El PSOE pide suspender el juicio de la Kitchen para imputar a Cospedal
El abogado del exministro Fernández Díaz ha solicitado la «nulidad parcial» del auto de apertura de juicio oral
La ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
La primera sesión del juicio por la denominada ‘Operación Kitchen’ en la Audiencia Nacional ha comenzado con un planteamiento de calado por parte de las acusaciones. El PSOE, que ejerce la acusación popular en este procedimiento sobre el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, ha solicitado formalmente al tribunal la suspensión del inicio de la vista oral. La pretensión de los socialistas es que las actuaciones retrocedan para volver a investigar formalmente a la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro. Ambos acudían inicialmente a este juicio únicamente en calidad de testigos.
La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, ha fundamentado su petición durante el turno de las cuestiones previas que abren el proceso judicial. La letrada ha reclamado la anulación del auto de apertura del juicio oral a través de lo que jurídicamente se conoce como la «retracción de las actuaciones». Esto supondría reabrir la línea de investigación que el juzgado central de instrucción decidió sobreseer en su momento respecto a la exdirigente y su cónyuge. Cabe recordar que tanto Cospedal como López del Hierro fueron imputados en el año 2021 por el juez instructor Manuel García Castellón, quien posteriormente acordó el archivo de la causa para ellos al no encontrar indicios suficientes para sentarlos en el banquillo de los acusados.
La representación del PSOE ha defendido ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la absoluta necesidad de profundizar en lo que ha denominado la «conexión política» de la supuesta trama. En su argumentación para justificar la reapertura de la instrucción y justificar la suspensión de la vista, la abogada ha pedido la incorporación como pruebas de tres archivos de audio hallados recientemente por la Policía Judicial. Según ha relatado ante el tribunal, estos audios contendrían llamadas telefónicas directas entre la exdirigente popular y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien figura como uno de los principales acusados en este juicio.
De Pascual ha llegado a sostener ante el tribunal que María Dolores de Cospedal «fue informada directamente por el entonces presidente del Gobierno», Mariano Rajoy, del «éxito de la operación de destrucción de pruebas» que presuntamente se estaba ejecutando a través de fondos reservados y efectivos policiales. Por último, la letrada socialista ha reclamado al tribunal que se acuerde llamar al Partido Popular como partícipe a título lucrativo en la causa, argumentando que la formación política fue la beneficiaria directa de la actividad delictiva objeto de este juicio, o bien que se le traiga al proceso como responsable civil subsidiario.
La defensa de Fernández Díaz pide la nulidad
Por su parte, las defensas de los acusados también han planteado peticiones de nulidad que buscan desactivar el juicio. El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, Jesús Mandri, ha solicitado la «nulidad parcial» del auto de apertura de juicio oral alegando graves defectos procesales y estructurales en la causa. El letrado ha señalado en primer lugar que «no hay ningún indicio» de que el asalto al domicilio de Luis Bárcenas en 2013 estuviera «directamente relacionado con la ‘Operación Kitchen’», y ha reclamado formalmente que este hecho concreto se investigue y enjuicie por separado. De manera paralela, ha pedido que la Audiencia Nacional se declare incompetente para el enjuiciamiento de los hechos al observar «una falta absoluta de conexidad» entre los hechos de la pieza principal (el llamado ‘caso Tándem’) y los de la pieza separada número 7 que conforma la ‘Kitchen’.
Para sostener su argumento, Mandri ha explicado que mientras la macrocausa ‘Tándem’ se centra en la investigación de una presunta red de corrupción en torno al señor Villarejo —quien valiéndose de su condición de policía en activo ofrecía servicios de inteligencia a clientes privados a cambio de un precio—, la ‘Kitchen’ abarcaría un presunto operativo parapolicial orquestado supuestamente desde el propio Ministerio del Interior para sustraer documentación comprometedora para dirigentes del PP. «Ya nos dirán las acusaciones cuál es la conexidad o similitud de estos hechos. Absolutamente ninguna. El único denominador común que hay es que el señor Villarejo ha estado y está investigado y acusado en ambos procedimientos judiciales. Absolutamente nada más», ha enfatizado el abogado.
Finalmente, el defensor de Fernández Díaz ha denunciado una grave «vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías» de su representado. Esta vulneración se habría producido, según su criterio, por la «injustificada adopción y prolongación del secreto en esta causa», el cual se mantuvo vigente durante dos años y seis meses. El letrado ha solicitado la nulidad de todos los autos y diligencias practicadas bajo dicha situación de secreto, alegando que se realizaron investigaciones a espaldas de las defensas. En consecuencia, ha argumentado que el exministro prestó declaración en su día bajo la creencia de que el proceso era transparente y que tenía acceso a toda la información, cuando la realidad procesal era otra. «Cuando se alza el secreto nos encontramos con todos los elementos que le incriminan al tiempo que se acuerda su imputación», ha recriminado Mandri, denunciando la indefensión sufrida al no poder intervenir ni solicitar diligencias de descargo durante ese largo periodo de tiempo.