La semana negra del nacionalismo: acoso y vandalismo para imponer el catalán

La frustración que ha comportado que el procés independentista no culminara en una república catalana ha radicalizado a distintos sectores del movimiento. Se trata de una parte minoritaria, pero muy ruidosa, y que en tan solo una semana ha demostrado su incivismo contra alumnos menores de edad, estudiantes universitarios y partidos políticos como el PSC por instar a «cumplir la sentencias» que obligan a dar un 25% de horas lectivas de castellano en las aulas públicas de Cataluña.

El hecho de que el Gobierno de la Generalitat se haya puesto de perfil a la hora de condenar algunas de estas agresiones, como la perpetrada por independentistas radicales contra el colectivo universitario S’ha Acabat, ha encendido las alarmas del constitucionalismo civil catalán, que apela directamente al Gobierno de Pedro Sánchez para ver protegidos sus derechos lingüísticos y de libertad de expresión.

En este sentido, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican cómo en una semana se han producido tres actuaciones graves: contra la vivienda del rector de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Francisco Javier Lafuente, contra el niño de cinco años de Canet cuya familia pidió el 25% de clases en castellano y contra dos sedes del PSC.

Este 8 de diciembre el grupo ‘Acció per la independencia’ manchó con pintura la casa del rector del centro universitario  y en las paredes se podía leer que era un «colaboracionista» con el «españolismo» y «fascista». El mismo colectivo independentista publicó un comunicado en el que acusaba a Lafuente de haber permitido el acto de S’ha Acabat el pasado 25 de noviembre y en el que reclama la autoría del señalamiento.

Posteriormente, se ha iniciado una campaña de odio en las redes sociales contra la familia del niño de cinco años de Canet de Mar que pidió el 25% de clases en castellano. Si el acoso ha procedido en su gran mayoría de usuarios que no son del municipio, también es cierto que en algunos chats de Whatsapp de padres de la escuela se pidió «hacer el vacío» a esta familia y reconocidos independentistas, como el gastrónomo Jaume Fàbrega, instó a «apedrear» la vivienda de esta familia.

Todo este hostigamiento ha motivado que los padres del niño de cinco años hayan hecho un llamamiento a la Justicia para obligar a la Generalitat a «preservar la identidad y la intimidad del menor». Y es que el Ejecutivo catalán ha cerrado filas con el centro escolar y el resto de padres. Aunque han rechazado cualquier acto de violencia, el propio consejero del ramo, Josep González Cambray, ha alentado protestas y manifestaciones en contra de esta decisión judicial que afecta a la escuela Turó del Drac, en Canet de Mar.

Quien también ha sufrido estos actos de vandalismo es el PSC. Dos de las sedes del partido de Salvador Illa, la de Terrassa y Berga, han amanecido con pintadas en las que se les acusa de españolistas y de ser «hijos de puta» por su posición favorable a «flexibilizar» el modelo de inmersión lingüística. Aunque desde el nacionalismo y sus altavoces mediáticos se ha querido relativizar estos actos violentos, lo cierto es que se han producido en una sola semana y no se han quedado únicamente en la esfera virtual de las redes sociales.

Cumplir con la sentencia

El Govern y las entidades de referencia del independentismo, la ANC y Òmnium Cultural, apoyan una gran manifestación para el próximo 18 de diciembre en Barcelona en defensa del modelo de inmersión lingüística. No obstante, y pese a los amagos de desobediencia realizados tras la sentencia del Tribunal Supremo por parte del consejero de Educación, todo apunta a que tendrán poco margen para no cumplir con la legalidad.

En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que investigaría el caso de acoso a la familia de Canet de Mar por pedir un 25% de clases en lengua castellana. También la titular de Justicia, Pilar Llop, se ha pronunciado en este sentido después de que entidades como Societat Civil Catalana solicitaran públicamente su implicación.

Más allá de la concentración en Barcelona, el independentismo más radical de la CUP y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha hecho un llamamiento para protestar este viernes ante las puertas del colegio en Canet de Mar. Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), quien asesora a la familia del niño de cinco años en este municipio, ha pedido que no se use su caso para convocar manifestaciones de ningún tipo y ha solicitado al Departamento de Interior que impida la protesta de los independentistas radicales.

La ofensiva que el nacionalismo ha lanzado para que el catalán sea el único idioma vehicular en el ámbito público se ha acentuado desde la salida de los políticos independentistas de la cárcel. Después del indulto otorgado por el Gobierno, el catalán ha pasado a ser el principal factor de «agravio» y sirve para compactar el bloque independentista. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo catalán -el Síndic de Greuges- elaboró una encuesta dirigida a alumnos de primaria para conocer el uso del catalán que hacen en las distintas asignaturas. La petición de implantar una cuota de esta lengua autóctona en las plataformas streaming es parte de la misma batalla. Sin embargo, mientras algunas peticiones son legítimas, una parte del independentismo ha optado por otras vías que tensionan a la sociedad y que puede obligar a las instituciones a intervenir.