Unos 200 tractores de Castilla y León se unen a la protesta del campo en Madrid
El cumplimiento de la Agenda 2030 divide a las Cortes mientras el PP acusa al PSOE de tratar de imponer «políticas ecologistas radicales»
Tractores procedentes de Castilla y León a su llegada a Madrid como parte de la tractorada | UCCL
Las protestas del campo continúan y Castilla y León es una de las comunidades de donde han partido gran parte de los tractores que han protestado hoy frente a la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid, unos 200 según datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Una tractorada convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y que ha secundado la Unión de Campesinos de Castilla y León, además de otras muchas organizaciones agrarias y la Plataforma 6-F, que agrupa a agricultores independientes. Ya lo avisaron hace semanas, a pesar de los intentos del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por llegar a acuerdos y llamar a la calma en la reunión celebrada con los principales sindicatos el pasado jueves.
Mientras algunas de las principales organizaciones agrarias hablaban de avances a propuestas como la retirada de la obligatoriedad del Cuaderno Digital, o el mantenimiento del precio del gasóleo profesional, la UCCL califica como «simples medidas cosméticas»las proposiciones anunciadas por el ministro Planas.
En este sentido, el coordinador de Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha calificado la tractorada como «todo un éxito» y ha pedido al Gobierno central sentarse con las organizaciones a hablar punto por punto de todas sus reivindicaciones.
Con la vista puesta en el próximo Consejo de Ministros comunitarios del ramo que tendrá lugar el próximo 26 de febrero, las exigencias del sector siguen siendo las mismas: protestar contra los altos costes de producción, los requisitos y burocracia de la nueva Política Agraria Común (PAC), los condicionantes medioambientales de la Agenda 2030 y la desigualdad de exigencias a la importación de productos con respecto a los europeos.
División en las Cortes ante la crisis del campo
La tensión que se vive en el sector de la agricultura y la ganadería de Castilla y León se ha trasladado a las Cortes donde hoy se votaba una Proposición No de Ley (PNL) a proposición del Grupo socialista para instar a la Junta a cumplir los objetivos de la Agenda 2030.
El procurador socialista José Luis Vázquez ha presentado la iniciativa que supone ha asegurado «apoyar a la ganadería, a la agricultura y hacer que el desarrollo rural sea una realidad y que sea sostenible».
PP y Vox han rechazado la propuesta aunque por motivos diferentes. Mientras Vox ha reafirmado su oposición a la Agenda 20230, los populares han condenado la «manipulación» por parte del Gobierno para imponer «políticas ecologistas radicales».
El procurador popular, Javier Carpio Guijarro ha señalado que si el Gobierno de la nación hubiera destinado los 15.000 millones de euros «para pactar con separatistas independentistas» al sector de la agricultura y de la ganadería «otro gallo hubiera cantado».
Unas declaraciones que han formado parte de la argumentación de otra PNL presentada por su grupo en defensa de un campo con vida que ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila. Mientras PSOE y Francisco Igea se han abstenido y Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, ha votado en contra.
Por su parte, el portavoz de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha criticado la cantidad de «temas inconexos» de la PNL del PP al que ha acusado de ser «copartícipe» en la elaboración de ciertas normas europeas que han aportado muchas rigideces al sector.
El más crítico ha sido Pablo Fernández que ha recordado tanto a PP como a Vox que votan «día sí y día también» en el Parlamento Europeo a favor de los tratados de libre comercio que están permitiendo que lleguen a Europa «productos que están realizados en condiciones laborales infrahumanas y que no tienen las garantías medioambientales que tienen los de la Unión Europea».
La PNL que sí ha sido aprobada de forma mayoritaria es la que aboga por revisar la Ley de la cadena alimentaria para garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica. Incluye revisar el plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados y reformar el PERTE agroalimentario.
