fin de detectar partidas presupuestarias prescindibles.

A pesar de que su nombre fue escogido deliberadamente por el magnate para coincidir con un conocido y absurdo meme de internet –asociado a una criptomoneda promocionada en varias ocasiones por Musk–, la estrategia ha permitido un ahorro significativo en distintos sectores del Gobierno federal, aunque no ha estado exenta de polémica. La reducción de recursos en determinadas agencias medioambientales y reguladoras ha despertado preocupación entre quienes advierten del impacto de estos recortes en la calidad de los servicios públicos.

Asimismo, la eliminación de puestos de trabajo y la centralización de competencias en menos organismos han generado protestas entre sindicatos y funcionarios, que ven en esta reforma un intento de desmantelar la estructura estatal sin una planificación que garantice su eficacia a largo plazo. Musk ha defendido su iniciativa asegurando que el Estado puede operar de manera más eficiente con una estructura más ligera, eliminando lo que considera «gastos innecesarios». El debate sigue abierto y todavía existen dudas razonables sobre los efectos reales de esta política de racionalización del gasto.

El caso argentino: la motosierra de Milei

Mientras el DOGE de Musk comienza a operar en Estados Unidos, Argentina ha optado por una estrategia más radical bajo la presidencia de Javier Milei. Su gobierno ha emprendido un ajuste fiscal sin precedentes con el cierre de ministerios, despidos masivos en la administración pública y eliminación de subsidios clave con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Estas medidas han sido bien recibidas por los mercados y han estabilizado parcialmente las cuentas estatales a nivel macroeconómico, pero han generado un fuerte impacto social, con un aumento del desempleo y un deterioro del poder adquisitivo.

Milei defiende su plan asegurando que los sacrificios actuales llevarán a un crecimiento sostenido en el futuro, mientras que sus críticos advierten de los riesgos de una política de ajuste sin compensaciones para los sectores más vulnerables. La experiencia argentina plantea una cuestión clave para España: ¿se puede racionalizar el gasto público sin provocar un deterioro significativo en los servicios y en la calidad de vida de los ciudadanos, incluso aunque este deterioro sea pasajero, como asegura el economista?

¿Una auditoría pública abierta en España?

En un contexto en el que el gasto público español supera el 44% del PIB, iniciativas como Auditoría Ciudadana aparecen como una alternativa para abordar la cuestión de la eficiencia del Estado desde una perspectiva participativa. A través de esta plataforma, Varsavsky propone un sistema en el que los ciudadanos puedan analizar de manera detallada los presupuestos estatales y sugerir reformas orientadas a optimizar el uso de los recursos públicos.

La herramienta se estructura en torno a la participación activa de los usuarios, quienes pueden registrarse como auditores y proponer medidas de ahorro en distintas áreas del gasto público. Entre las propuestas que han recibido mayor apoyo en la plataforma destacan la reforma del sistema de pensiones para integrar un modelo mixto que combine reparto y capitalización, la eliminación de duplicidades administrativas mediante la fusión de ministerios y la evaluación de la viabilidad de ciertas empresas públicas que operan con déficits estructurales.

Para facilitar el proceso, la plataforma ofrece acceso a datos oficiales de los presupuestos generales del Estado, informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y estadísticas de organismos internacionales. Además, incorpora completas herramientas interactivas que permiten a los usuarios estimar el impacto de sus propuestas en las cuentas públicas y comparar la eficiencia del gasto en España con la de otros países.

El portal también detalla el nivel de gasto por sectores y administraciones, incluyendo datos como la deuda pública, el gasto en sanidad, educación y defensa. De esta manera, los participantes pueden contextualizar sus propuestas dentro del marco presupuestario general. En total, la plataforma recoge hasta el momento 59 propuestas que suman más de 88.000 millones de euros en ahorro potencial.

Una alternativa prometedora

A diferencia del DOGE de Musk o de la agenda de Milei, que han sido aplicadas desde el poder ejecutivo, Auditoría Ciudadana depende enteramente de la implicación de la sociedad civil. Su éxito, por tanto, estará condicionado por la capacidad de movilizar a una masa crítica de ciudadanos dispuestos a participar activamente en la evaluación del gasto público.

Asimismo, el papel del gobierno en la recepción de estas propuestas será crucial. Hasta ahora, organismos como la AIReF han emitido informes y recomendaciones sobre la eficiencia del gasto, pero rara vez han sido vinculantes para la toma de decisiones. Si la plataforma de Varsavsky logra consolidarse como un espacio de referencia y ejercer presión pública sobre las administraciones, podría marcar un antes y un después en la forma en que se fiscaliza el uso del dinero público en España.

Las experiencias de Estados Unidos y Argentina han demostrado que la reducción del gasto público puede generar beneficios económicos, pero también conflictos sociales y resistencias políticas. En España, el reto no solo será determinar si el gasto puede gestionarse de manera más eficiente, sino también si existe la voluntad política y social para hacer de esta auditoría ciudadana una herramienta de transformación real.

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