El presunto testaferro de Zapatero jura lealtad al expresidente «como hizo Raúl Morodo»
La UDEF también ha localizado nuevos documentos relacionados con otros negocios del empresario en Venezuela
Ilustración de Alejandra Svriz.
El presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez —conocido en su entorno como Julito— ha trasladado a personas cercanas su intención de mantenerse fiel al antiguo líder socialista pese a la investigación judicial que pesa sobre él. Según aseguran fuentes de su entorno a THE OBJECTIVE, el empresario ha jurado lealtad a Zapatero y no está dispuesto a «dejarlo vendido» ante la Justicia. La promesa, sin embargo, llega acompañada de una inquietud que también comparten quienes siguen de cerca la investigación. Julito Martínez asegura no recordar con exactitud qué documentación almacenaba en los ordenadores y dispositivos que fueron intervenidos por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante el registro. Y ese detalle —aparentemente menor— es el que mantiene en vilo al entorno del expresidente.
El motivo es evidente: si entre el material incautado apareciera algún documento que vinculara directamente a Zapatero con los negocios investigados, el escenario judicial podría complicarse considerablemente para el exjefe del Ejecutivo. Por el momento, las pesquisas se centran en el papel que pudo desempeñar Martínez como intermediario en operaciones vinculadas a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas y a distintos negocios en Venezuela.
Entre la documentación intervenida por los investigadores sí figura ya un documento especialmente sensible. Se trata de un contrato por el cual la aerolínea con capital venezolano garantizaba a Julito Martínez una comisión del 1% sobre el dinero obtenido del rescate aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ese rescate, autorizado en plena pandemia a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ascendió a 53 millones de euros. Según la documentación hallada por la Policía en el ordenador de Julito y adelantada por El Mundo, el acuerdo contemplaba una remuneración para el empresario que podría alcanzar varios cientos de miles de euros.
Hasta ahora, el propietario de la compañía, Julio Martínez Sola, había sostenido públicamente que los pagos efectuados a Julito respondían exclusivamente a labores de intermediación ante autoridades venezolanas. Sin embargo, el contrato incautado por los investigadores introduce un elemento que cuestiona esa versión. Según los datos recopilados en la investigación, Julio Martínez llegó a percibir alrededor de 460.000 euros procedentes de Plus Ultra. Una cifra prácticamente idéntica a la que, según distintas fuentes consultadas, abonó posteriormente al propio Zapatero bajo el concepto de «consultorías globales».
Negocios en Venezuela
El registro practicado por la UDEF también ha permitido localizar documentos relacionados con otros negocios del empresario en Venezuela, según ha podido saber en exclusiva THE OBJECTIVE. Las pesquisas apuntan a que la relación entre Zapatero y Julio Martínez no se limitó a una amistad personal, sino que derivó con el paso del tiempo en una estrecha colaboración en el ámbito empresarial. Según adelantó este periódico en informaciones anteriores, el empresario alicantino comenzó a viajar de forma regular al país caribeño poco después de conocer al expresidente socialista. Antes de ese momento no consta que hubiera realizado desplazamientos a ese destino.
Fue tras el final del mandato de Zapatero en diciembre de 2011 cuando la agenda internacional de Martínez cambió radicalmente. A partir de entonces, inició una intensa actividad de viajes a Venezuela con el objetivo de cerrar operaciones empresariales en un país donde el exlíder socialista mantenía una interlocución privilegiada con el poder político. Diversas fuentes empresariales y policiales sitúan en torno a 2012 el momento en que Julito estableció contacto con la entonces dirigente venezolana Delcy Rodríguez, en una etapa en la que el presidente Hugo Chávez se encontraba gravemente enfermo. Un año después, tras el fallecimiento de Chávez, el poder en Venezuela pasó a manos de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez fue consolidándose como una de las figuras más influyentes del nuevo régimen.
Según distintas fuentes consultadas por este periódico, la relación entre Julito Martínez y Delcy Rodríguez fue estrechándose progresivamente bajo el paraguas político de Zapatero. Con el paso de los años, el empresario habría logrado construir una notable influencia en determinados ámbitos de la administración venezolana. Los investigadores sostienen que la relación entre ambos llegó a ser particularmente fluida. De hecho, el presunto testaferro del expresidente español habría compartido en varias ocasiones vuelos internacionales junto a la dirigente venezolana en su avión oficial.
Fuentes de la investigación señalan que durante los años en los que Delcy Rodríguez ejercía como número dos del régimen de Maduro, la relación con Julito Martínez era «extraordinariamente cercana». Esa proximidad le habría permitido acceder a determinados círculos empresariales y políticos del país hispanoamericano. La sintonía entre ambos coincidió además con el incremento de la presencia internacional de Zapatero en Venezuela como mediador político en distintos procesos de diálogo entre el chavismo y la oposición.
La referencia a Morodo
En medio de este escenario judicial, Julito Martínez ha hecho llegar un mensaje de tranquilidad al entorno de Zapatero: no piensa colaborar con la Justicia en términos que puedan perjudicar al expresidente. El empresario ha transmitido que mantendrá su lealtad «como hizo Raúl Morodo». Se trata de una referencia directa al caso que afectó al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo durante el Gobierno de Zapatero.
Morodo fue investigado por haber percibido, junto a su hijo Alejo Morodo, 4,5 millones de euros en comisiones de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Durante años, en determinados ámbitos políticos y policiales, se llegó a sospechar con que el exembajador podría haber actuado como intermediario en operaciones que beneficiaban indirectamente al entorno del expresidente del Gobierno. Sin embargo, Morodo optó finalmente por no señalar a terceros y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que permitió cerrar el caso mediante una condena reducida. El exembajador aceptó una pena de diez meses de prisión, mientras que su hijo fue condenado a dos años y, por tanto, ninguno de los dos tuvo que ingresar en prisión.