Andalucía toma medidas contra la proliferación de viviendas ilegales en la costa gaditana
Los ecologistas consideran acertadas las propuestas de demolición mientras que el Ayuntamiento las rechaza
Faro de Trafalgar, Barbate (Cádiz) | Kike Calvo (Zuma Press)
La Junta de Andalucía se niega a mantenerse al margen de la situación caótica que se está viviendo en la playa gaditana de El Palmar. Más de 2.400 viviendas irregulares e ilegales sin ningún tipo de control se sitúan cercanas a la costa. Tras años de descontrol, la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio está tomando decisiones contundentes para tratar de revertir el panorama.
La zona es atípica con respecto a la mayoría de zonas turísticas costeras. La playa de El Palmar no cuenta con hoteles o grandes mercados. Tampoco de servicios básicos como agua o alcantarillado en ciertas zonas. Pero eso parece no importar a la demanda de turistas que deciden invertir sus vacaciones en esta peculiar ubicación.
Año tras año, se han levantado cientos de viviendas sin ningún tipo de temor a represalias por parte de las instituciones. Pero desde 2019, la situación ha cambiado y ahora parece mostrar sus primeros frutos. La Junta de Andalucía ha ampliado sus esfuerzos en la inspección e imposición de sanciones a los propietarios que deciden construir sobre zonas protegidas. En última instancia, se ha elaborado una orden de demolición que ha generado tanto apoyo como rechazo.
El mes pasado, algunos propietarios de viviendas prefabricadas en una parcela de 6.000 metros cuadrados decidieron demoler sus propios inmuebles en el último momento. Los dueños apuraron al máximo el aviso y derribaron sus construcciones para evitar que lo hiciera la Junta, ya que en ese caso se verían obligados a pagar la factura de los gastos pertinentes.
Según señalan fuentes de la Junta de Andalucía a THE OBJECTIVE, la presión que se está ejerciendo sobre la zona empieza a dar sus resultados. Si antes de 2019 no se contemplaban avances significativos, ahora se han reducido de forma drástica las nuevas edificaciones e incluso los propietarios deciden derruir sus construcciones para esquivar nuevas sanciones.
Activistas a favor de las medidas
La firme posición adoptada por la Junta de Andalucía ha sido apoyada por grupos de activistas como Ecologistas en Acción. Desde la confederación aplauden la imposición sobre el derribo de estas viviendas ilegales y no contemplan la regularización de las mismas como una forma de solventar la coyuntura.
La postura de Ecologistas en Acción y la Junta de Andalucía contrasta con el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, el cual ha mostrado su descontento con las demoliciones impuestas por la Junta de Andalucía. Sin embargo, la Junta ha hecho hincapié en que los derribos se han avisado tras numerosas advertencias, actas de inspección, precintos y sanciones a las cuales no han atendido los propietarios en cuestión.
Aunque el ayuntamiento y el vecindario sugieren apostar por la regularización de las viviendas, la Junta de Andalucía y Ecologistas en Acción interpretan que esa no es la forma de detener una tendencia que no para de crecer.
La lupa en un lugar peculiar
La Consejería de Fomento y Articulación del Territorio entiende que no debe detener su acción sobre este tipo de viviendas que están copando el litoral gaditano, pero insiste en que sus acciones deben estar coordinadas con los poderes municipales.
La Junta solo puede aplicar la demolición en el caso de las viviendas ilegales, no sobre las irregulares. La diferencia entre ambas reside en el tiempo de su emplazamiento. Las construcciones ilegales con más de seis años pasan a convertirse en irregulares.
Mientras parece que ha habido un efecto de reacción sobre las viviendas ilegales, poco puede hacer la Administración autonómica para contrarrestar los efectos de las irregulares. Los activistas han advertido en reiteradas ocasiones los efectos adversos que generan este tipo de construcciones a lo largo del tiempo como su impacto en los acuíferos.
Las competencias para atacar a los inmuebles en situación de irregularidad no se hacen efectivos sin la participación activa del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, el cual debería elaborar un plan especial para provocar una respuesta en la zona. Sin embargo, el gobierno local de Vejer, encabezado por el socialista Antonio González, ha mostrado su continuo rechazo a la política aplicada por la Junta, por lo que se contempla improbable una respuesta armonizada al fenómeno en El Palmar.
Según la Junta de Andalucía, estas edificaciones sobre las que se ha impuesto la demolición tienen como fin la explotación turística irregular sin ningún tipo de garantías, lo que justifica aún más la batalla en el litoral gaditano. La Consejería de Fomento y Articulación del Territorio se ha reafirmado en sus políticas entendiendo que no hay otra forma de actuar contra ello si no es con entereza, actitud diferente a la de los anteriores gobiernos socialistas cuya actuación fue inocua en la zona.
