Cantabria concentra el 42% de los detenidos por pesca ilegal durante la última década
Desde 2015 hasta 2024, España acumula 332 arrestos por delitos contra la fauna, con el foco principal en el norte del país
Ilustración creada con IA.
Cantabria concentra el 42% de los detenidos por delitos contra la fauna en España durante la última década, según una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, y que recoge datos del Ministerio del Interior. En total, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido o investigado en todo el país a 332 personas entre 2015 y 2024 por vulnerar los artículos 334, 335 y 336 del Código Penal, relativos a la protección de especies y al uso de métodos prohibidos de pesca. Del total, 141 casos se registraron en la comunidad cántabra.
A una gran distancia se sitúan Huelva, con 47 casos, y Málaga, con 33. A las ciudades andaluzas les siguen Asturias, con 20 detenidos, y Ciudad Real, que concentra 14 casos, todos ellos a lo largo del ejercicio de 2019. En un segundo nivel están Valencia (diez), Almería y Tarragona (nueve cada una), mientras que otras provincias presentan cifras más reducidas: Las Palmas y Zaragoza (seis), Granada, Huesca, Lérida, Murcia y Sevilla (4 cada una), Cádiz y Baleares (3), Castellón (2) y Cáceres (1). En Alicante no se registran casos en toda la década.
La distribución evidencia un mapa muy desigual, con focos concretos y gran parte del territorio con incidencia baja o puntual. Los datos de Cantabria se reparten a lo largo de toda la década, con una treintena de detenciones al año de promedio, si bien los picos se dieron en 2016 (42) , en los años 2019 y 2020, con 44 casos en ambos ejercicios, y en 2022 (43). El desglose por nacionalidad de los detenidos muestra un claro predominio de ciudadanos españoles frente a extranjeros.
En abril de 2016, la Guardia Civil llevó a cabo la Operación Sargazos, con la que desarticuló una red de pesca furtiva de angulas y detuvo a 40 personas principalmente en zonas de Noja y Loredo. Se incautaron grandes cantidades de angulas y material de pesca ilegal. Fue la mayor intervenciones registrada hasta el momento contra el furtivismo en la región. En septiembre de 2025, las autoridades intervinieron más de 50 nasas y redes en Santoña y Laredo.
Las actuaciones corresponden a infracciones relacionadas con la captura de especies protegidas, el uso de métodos prohibidos y otras prácticas que afectan al medio natural. Estos delitos pueden conllevar penas de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio de la actividad.