El expresidente Vicente Herrera declara como testigo por el caso 'La Perla Negra'
Herrera niega cualquier implicación en la trama de corrupción por la compra del edificio con un sobrecoste de 23 millones
El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, en el momento de entrar en la Audiencia de Valladolid para testificar en el juicio de `La Perla Negra´. | Europa Press
El que fuera presidente de la Junta de Castilla y León durante dieciocho años, Juan Vicente Herrera, ha testificado hoy en el caso `La Perla Negra´ que juzga posibles irregularidades en la compra del edificio conocido con el mismo nombre en Valladolid. Una supuesta trama de corrupción por la que se sientan en el banquillo doce encausados, entre ellos ex altos cargos de la Junta y empresarios, según ha podido conocer THE OBJECTIVE.
La Fiscalía pide penas que oscilan entre once y cuatro años de prisión, por las irregularidades en la operación de compra por parte de la Junta de Castilla y León que supuso un sobrecoste de unos 20 millones de euros.
En su declaración de poco más de veinte minutos, en calidad de testigo, Herrera ha indicado el arrendamiento primero y la posterior compra del edificio «no fue una decisión política» y ha negado que él mediara entre las consejerías de Economía y Hacienda para que sus máximos responsables trataran de encauzar el proyecto de la mejor forma posible.
Herrera achaca los «posibles errores» que se cometieran a la decisión de prescindir para la operación del Consejo de Administración de la ya inexistente empresa pública de gestión urbanística Gesturcal que evaluó en principio la operación de compraventa del inmueble.
En su declaración en la Audiencia de Valladolid, Herrera ha centrado su intervención en el encuentro que mantuvo en septiembre de 2008 con el vocal de Gesturcal, Pablo Trillo, en el que éste le trasladó su inquietud por el alquiler o compra del edificio y por el «elevadísimo» precio en ambos casos.
El expresidente de Castilla y León asegura que «es en ese momento cuando tomo conciencia de un asunto» y «mi respuesta es que me voy a informar». El exdirigente explica que lo hizo de la mano de quien era consejero de Economía y presidente de Gesturcal, el ya fallecido Tomás Villanueva. La idea de reunir en un único edificio todos los servicios de apoyo a las empresas era, según el exmandatario del PP una iniciativa «con sentido y coherente» que se habia decidido con la unanimidad del Consejo de Administración de Gesturcal.
Herrera asiste a petición del entonces viceconsejero de Economía y después secretario general de la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado, uno de los principales inculpados. La Fiscalía pide para él once años de cárcel.
Desde que comenzara el juicio la semana pasada ha testificado también, entre otros, la que fuera consejera de Hacienda en 2003, Pilar del Olmo, quien ha sostenido que desconocía por completo la operación de compra del edificio más conocido como ‘La Perla Negra’. Del Olmo asegura que delegó las gestiones en la Consejería de Economía y Empleo, dirigida por el mencionado Tomás Villanueva.
11 años de instrucción y 23 millones de sobrecoste
El juicio por el caso Perla Negra comenzó la semana pasada, tras 11 años de instrucción de unos hechos que tuvieron lugar entre los años 2005 y 2011. El proceso judicial pretende aclarar si hubo corrupción y las responsabilidades por parte del Gobierno de Castilla y León y las empresas implicadas. La causa también comprende la adquisición de terrenos para un polígono industrial en Portillo, proyecto que nunca se llegó a ejecutar.
Hasta que el caso quede listo para sentencia pasarán por la Audiencia otros altos cargos de la Junta en aquella época como los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández. Además de Juan Carlos Sacristán, el exconsejero delegado de Gesturcal. Además de los responsables de varias mercantiles implicadas en la causa que conllevó, según la Fiscalía, un fraude de más de 23 millones de euros en la compra de un edificio que costó más de 60,5 millones de euros.
Las peticiones de cárcel son de 83 años por petición de la Fiscalía y 221 que pide el PSOE, personado en la causa como acusación popular.
