Bruselas estudia sancionar a España por la discriminación que sufren las azafatas de vuelo
La Comisión Europa podría sancionar al Gobierno por discriminar a las tripulante de cabina con respecto a los pilotos
Un grupo de azafatas de vuelo. | Escuela Aeronáutica de Cataluña
El departamento de Igualdad de Género de la Comisión Europea está estudiando las alegaciones del Gobierno de España a la denuncia presentada por Navas & Cusí, en representación del Sindicato de Tripulantes de Cabina SITPLA, por discriminación por razón de sexo en el acceso a la pensión de los tribulantes de cabina. Esta queja se interpuso en septiembre de 2023 porque las mujeres que se dedican a la tripulación de vuelo, el 80% del total, son discriminadas con respecto a pilotos y mecánicos (mayoritariamente hombres) al no poder acceder a la jubilación anticipada.
Sitcpla denunció la exclusión de los tripulantes aéreos de cabina de pasajeros (TCP), entre los que hay 8.000 mujeres prestando servicio en este país, de la medida contemplada por el Real Decreto de 1986 por el que se aplican reducciones en los años mínimos de cotización para acceder a una pensión completa. Lo considera un agravio comparativo respecto a los demás grupos de profesionales del sector aéreo, tales como pilotos, fotógrafos aéreos o mecánicos de vuelo, que sí pueden acceder a esta reducción de coeficientes.
En diciembre de 2023, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió la petición y la remitió a la Comisión Europea para que «lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto». A finales de 2024 el Gobierno de Pedro Sanchez hizo sus alegaciones, y ahora Bruselas las está estudiando para zanjar el asunto dando por buenas las explicaciones o abriendo un expediente sancionador.
«Diálogo estructurado»
«Técnicamente nos encontramos en lo que se llama diálogo estructurado y esto ocurre porque la Comisión ya observa serios indicios de infracción del derecho comunitario», explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, que añade que «el proceso busca resolver una presunta infracción del derecho europeo de una manera rápida, eficaz y amistosa antes de tener que iniciar un procedimiento sancionador».
En el procedimiento de ‘diálogo estructurado’ la Comisión plantea una serie de preguntas al Estado miembro, que debe de responder en el plazo de 10 semanas; Bruselas tiene otras 10 semanas para evaluar la respuesta y determinar si es satisfactoria. Según la comunicación de la Comisión, las respuestas del Gobierno español llegaron a finales del año pasado por lo que el plazo de 10 semanas terminaría a finales de febrero o principios de marzo.
Futurible infracción
En ese momento -explica el experto- Bruselas puede aceptar las explicaciones dadas por el estado miembro o bien considerarlas insatisfactorias y abrir un procedimiento de infracción al amparo del art. 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE. «Este procedimiento otorga mayor rapidez en la resolución de conflictos, un menor coste administrativo, mayor flexibilidad en la búsqueda de soluciones y una mejor cooperación entre las partes implicadas», señala Navas.
Por su parte, el SITPLA se muestra esperanzado en que el Gobierno atienda los requerimientos de la Comisión y ponga fin a una discriminación que data de 1986. «La igualdad no solo debe proclamarse, sino ejercerse a diario«.
