Defensa desconoce si se utilizó amianto en el último submarino S-70 que aún está operativo

El Ministerio de Defensa desconoce si se utilizó amianto en los submarinos de las clases S-60 y S-70 que se construyeron o adquirieron antes de la entrada en vigor de la normativa que prohibía su uso. El anuncio es relevante porque uno de ellos, el S-71 Galerna, aún permanece operativo dentro de la Armada española.

El departamento que dirige Margarita Robles admite en una respuesta a través del Portal de Transparencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que la utilización de materiales con amianto fue «una práctica común en la construcción naval hasta la década de los ochenta, en línea con lo que ocurría en otros países de nuestro entorno».

Los submarinos españoles de la clase S-70, derivados de la clase francesa Agosta, se construyeron en los astilleros de Bazán ubicados en Cartagena —en la actualidad, de Navantia— entre finales de los años setenta y mediados de los ochenta. De allí salieron el mencionado S-71 Galerna junto al S-72 Siroco, el S-73 Mistral y el S-74 Tramontana. Solo el primero sigue activo en este momento. La Armada ya cuenta con el primer sumergible de la clase S-80 —concretamente el S-81 Isaac Peral— y espera recibir otros tres gemelos de aquí a finales de esta década.

Defensa consultó a los arsenales sobre la presencia de amianto en submarinos y buques, pero desconoce si se utilizó amianto en alguno de los sumergibles. «No hay constancia en nuestros archivos del tipo de material de aislamiento utilizado en concreto en los submarinos de las clases S-60 y S-70, construidos o adquiridos antes de la entrada en vigor de la normativa que prohibía su uso» a mediados de los ochenta.

«Desde la entrada en vigor de la normativa que prohíbe su uso, se han desarrollado y ejecutado planes de identificación y eliminación progresiva de elementos con amianto en todos los buques en servicio», añade en su respuesta el segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Gonzalo Sanz.

Una de las preguntas era si Defensa podía facilitar documentación técnica sobre el uso, eliminación y presencia de amianto en buques y submarinos, pero el número dos de la Armada señala que «no se dispone de documentación técnica interna que no sea clasificada o sujeta a confidencialidad industrial» y que, en caso de solicitar expresamente alguno de estos informes, «se valorará su cesión» en base a la ley de Transparencia de 2013, donde se establecen límites al derecho de acceso a la información pública, cuando hay un perjuicio para intereses superiores como la seguridad nacional.

En cuanto a los protocolos o evaluaciones de riesgo por exposición al amianto que tiene el Ministerio de Defensa, en la respuesta se detallan los protocolos específicos de prevención y control de riesgos laborales relacionados con la exposición a agentes cancerígenos, incluido el amianto, tal y como exige la normativa interna de Sanidad militar. Dichos protocolos especifican los procedimientos para la identificación y aislamiento de materiales con amianto, junto con las medidas de actuación en desmontaje o reparación y «las evaluaciones de riesgo ocupacional en instalaciones navales y buques». Además, se han realizado campañas de formación y vigilancia de la salud «en colectivos potencialmente expuestos».

A lo largo de las últimas décadas, la Inspección General de Sanidad y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) han llevado a cabo estudios epidemiológicos y de seguimiento médico a personal retirado o en activo que estuvo destinado en unidades «susceptibles de contener amianto». Estos estudios han sido utilizados para establecer protocolos de vigilancia médica y, en su caso, reconocimiento de enfermedades profesionales, pero Defensa subraya que no es posible facilitar su contenido.

Catas en 80 edificios de Defensa

El ministerio que dirige Robles aprobó hace un año la actuación más compleja llevada a cabo en su sede principal del Paseo de la Castellana y en otros 79 edificios dependientes de su Subsecretaría para saber si hay presencia de amianto en dichas instalaciones. En total, se han recabado un mínimo de 1.882 catas para la búsqueda y eventual retirada de este elemento cancerígeno. Defensa adjudicó un contrato de 279.001,7 euros (IVA incluido) a la empresa catalana Bureau Veritas Inspección y Testing por un «servicio de asistencia técnica para el análisis y determinación de presencia de amianto en los edificios dependientes de la Subsecretaría de Defensa», según se detalló en una licitación subida al Portal de Transparencia a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE.

El primer edificio de la lista es el propio Ministerio de Defensa, que fue construido en 1960 y tiene una superficie de 59.256 metros cuadrados. Allí se realizaron un total de 74 catas para determinar si existe amianto susceptible de ser retirado. Sin embargo, el edificio ministerial no será el más analizado, ya que en el hospital Gómez Ulla y sus bloques adyacentes se recogieron 94 muestras. Los trabajos de extracción se han prolongado durante ocho meses desde el 10 de febrero del pasado año, según las condiciones del contrato.

La mayor parte de los edificios a vigilar fueron construidos entre las décadas de los cuarenta y los setenta, si bien también se ha revisado la iglesia-catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid, que data de 1671, y los edificios en la capital que albergan las reales órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, erigidos en 1899. Por contra, en el anexo se incluyen igualmente edificaciones más modernas como la subdelegación de Defensa en Ciudad Real —de 2010— y el principal centro de farmacia militar, ubicado en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, que se creó en 2015.

El trabajo de inspección de amianto en los 80 edificios de Defensa empezó con una «revisión documental y planificación» de cada uno de ellos, seguido de una «inspección inicial del edificio» sobre la existencia «de materiales sospechosos de contener amianto» y de un «plan de inventario y muestreo». Por último, se realizó un reportaje fotográfico para incorporar imágenes al informe «de cada grupo de muestras homogéneas».

Con los datos obtenidos se elaborará un informe escrito con resultados de los análisis, junto con «una valoración del riesgo potencial asociado a cada material con contenido en amianto que incluirá un detalle de conclusiones». El desamiantado o encapsulación de este material nocivo vendría en una actuación posterior, se especifica en los pliegos del contrato. Precisamente, este trabajo de localización de restos de amianto en edificios de Defensa se produjo después de que el departamento de Robles reconociese hace tres años un total de 77 fallecimientos en acto de servicio que han tenido como causa la exposición a este material aislante, según reveló en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press en enero de 2023.

El ministerio reconoció que el amianto fue «muy utilizado» en sus instalaciones hasta su prohibición en comercialización desde 2002, si bien Defensa garantizó que estaba «en constante vigilancia de las condiciones de trabajo de su personal» y por ello, llevaba a cabo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la ley en todas ellas. En aquel momento, no detalló el número de unidades militares en las que se ha detectado su existencia, como pedía el diputado Jon Iñarritu (Bildu), aunque trascendió que ya había procedido a su localización o retirada en distintas bases, como la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). La última de las actuaciones para eliminar este material nocivo fue en mayo del año pasado en la zona de la gasolinera.

Doce retiradas de amianto en 2024

En octubre de 2022, las principales asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas (AUME, ATME y UMT) pidieron explicaciones al Ministerio de Defensa sobre el hallazgo de amianto en dicha base aérea y exigieron que elaborase un listado de las instalaciones militares contaminadas por este material.

«Los militares no pueden poner en riesgo su salud trabajando, sin saberlo, en instalaciones contaminadas por este material», denunció ATME en un comunicado después de que el diario El Mundo asegurase que una empresa privada estaba llevando a cabo tareas de limpieza de amianto en dicho lugar estratégico para el Ejército del Aire. En el Portal de Transparencia aparece una docena de trabajos de retirada de este material en instalaciones militares a lo largo de 2024.