La corrupción, el fraude y la mala gestión se comen al menos el 8% de la inversión pública

La corrupción, el fraude y la mala gestión afectan de forma directa al uso del dinero público y reducen la eficacia de las políticas económicas. El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026 de la OCDE estima que estas prácticas pueden suponer pérdidas de al menos el 8% de la inversión pública. En algunos casos, las pérdidas pueden alcanzar hasta el 25% del gasto asociado a proyectos.

El análisis de la OCDE, que abarca más de 60 economías del mundo, confirma que el fenómeno es transversal y persistente. La corrupción no solo genera pérdidas directas, sino que distorsiona las políticas públicas, frena la inversión, reduce la competencia y aumenta los costes de la actividad económica. Según el informe de la OCDE, analizado por THE OBJECTIVE, estos efectos se traducen en menor crecimiento, menor innovación y entornos menos previsibles para empresas e inversores.

Uno de los elementos centrales del informe es la brecha entre normas y práctica. Aunque los países han reforzado sus marcos legales en los últimos años, la aplicación real sigue por detrás. La distancia media entre regulación y ejecución alcanza los 19 puntos porcentuales, lo que sitúa el problema en la capacidad de hacer funcionar los sistemas más que en su diseño.

Informe de OCDE

Esa brecha se refleja en datos concretos. Solo uno de cada cuatro países miembros de la OCDE hace un seguimiento efectivo de sus estrategias anticorrupción. Además, menos de la mitad utiliza indicadores para medir resultados, lo que limita la capacidad de detectar fallos y corregirlos. Sin un análisis continuo, las reformas se quedan en un segundo plano y no producen cambios reales en la gestión pública.

El informe identifica también los ámbitos en los que los riesgos son mayores. La contratación pública aparece como uno de los principales focos de vulnerabilidad, debido al volumen de recursos que moviliza, la complejidad de los procesos y la interacción constante entre administraciones y empresas. La limitada competencia en determinados procesos y la complejidad de los procedimientos incrementan la exposición a irregularidades.

A esto se suma la debilidad en la gestión de los conflictos de intereses. Aunque la mayoría de los países cuenta con normas, la supervisión sigue siendo muy limitada. En muchos casos no se controla de forma efectiva si los cargos públicos declaran sus intereses o si existen incompatibilidades, lo que reduce la capacidad del sistema para prevenir decisiones influenciadas por intereses privados.

Corrupción, fraude y mala gestión

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) amplía además el foco más allá de la corrupción en sentido estricto. El fraude y la mala gestión forman parte del mismo problema y generan un impacto acumulado relevante. Estimaciones internacionales sitúan en torno al 5% de los ingresos anuales las pérdidas por fraude en organizaciones.

Mientras tanto, la digitalización de los procesos administrativos, el aumento del volumen de datos y la complejidad de las operaciones públicas han abierto nuevas vías para irregularidades. Aunque estas herramientas permiten mejorar la detección, su uso sigue siendo limitado y desigual entre países, lo que reduce su impacto en la práctica.

El informe advierte también del papel creciente del crimen organizado, que utiliza la corrupción como herramienta para acceder a recursos públicos. Estas redes operan en ámbitos como la contratación, las subvenciones o la concesión de licencias, y su impacto económico ya alcanza en torno al 5% del PIB mundial, según coinciden distintas estimaciones internacionales. Esta dimensión añade presión a los sistemas de control y obliga a reforzar la coordinación entre administraciones.

Falta de coordinación

Por otra parte, la fragmentación entre organismos, la ausencia de intercambio de información y la falta de estrategias comunes reducen la eficacia de los controles. Esto genera espacios en los que las irregularidades pueden pasar inadvertidas y dificulta la respuesta rápida ante comportamientos indebidos.

La OCDE plantea, ante este escenario, un cambio de enfoque. Señala que los países con mejores resultados están dejando atrás modelos centrados en normas y cumplimiento formal para avanzar hacia sistemas basados en el análisis de riesgos, el uso de datos y la anticipación de problemas.

El deterioro de la integridad pública tiene además consecuencias directas en la confianza institucional. El informe señala que el número de ciudadanos que desconfía de sus gobiernos supera al de quienes confían en ellos. Menos de uno de cada tres considera probable que un Ejecutivo rechace presiones de empresas si van en contra del interés público, lo que refleja una percepción creciente de debilidad en los controles.

Exceso de normativa

Los países han avanzado en la aprobación de leyes y en el diseño de sistemas de integridad, pero siguen teniendo dificultades para trasladarlos a la práctica. La pérdida de recursos públicos, que puede alcanzar hasta una cuarta parte de la inversión, responde a fallos en la ejecución, en la supervisión y en la capacidad operativa de las administraciones.

El informe de la OCDE deja patente que, sin aplicación efectiva, sin control real y sin uso eficiente de los datos, las leyes no son suficientes para frenar la corrupción, el fraude y la mala gestión de los cargos y funcionarios. Mientras tanto, estas prácticas generan sobrecostes con impacto directo en el bienestar de los ciudadanos.