Gibraltar saca los colores a España al perseguir la venta de combustible a las narcolanchas
La Fiscalía General del Estado solicita que se endurezcan las penas del ‘petaqueo’ como ya se ha hecho en el Peñón
Servicio Marítimo de la Guardia Civil en aguas de Ceuta. | Antonio Semperes (Europa Press)
El narcotráfico cuenta con una gran cantidad de actores implicados en la ejecución del delito. Desde los conductores de las narcolanchas hasta los chivatos, encargados de avisar sobre la posible presencia de la Policía Nacional o la Guardia Civil en las costas. Toda la cuadrilla comparte el objetivo de sortear todo obstáculo que se interponga a lo largo de la travesía. Un elemento clave para el funcionamiento de las operaciones es la figura del «petaquero».
El «petaqueo» consiste en almacenar y transportar gasolina para el posterior suministro de las embarcaciones de alta velocidad. Indiscutiblemente, esta práctica forma parte de la cadena de engranajes que conforman el narcotráfico. Sin embargo, la Policía asegura que resulta complejo determinar que la gasolina que almacenan estas embarcaciones está destinada a las narcolanchas.
En este sentido, la denuncia que recae sobre estas personas en España puede quedar tan solo en una sanción administrativa. Las reducidas consecuencias que acarrea el «petaqueo» provocan que se haya convertido en una práctica atractiva incluso para los más jóvenes, que en ocasiones lo ven como el inicio de las andadas en el mundo del narcotráfico.
La Fiscalía Antidroga se ha pronunciado con respecto a la pasividad con la que el Ministerio de Justicia y el Congreso de los Diputados ha reaccionado ante la propuesta de perseguir y reforzar las penas contra esta función.
«Dicha actividad presenta severas dificultades en su persecución, tanto por la complejidad de acreditar en el proceso penal la vinculación de esos transportes o almacenamientos con el narcotráfico, como por los problemas que se generan a la hora de incardinar tales conductas en algún otro tipo delictivo existente en nuestro ordenamiento jurídico-penal vigente», explica la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Gibraltar como prototipo
El Peñón ha sido capaz de identificar el problema de fondo y atacarlo de raíz. La modificación en septiembre de 2021 de la Ley del Petróleo evidencia una lucha contra el «petaqueo» a través de unas consecuencias notables. Según la modificación sobre la conocida como «Petroleum Act», las multas se incrementan considerablemente y las penas de prisión van desde los 10 años a la pena de prisión permanente en caso de que se haya producido una muerte o lesiones graves.
«La nueva legislación gibraltareña ha provocado además el aumento de la actividad en zona española»
Fiscalía General del Estado
Según explica la Memoria de la Fiscalía, el incremento de presión sobre el «petaqueo» en Gibraltar genera un derivación de este tipo de prácticas sobre nuestro país: «La nueva legislación gibraltareña ha provocado además el aumento de la actividad en zona española, ya que los «petaqueros» evitan almacenar y transportar de forma que puedan ser detenidos en Gibraltar».
El Ministerio Público reconoce que aunque el almacenamiento y transporte de combustible está claramente dirigido al narcotráfico, en la práctica se dificulta o imposibilita la prueba de esa cooperación. Si existen datos que permitan vincular la compra de gasolina con una organización delictiva es posible procesar la acusación. Sin embargo, según reconoce la Fiscalía, «los casos más habituales no se pueden relacionar con operaciones concretas de tráfico o con organizaciones determinadas».
La insuficiencia de la regulación española
Asociaciones y sindicatos han mostrado apoyo a las reclamaciones que el Ministerio Público ha expresado anteriormente y que en los últimos días han tomado fuerza. Las autoridades piden que la revisión administrativa debería ir acompañada de una modificación del Código Penal para sancionar las conductas más graves.
Gran parte de las multas no son cobradas porque las personas que participan en ello son consideradas «insolventes»
Según ha podido conocer THE OBJECTIVE, las sanciones administrativas en España impactan levemente sobre el narcotráfico. Por lo general, al no poder identificar la relación de estas personas con la actividad criminal, es difícil incluir tipos penales sobre los «petaqueros». Además, gran parte de las multas impuestas no son cobradas porque las personas que participan en ello son consideradas «insolventes».
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado a Fernando Grande-Marlaska en reiteradas ocasiones multiplicar los esfuerzos por desmantelar el narcotráfico a nivel logístico, poniendo el foco en cada pieza de una estructura bien organizada y jerarquizada. Una de ellas es el «petaqueo».
La Fiscalía Especial Antidroga refleja que la provincia de Cádiz es la región en 2022 donde más droga se incauta. Supone un 50% del hachís y un 78% de la cocaína total intervenida en Andalucía. Aunque las estadísticas muestran una reducción de cantidades de hachís intervenidas con respecto a 2021, la Fiscalía lo atribuye a una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo OCON Sur, el cual se produjo «sorpresivamente y sin comunicación previa alguna ni a la Fiscalía de Andalucía».
Los «petaqueros» no solo sirven para el repostaje de las gomas sino que también proporcionan todo aquello que las narcolanchas puedan necesitar dependiendo de las condiciones en las que actúan. Ante la complejidad de la imputación delictiva, la Fiscalía sugiere catalogar la gasolina como «sustancia inflamable».
De esta forma, el Código Penal a través de su artículo 568 podría castigar a aquellas personas vinculadas con la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes. También apunta a la sanción específica del almacenamiento o transporte de gasolina que supere una cantidad determinada y fuera de las personas autorizadas previamente.
El Ministerio Público considera que llevar a cabo estas modificaciones sería un duro golpe contra una de las bases del narcotráfico que se ceba con la provincia de Cádiz y que dejó la trágica noticia del asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
