Polémica en Defensa por una licitación de 250 millones que ha sido adjudicada por la mitad
La empresa DSV presenta un recurso contra la adjudicación ganada por la UTE formada por BeSS Group y Kuehne Nagel
Producción de vehículos Vamtac en las instalaciones de Urovesa. | Flickr M.Defensa
El nuevo acuerdo marco para los servicios de operador logístico en el ámbito del Ministerio de Defensa, un cuantioso contrato millonario para los dos próximos años dividido en cuatro lotes, ha sido resuelto por el departamento de Margarita Robles con polémica, según fuentes militares consultadas por THE OBJECTIVE.
El primero de estos lotes, relativo al servicio de transporte logístico internacional, era el más importante y tenía un valor estimado de 252,6 millones de euros en el momento de subirse la licitación a la Plataforma de Contratación del Sector Público en mayo de 2025. Finalmente, la adjudicación ha recaído en la UTE formada por BeSS Group y Kuehne Nagel por un total de 113,2 millones, menos de la mitad previsto inicialmente, pero el segundo licitador en liza, Servicios Logísticos Integrados —perteneciente a la sueca DSV— ha decidido pleitear la decisión del Ministerio de Defensa con la presentación este jueves de un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda que tendrá ahora cuatro meses para dirimir esta disputa contractual.
El transporte logístico internacional es un área muy sensible para las Fuerzas Armadas. Tanto Defensa como los ejércitos han recurrido en el pasado a la adjudicataria para el envío de material bélico a las misiones en el exterior o a países como Ucrania con las donaciones que España ha entregado a este país desde la invasión rusa hace cinco años.
El valor estimado de este contrato con los cuatro lotes ascendía a un total de 372,3 millones de euros y ha tardado casi un año en resolverse. El importe final de las adjudicaciones se quedó en 166,8 millones y ha sido la mencionada licitación del servicio de transporte logístico internacional la que ha acaparado el 67% de todo el paquete, con los citados 113,2 millones.
A este lote se presentaron cuatro ofertas económicas y la de BeSS Group y DSV se consideraron «anormalmente bajas» en un primer momento, lo que obligó a la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa a elaborar un informe al respecto ante «la presunción de temeridad» a la baja que había en las cifras cuando se abrieron los sobres. La situación en el primero de los lotes se repetía en el segundo y tercero, con la citada UTE presente en cada «presunción de anormalidad».
«Respecto a los lotes I y II, en virtud del desglose de la oferta presentada por parte de la licitadora y habida cuenta de que los descuentos ofertados por las licitadoras mejor puntuadas no presentan diferencias significativas entre sí, se puede concluir que la oferta resulta viable y adecuada en relación con las condiciones del mercado», determinó el departamento de Margarita Robles en diciembre sobre el caso de BeSS Group, cuya oferta fue un 90,5% inferior a lo previsto inicialmente en la licitación.
En cuanto a la oferta de DSV, la empresa adjudicataria del contrato vigente, se analizaron las «proyecciones de pérdidas y ganancias» en base a lo siguiente: desde la estructura operativa y los proveedores preferentes a los costes directos del servicio, los costes indirectos imputables, el rendimiento histórico contrastado, un análisis evolutivo del período 2022-2024 y la justificación de sostenibilidad «con descuento del 86%».
La Junta de Contratación fijó que cualquier oferta superior a un descuento del 78,39% sobre el valor estimado de 252,6 millones de euros era potencialmente anómala, pero el departamento de Robles perdonó a las dos empresas que habían sobrepasado ese umbral frente a las propuestas más conservadoras de Noatum y Scan Global Logistics.
La conclusión de Defensa con DSV fue idéntica a la de BeSS Group: «En virtud del desglose de la oferta presentada por parte de la licitadora y habida cuenta de que los descuentos ofertados por las licitadoras mejor puntuadas no presentan diferencias significativas entre sí, se puede concluir que la oferta resulta viable y adecuada en relación con las condiciones del mercado».
Así las cosas, la propuesta final de la Junta de Contratación fue decantarse por la oferta más económica —la de la UTE formada por BeSS Group y Kuehne Nagel— frente a la presentada por la actual adjudicataria, la citada DSV, cuyo contrato vigente se encuentra prorrogado hasta el próximo mes de agosto, según las citadas fuentes, por lo que la decisión salomónica que fije el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales prácticamente coincidirá con el final del actual convenio.
El pliego de condiciones para aspirar a este contrato cuenta con unos estándares muy exigentes al tratarse de material militar. La contratista, por ejemplo, deberá contar «con un servicio de atención telefónica y seguimiento de los envíos durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana», así como una póliza de seguros «con cobertura adecuada para todas las mercancías transportadas».
Además, la empresa contratista será responsable de recibir «adecuadamente el material entregado, almacenándolo temporalmente si fuera preciso» y tomará las medidas necesarias «para protegerlo contra su manipulación por parte de personal no autorizado, hurto, robo, daño, deterioro o cualquier otra circunstancia que cause pérdida de la cualidad benéfica del bien bajo su custodia». Y si es preciso, deberá «redistribuir la carga y prepararla para el transporte mediante su reempaquetado, refuerzo del embalaje, reetiquetado, paletizado, contenerizado, adecuándola de esta manera al medio de transporte del que se trate, asumiendo los gastos que le ocasione».
Un accidentado envío a Ucrania
A finales de 2024, por ejemplo, una tempestad entre los mares del Norte y el Báltico provocó un enorme dolor de cabeza al Ministerio de Defensa. El envío de vehículos blindados Vamtac a Ucrania sufrió un retraso de varias semanas en su entrega, después de que varios de ellos quedasen «inoperativos» por culpa de los destrozos ocasionados durante la travesía desde territorio español a un puerto de Polonia.
El departamento de Margarita Robles eligió un buque de navegación español para este traslado por mar, como viene siendo habitual para los envíos a Ucrania desde el inicio de la invasión de Rusia, pero la carga militar se estibó mal y los vehículos blindados no estaban bien anclados cuando la mar se picó. El resultado de ese fallo dejó varias roturas de faros y retrovisores, ruedas reventadas y golpes en la estructura de los Vamtac que obligaron a arreglos de chapa antes de la donación al Ejército ucraniano.
Defensa exigió a la naviera que corriera con todos los gastos de reparación, por lo que el seguro de la empresa privada tuvo que enviar un perito a Polonia para evaluar los daños ocasionados por el mar revuelto. Todo ello demoró la entrega militar a Ucrania durante varias semanas y provocó que el entonces jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), el teniente general Fernando Miguel García y García de las Hijas, viajase en persona al puerto en el que se descargó el material dañado.