Los militares podrán jubilarse cinco años antes si se les considera profesión de riesgo

La petición de considerar la carrera militar como profesión de riesgo por parte del Ministerio de Defensa lleva años siendo «reivindicada» por las diversas asociaciones militares, como la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Estas asociaciones la reivindican como «necesaria», ya que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como policías locales y autonómicos, sí lo están.

Según recoge Ciudadanos de Uniforme —canal anónimo que suma 27.840 seguidores y suele difundir mensajes, también anónimos, sobre supuestas irregularidades en sus unidades y cuarteles—, esta nueva situación «revolucionará» las FFAA, ya que esto podría suponer la jubilación anticipada de los militares. Esto se debe a que los profesionales considerados de riesgo pueden jubilarse antes que el resto de ciudadanos, según recoge la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

Esta nueva condición reduce el «miedo al drama de los 45 años», edad con la que los soldados son expulsados del ejército, recibiendo automáticamente la condición de reservista de especial disponibilidad (RED) y obteniendo una «paga» de unos 600 euros aproximadamente. El citado canal asegura que la catalogación como profesión de riesgo permitiría reducir de 65 años a 60 la edad de jubilación. El canal de Telegram explica que, «según un coeficiente de reducción de 0,20 por año, un soldado que es expulsado con 25 años de servicio ganará, del tirón, cinco años para adelantar su jubilación». Esto, añadido a que la ley «exige certificar 15 años en la actividad de riesgo», todos los reservistas «cumplen de sobra con el requisito», ya que a un (RED) se «le exigen 18 años de servicio».

Aun así, la ATME «cree» que, aunque esta nueva propuesta suponga un «leve avance», «el ministerio no solo deja en evidencia la marginación a las asociaciones profesionales, sino que además devalúa una vez más el propio Consejo de Personal». Asegurando que las asociaciones son «convocadas únicamente para recibir decisiones ya tomadas y no para participar en un verdadero proceso de interlocución».

Ambas asociaciones «afirman» que esto es «un primer paso», advirtiendo de que «el procedimiento será largo, donde deberá superar diversas fases y, en última instancia, requerirá la aprobación de las Cortes Generales, por lo que difícilmente culminará antes de las próximas elecciones generales».