Forestalia creó una cátedra de renovables para un asesor de Lambán experto en Derecho
Docentes de la Universidad de Zaragoza recriminaron al rector impulsar una formación «incompatible con los valores»

Ilustración de Alejandra Svriz.
La empresa de energías renovables Forestalia, bajo investigación de la Guardia Civil por haber pagado presuntos sobornos a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, impulsó en la Universidad de Zaragoza una cátedra con su nombre. Al frente de ella se puso Julio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo (no de energía) en la institución, asesor jurídico de Forestalia y, hasta poco antes de su nombramiento, secretario general de Presidencia con Javier Lambán entre 2015 y 2021. Ahora se sabe también que tenía un porcentaje de una de las sociedades de Forestalia. La cátedra puso en pie de guerra al profesorado de la Universidad de Zaragoza, que la mantuvo operativa hasta poco después de que la Unidad Central Operativa (UCO) registrase las oficinas de la empresa en el marco de una investigación judicial por corrupción.
Mejorar la competitividad industrial en Aragón a través del diseño y promoción de las energías renovables. Ese era, supuestamente, el objetivo de esta cátedra universitaria creada en julio de 2024 a nombre del gigante aragonés de la eólica, que por aquel entonces aún tenía a sueldo a un destacado asesor de Teresa Ribera en Transición Ecológica para allanar sus proyectos energéticos. El momento es importante: acababa de lograr la declaración de impacto medioambiental positiva para su clúster del Maestrazgo (Teruel), un expediente administrativo que tuvo que desbloquear el Consejo de Ministros y que le iba a generar meses después 500 millones de euros, tal y como ha revelado THE OBJECTIVE.
La presentación de esa cátedra se realizó en la propia Universidad de Zaragoza, y en el acto intervino la vicerrectora Gloria Cuenca. También Julio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo (aunque la cátedra versaba sobre energías renovables) del centro y también asesor jurídico de la firma. Hasta 2021, Tejedor fue el secretario general de Presidencia durante el Gobierno de Javier Lambán, una de sus manos derechas al frente de la administración aragonesa y persona de la máxima confianza del líder socialista, fallecido el pasado 2025.
«La Cátedra Forestalia en Energías Renovables y Competitividad Industrial incluye la promoción de la investigación a través de estudios, publicaciones, tesis doctorales, conferencias internacionales y premios, que versarán sobre la hibridación de instalaciones de renovables, la compatibilidad del desarrollo de energías verdes con la conservación de la biodiversidad o la conservación y mejora del medio ambiente», explicaba la universidad acerca de este proyecto.
«El plan de acción de este año se centra en el diseño y aplicación de instrumentos operativos para el fomento de sistemas de autoconsumo industrial, en línea con los planteamientos impulsados en Aragón para poner en valor localmente la capacidad de generación limpia», anunció Forestalia tras la creación de la cátedra. Precisamente, el objeto de la alianza firmada sólo unas semanas atrás con una gran empresa china y con el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez, que envió a los ministros Jordi Hereu y José Manuel Albares a las jornadas donde se firmó el acuerdo milmillonario.
Docentes contra Forestalia
La iniciativa supuso un cisma entre el profesorado de la Universidad de Zaragoza. Más de medio centenar de docentes e investigadores recriminaron por carta al rector el hecho de que hubiese impulsado esta cátedra «incompatible con los principios y valores de la Universidad». Le pedían al equipo de gobierno que diese marcha atrás.
«Esta noticia nos ha generado una enorme sorpresa e incomodidad. En el ámbito del conocimiento, la investigación y la innovación en energías renovables, la aportación de Forestalia es prácticamente inexistente y, más aún, en el de la protección medioambiental», apuntaban los profesores en su carta.
Además, los profesores ya señalaban la mascarada del presunto tráfico de licencias ambientales con las que Forestalia fue de ‘pelotazo’ en ‘pelotazo’ desde 2018 en adelante: «Forestalia no fabrica, no diseña, no investiga. Es simplemente un intermediario financiero, un desarrollador, cuyo objetivo es revender a empresas y fondos de inversión extranjeros los derechos adquiridos en las subastas del Ministerio de Transición Ecológica», explicaban en su misiva. «Es greenwashing en estado puro, simple retórica para lavar la imagen de una compañía cuya praxis se ha distinguido exactamente por lo contrario», señalan.
La carta describía con duros términos las presuntas actividades que ahora se achacan en forma de delitos a Forestalia: «Una empresa que ha secuestrado el ámbito de decisión político y administrativo en su beneficio, pretenda secuestrar ahora el ámbito académico para dotarse de una imagen de rigor y respetabilidad, no es, en nuestra opinión, admisible».
«’Lobby’ ante el Gobierno de España»
La radiografía de los investigadores y docentes de la Universidad de Zaragoza continuaba apuntando a las relaciones de la firma con el entramado político que ahora va viendo la luz: «Las expectativas de negocio de Forestalia, si las medimos por el volumen de proyectos que ha elaborado y presentado a las administraciones estatal y autonómica en muy pocos años, son espectaculares. Sin embargo, ese despliegue de medios no se ha sustentado en una organización técnica sólida, sino en una estrategia de acercamiento e influencia hacia los ámbitos políticos y sociales en los que se toman las decisiones que interesan a la compañía».
Y apuntaban directamente a su influencia ante el Gobierno de Pedro Sánchez: «El organigrama de Forestalia se ha nutrido básicamente de abogados y administrativos, cuyo papel ha sido ejercer de lobby ante el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, y persuadir a los ayuntamientos y a los propietarios afectados para allanar el camino a sus proyectos. Al mismo tiempo, el descuido en la calidad técnica de los documentos presentados por Forestalia (en particular, los graves déficits de información en los Estudios de Impacto Ambiental) ha sido flagrante».

