Forestalia dio un pelotazo de 500 millones gracias a una insólita autorización del Gobierno
La empresa logró luz verde para el mayor parque eólico de España para después revender la licencia
Aerogeneradores en la zona de Teruel. | EP
El gigante de la energía eólica Forestalia, un grupo que se encuentra ahora inmerso en varias investigaciones por corrupción, cerró 2024 con la transferencia de la titularidad de un megaproyecto eólico en Teruel que discurría hasta Castellón. El llamado Clúster del Maestrazgo, un plan para instalar 122 aerogeneradores (la mayor iniciativa a nivel nacional), fue autorizado en julio de 2024 por vía excepcional del Consejo de Ministros, pese a contar con un informe ambiental en contra de la Comunidad Valenciana. Llegaba apadrinado por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, ahora en el foco de las investigaciones. Meses después, la empresa de Fernando Samper vendió aquel proyecto a un fondo de inversión danés por 500 millones de euros.
El negocio eran las licencias, no los parques eólicos. Así explican fuentes del sector a THE OBJECTIVE el escenario que se abrió para Forestalia en el Ministerio de Transición Ecológica. Una lógica empresarial que se basaba en lograr declaraciones de impacto ambiental positivas por parte del Gobierno para la instalación de molinos eólicos en diversos puntos de España (principalmente Aragón) para luego vender esos derechos a otras empresas para que los construyesen.
En esos años, Forestalia se convirtió en una auténtica garantía de que los proyectos saldrían adelante. Incluso en zonas de la Red Natura 2000 o en áreas con especies animales protegidas. Fuentes del sector de las renovables cifran las potenciales ganancias de Forestalia y sus filiales durante esos años en miles de millones. Todo gracias a una sorprendente facilidad para obtener esas licencias ambientales que ahora ha pasado de sorprendente a sospechosa.
Venta por 500 millones
El pasado martes fue detenido Eugenio Domínguez, que durante años ejerció como subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ribera. Era el hombre que tramitaba esos permisos y a quien, presuntamente, Forestalia pagaba con acciones de sus empresas y revalorizaciones mediante inyecciones de capital en esas firmas. Un entramado societario de miles de pequeñas empresas, sin empleados, tras las que a veces había uno o dos molinos eólicos.
Ese proceder, sin embargo, llegaría a su cenit en 2024. El último año de Ribera en su puesto de vicepresidenta con mando en asuntos ecológicos, una de las líneas maestras ideológicas del Gobierno de Pedro Sánchez y también foco de inversiones milmillonarias por parte de los fondos europeos poscovid. Ese año, el megaproyecto del Maestrazgo, el mayor planeado en España, se tambaleó por el informe medioambiental negativo de la Comunidad Valenciana. El Consejo de Ministros acudió al rescate.
Contraviniendo lo dicho por el informe de la Comunidad Valenciana, vinculante, el Gobierno decidió que ese proyecto era lo suficientemente relevante como para salir adelante. Y sobre esta base recibió luz verde. Era julio de 2024. En España, toda instalación que supere los 50 megavatios, como es el caso del proyecto del Maestrazgo, la tramita el ministerio. Algunos gobiernos regionales, muy permisivos con el despliegue de la energía renovable, han dado luz verde a este tipo de planes sin atender con gran rigor al impacto ambiental. Sin embargo, cuando uno se opone, Transición Ecológica debe detenerlo o elevar la cuestión.
El proyecto, que afectaba directamente a Teruel y Castellón, incluía una línea de Muy Alta Tensión (MAT) a Morella, atravesando los términos castellonenses de Portell, Cinctorres y Morella. Pero Forestalia, titular del proyecto al que el Gobierno acababa de dar autorización, estaría poco tiempo en manos de la empresa aragonesa de la familia Samper (cuyo patriarca fue uno de los detenidos esta semana). A finales de ese año, el proyecto pasó a manos del fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).
Tanto CIP como Forestalia ya habían hecho negocios similares anteriormente, pero ninguno del alcance de este. Fuentes de la empresa aragonesa cifran en 500 millones de euros la venta de la licencia pública para un centenar y medio de aerogeneradores de 200 metros de altura en la comarca turolense del Maestrazgo. Un pelotazo que ahora está bajo investigación por parte de la Guardia Civil, que ha solicitado paralizar cualquier avance de las obras ante la sospecha de que la concesión de las licencias por parte del Gobierno central se produjo mediante presuntos sobornos.
El Clúster del Maestrazgo discurre por las provincias de Teruel y Castellón. Forestalia comenzó el proyecto a principios de 2021 con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. La iniciativa incluye 20 parques eólicos con un total de 122 aerogeneradores de más de 200 metros de altura. De ellos, 84 se sitúan en la Red Natura 2000, creada para proteger la biodiversidad en ciertas áreas, y varias decenas dentro de una Zona de Sensibilidad Ambiental Máxima, según la definición de Transición Ecológica.