La Junta presenta sus alegaciones en la UE por la protección del lobo
Castilla y León pide en su informe una flexibilización y gestión autonómica
Ejemplar de lobo en Europa | WWF
La Comisión Europea ha mantenido abierta una consulta para evaluar la situación del lobo y los grandes carnívoros en la Unión Europea con el objetivo de recabar datos sobre la población de lobos en Europa y su coexistencia con las actividades humanas. Con todos los informes remitidos por los países miembros afectados, la Comisión abordará cambios en el estatus de protección del lobo.
En este sentido, según hemos conocido en THE OBJECTIVE, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha enviado las alegaciones a la presidenta de la UE, Ursula Von der Leyen, para promover una flexibilización del status de protección. La Junta demanda que en la Comunidad, al norte y al sur del río Duero, el lobo sea gestionado por el Ejecutivo regional quien determinará las medidas de conservación de la especie y equilibrio en su colisión con la ganadería extensiva.
Recordamos que a principios de septiembre la presidenta Von der Leyen aseguraba en un comunicado que «la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos». Estas declaraciones dieron pie a la diferencia de posturas entre el Gobierno Central y organizaciones de defensa de la naturaleza, en un bando, y el Gobierno regional y organizaciones agrícolas y ganaderas, en el otro.
En este contexto, el Gobierno regional ha criticado en numerosas ocasiones al Gobierno central por afirmar que el estado de conservación del lobo es desfavorable cuando «la población de lobos no ha dejado de incrementarse en nuestro país», asegura. Para realizar este informe la Junta ha contado con las organizaciones y colegios profesionales agrarios y busca mitigar el conflicto en aumento con el sector ganadero por el incremento de daños a la ganadería extensiva.
Las regiones del norte del río Duero, con Castilla y León a la cabeza, junto con una región de Grecia, fueron las únicas a las que la Directiva Hábitats en 1992 atribuyó un régimen jurídico más flexible en la protección del lobo que en el resto de Europa.
Las excepciones existentes en la normativa comunitaria chocan en este caso con la Orden Ministerial de inclusión del lobo en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) y con la Estrategia de Conservación del Lobo aprobadas respectivamente en los años 2021 y 2022.
El lobo ¿Aliado de nuestros ecosistemas o verdugo de la ganadería?
La alianza de organizaciónes agrarias y ganaderas UPA-COAG, solicitan la derogación de esa norma y «consensuar una estrategia nacional de compatibilización de las poblaciones de lobo y el mantenimiento y desarrollo de la ganadería extensiva, que es una pieza fundamental tanto para la pervivencia de las zonas rurales».
En concreto, el ganado afectado, según datos de la consejería, aumentó un 19 por ciento en 2022 llegando a las 5.086 reses abatidas, con incrementos preocupantes como el de Palencia, Burgos o Soria, que acumulan un 30 por ciento.
Por su parte, organizaciones ecologistas como WWF (World Wildlife Fund) subrayan la importancia ecológica de la protección del lobo en Europa para «la regulación de otras especies, devoran rápidamente los cadáveres de los animales que encuentran en el campo, evitando el contagio de enfermedades. Eliminan los ciervos y jabalíes enfermos de tuberculosis, enfermedad que cada año infecta a miles de vacas», destacan entre otras funciones.
La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, ASCEL, señala que «Hay problemas locales y puntuales por manejos indebidos de ganadería que, además, suelen ser objeto de hipérboles mediáticas. Lo que sí es conflictivo, a la par que fraudulento, son los sistemas de verificación tan deficientes o inexistentes que permiten el continuo cobro de ayudas, a priori y a posterior, a pesar del incumplimiento de la obligada condicionalidad legal».
Habrá que esperar a que la UE se pronuncie al respecto una vez consultadas todas las alegaciones presentadas.
