Una 'youtuber' acusada de delito de odio se va de España por miedo a que le cierren el canal
La abogada Begoña Gerpe se marcha a Andorra y denuncia que «estamos en una dictadura» sin libertad de expresión

Begoña Gerpe.
Begoña Gerpe (La Coruña, 1983), abogada y youtuber con 566.000 seguidores, se fue a vivir este pasado domingo a Andorra por «miedo» a que le cierren el canal de YouTube, la base de su sustento. Esta divulgadora jurídica y política ha decidido exiliarse ante la «persecución» que sufren los creadores de contenido en general, por parte del Gobierno, y ella en particular por parte del colectivo gitano, que le denunció en 2023 por un supuesto delito de discriminación y odio ante la Fiscalía. «Me he ido porque tengo pánico», admite en conversación con THE OBJECTIVE.
«Me voy porque si me condenan ya no podré ir hasta que se me cancelen los antecedentes, y si en ese impás el Gobierno de Sánchez pone en práctica las multas a los influencers que a su juicio generan odio me cierran el canal», explica Gerpe a este medio: «Me voy por miedo. Si me condenan, ya no me puedo ir a otro país a domiciliar mi trabajo. ¿Para qué me voy a quedar? ¿Para que me cierren el canal, me cosan a impuestos y además no me pueda ir?»
En abril de 2023, varias asociaciones gitanas la denunciaron por un vídeo en el que se hacía eco de una violación grupal a una niña de 11 años por parte de cinco romanís. Se titulaba La manada de Badalona de la que Irene no habla, y en él evocaba un suceso que trascendió a los medios de comunicación por su dureza. El hermano de la víctima denunció amenazas de muerte tras denunciar el suceso, y la familia, de origen ghanés, pasó por un duro calvario.
En el vídeo, la abogada penalista relataba su experiencia con gitanos: «Yo conozco a los gitanos porque en mi colegio había muchos. Si te llevas bien con ellos, te van a abrir las puertas de su casa, pero nunca te van a considerar como uno de ellos. Si tienes un problema con un gitano, tienes un problema con todos. (…) Ellos se relacionan entre ellos, tienen sus propias leyes y costumbres y no se integran con nosotros». También aseguró tener «miedo» a entrar en un barrio de gitanos.
Denuncia por «antigitana»
Varias entidades gitanas interpusieron una denuncia a la youtuber por delito de odio, acusando a la letrada de usar «expresiones antigitanas», así como de «fomentar todo tipo de prejuicios y estereotipos» agravados por el «número de seguidores de esta señora y los medios empleados en varias plataformas, donde pueden ser ampliamente divulgados». Gerpe asegura a THE OBJECTIVE que «no estaba hablando mal de los gitanos, sino de cómo se trata una noticia dependiendo de quién sea el autor», y también subraya que «no hay un solo insulto» en los diez minutos de grabación.
Gerpe sufrió una campaña de acoso en redes sociales y llegó a recibir amenazas de muerte. «En ese momento estaba embarazada y casi pierdo al niño», dice. También asegura que se vio con un par de fiscales que, tras ver el vídeo, le aseguraron que «no me preocupara porque se archivaría». No fue así y sigue a la espera de juicio. Cree que «hay órdenes de arriba para que este tipo de asuntos prosperen», en referencia a las denuncias por delitos de odio, en especial contra el colectivo gitano.
«Estamos en una dictadura»
Aunque Begoña Gerpe llegó este pasado domingo a Andorra con su niño, señala que empezó hace meses a prepararse para su exilio. «Empecé con las gestiones cuando vi que mi asunto no solo no se archivaba, sino que iba a peor. A eso se sumó el miedo a que me cerrasen el canal o a que me metieran multas disparatadas», admite. En este sentido, asegura que Gabriel Rufián fue quien, a través de una intervención en el Congreso de los Diputados, le empujó a irse de España. En una alocución del pasado mes de noviembre, el portavoz nacionalista llamó a perseguir al «poder digital» y a poner multas a «youtubers y cryptobros fachas» de hasta 250.000 euros por «cada mentira». «Ese día llamé al asesor y dije ‘sácame de aquí’», cuenta Gerpe.
«La gente que se dedica a esto tiene miedo», asevera esta abogada, que denuncia que el Gobierno «está echando a gente que aporta al Estado»: «Estos últimos meses han sido de acoso y derribo contra las redes sociales y los youtubers». A esta cruzada se suma, denuncia, que en 2023 el Congreso suscribió un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y que 2025 ha sido declarado por el Ejecutivo como Año del Pueblo Gitano. «Buscan una condena ejemplarizante», resume.
Desde Andorra, la abogada y youtuber llama a la acción. «Los que estamos a este lado del muro en el que nos ha colocado Pedro Sánchez hemos utilizado una estrategia que no ha valido de nada, que es la de guardar silencio, ser comedidos y callarnos. Durante dos años he callado para no influir en los jueces, pero ya no creo en la Justicia. La presión social y el miedo deben cambiar de bando: ¿por qué la gente de bien no empieza a movilizarse? Estamos en una dictadura y la gente aún no es consciente».