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Las azafatas de vuelo denuncian a Irene Montero ante la UE por discriminación

Las auxiliares se quejan en Bruselas contra Igualdad porque el 80% de los pilotos son hombres y se jubilan antes

Las azafatas de vuelo denuncian a Irene Montero ante la UE por discriminación

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados. | EP

Las azafatas de vuelo han presentado este martes una queja ante la Comisión Europea contra el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero por «discriminación». Denuncian que cerca del 80% de la tripulación de vuelo son mujeres, y que son discriminadas con respecto a pilotos y mecánicos -mayoritariamente hombres- al no poder acceder a la jubilación anticipada. Esto contravendría los artículos 20, 21 y 23 de la carta de Derechos Fundamentales, y los 2 y 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que consagran el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo.

La queja ha sido presentada por el sindicato independiente de tripulantes de cabina de pasajeros de líneas aéreas (Sitcpla), presentado por el abogado Juan Ignacio Navas, director de Navas & Cusí, y basándose en la directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo, que entiende la discriminación indirecta como «aquella práctica que supone una determinada desventaja a las personas de distinto sexo».

«La directiva 2006/54/CE entiende por discriminación directa aquella práctica que supone una desventaja a las personas de distinto sexo. Es el caso, existe la misma penosidad pero un tratamiento diferenciado entre colectivos mayoritariamentre masculinos y femeninos», explica Navas a THE OBJECTIVE.

Miembros del sindicato de azafatas con representantes de Navas & Cusí, despacho legal especializado en derecho de la Unión Europea.

El colectivo se considera apartado por parte del Ministerio de Igualdad, que blasona de trabajar en pos de la igualdad de género. Sitcpla denuncia la exclusión de los tripulantes aéreos de cabina de pasajeros (TCP), entre los que hay 8.000 mujeres prestando servicio en este país, de la medida contemplada por el Real Decreto de 1986 por el que se aplican reducciones en los años mínimos de cotización para acceder a una pensión completa. Lo considera un agravio comparativo respecto a los demás grupos de profesionales del sector aéreo, tales como pilotos, fotógrafos aéreos o mecánicos de vuelo, que sí que pueden acceder a esta reducción de coeficientes.

La Ley de Navegación Aérea, de 1960, incluyó a los TCP como parte de las tripulaciones de vuelo, pero la tradicional eventualidad de estos puestos dificulta la acumulación de años en una carrera profesional marcada, además, por la penosidad laboral. Sitcpla remarca esta mañana que el Poder Juidicial español «no ha hecho los deberes adecuadamente», y se ha armado con la representación del despacho Navas & Cusí para llevar esta batalla hasta el seno de la Unión Europea.

Se sienten desatendidas

«Las diferencias de presión, los continuos cambios de horario y temperaturas, las lesiones musculo-esqueléticas, las estadísticas sobre vulnerabilidad a determinadas enfermedades de los TCP no pueden ser ignoradas ni un minuto más por la Administración», han expresado los representantes de los trabajadores a través de un comunicado sobre la dificultad de completar carreras largas.

Consciente de que los sucesivos Gobiernos han desatendido esta vieja reivindicación, el sindicato apunta a informes de distintas universidades sobre la vulnerabilidad de la mujer tripulante a padecer enfermedades oncológicas. Y recuerda que en Francia bastan 25 años de cotización para que las azafatas tengan acceso al 100% de la pensión.

En este país se han dado distintas sentencias al respecto, sin doctrina unificada, por lo que el Sitcpla reclama ante las instituciones de la UE que los TCP sean incluidos en el referido Real Decreto de 1986, «tal y como preveía la propia norma». En definitiva, para el sindicato, la legislación de la Unión Europea es «clara y categórica»: cualquier atisbo de discriminación directa o indirecta por razones de sexo debe ser expulsada de los ordenamientos jurídicos de sus estados miembros.

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