Marlaska desmiente a Junts y asegura que el control fronterizo seguirá en manos de Interior

Fernando Grande-Marlaska quitó hierro este lunes a la posible cesión de competencias en materia de inmigración de Cataluña. Y lo hizo hasta el punto de negarla en el caso del control de fronteras y de los flujos migratorios irregulares. Según expuso el titular de Interior, la delegación de funciones que han pactado el PSOE y Junts en la proposición de ley no afectará a las citadas competencias que tiene atribuidas exclusivamente su departamento. «La Policía y la Guardia Civil seguirán realizando las funciones que desarrollan en fronteras una vez se pruebe la ley de delegación de facultades», señaló el ministro en declaraciones a la prensa, en un acto sobre víctimas de terrorismo. 

Una afirmación con la que Grande-Marlaska quiso zanjar la cuestión, después de que algunos dirigentes de Junts, como Miriam Nogueras, defendiesen esta iniciativa como un «cambio de paradigma» y un «salto cualitativo» al asumir los Mossos competencias en el control de fronteras, puertos y aeropuertos, en referencia a migración y trata de seres humanos». Si bien es cierto que habría una «cogestión» entre el cuerpo autonómico y los dos estatales —como ya ocurre en las mismas infraestructuras en el País Vasco—, Marlaska aseguró que la Policía Nacional seguirá siendo la que acuerde «quién entra y quién sale del territorio nacional. Y por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes». 

En este sentido, explicó que la policía catalana actuaría en las fronteras «en el marco de las competencias que finalmente reseñe esa proposición», que aún debe superar el trámite parlamentario, pero en ningún caso sobre los flujos migratorios irregulares. Sobre esto, Interior explica que Mossos se haría cargo de las devoluciones en los casos en que se expulsa a personas «que tienen la prohibición expresa de entrar en España», esto es, sin expediente, pero no sobre aquellas de quienes acceden al país de forma irregular. «Eso es la expulsión y es la Administración General del Estado quien la ejecuta», señaló el ministro, en su primer pronunciamiento público sobre el asunto.

«Avanzar en el autogobierno»

Menos conciso fue el titular de Interior cuando le preguntaron si la causa de la cesión obedecía a cuestiones operativas o meramente políticas, en un contexto de profundo malestar en todas las asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional. Marlaska respondió enmarcando el acuerdo en «ampliar las capacidades de autogobierno» de Cataluña para «ser más eficaces en la prestación del servicio público». «Siempre con cooperación y coordinación y nunca con confusión de competencias», reiteró el ministro. 

Era la primera vez que Grande-Marlaska hacía declaraciones sobre el asunto después de que el pasado martes, justamente el día que se registró la proposición de ley, se cancelase la agenda del ministro por una patología infecciosa. La cesión en materia de fronteras y extranjería ha causado gran malestar entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ven en esta proposición de ley un paso más en «el desmantelamiento progresivo de sus funciones en la comunidad autónoma». También por el hecho de que, en distintas ocasiones, el ministro haya descartado la posibilidad de un pacto como el que ahora exhiben los independentistas catalanes.

Reunión de Feijóo con los sindicatos

Hace un año, Marlaska lo negó. «Todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado, por lo tanto, corresponde a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. No puede haber ningún traslado de competencia en esa materia tan importante como es el control de las fronteras, vuelvo a decir, tanto marítimas, terrestres como aéreas. Ese es un tema, además, de cobertura constitucional». 

La proposición de ley sobre delegación de facultades pretende incorporar a los Mossos d’Esquadra a las actividades policiales en las fronteras ubicadas en la comunidad autónoma, y además hacer copartícipe a la Generalitat de las funciones migratorias como la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); la devolución de aquellos que tengan prohibición de entrada al país y la expedición del NIE. Una serie de labores hasta ahora en manos de la Policía Nacional y que, si sale adelante la norma, deberá asumir la policía autónoma. Los Mossos d’Esquadra, entre tanto, han advertido de la falta de personal que padecen y de la imposibilidad de asumir esas funciones a corto y medio plazo. 

Recurso de anticonstitucionalidad

Este lunes las organizaciones policiales se reunieron con el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, para trasladarle su preocupación por la cesión y buscar vías para frenar la delegación de competencias. Los policías y guardias civiles critican que no puede haber diferentes políticas migratorias dentro de un mismo territorio y que la propuesta que se pretende implantar en Cataluña no solo es un «disparate jurídico», sino que responde a «un interés político que generará desigualdades y conflictos en la gestión migratoria dentro del país». Los sindicatos han advertido que recurrirán a la vía judicial para impedir que se ejecute la cesión. El PP transmitió a los agentes que se baraja interponer en el futuro un recurso de anticonstitucionalidad.

Los informes jurídicos que han elaborado los sindicatos advierten de incumplimientos y vulneraciones de diferentes leyes, destacando la Constitución Española, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Este miércoles los colectivos policiales han convocado una protesta frente al Congreso de los Diputados, al mismo tiempo que el ministro del Interior responde a distintas preguntas de la oposición en la sesión de control.