Las entidades a favor del bilingüismo se unen para animar a más padres a pedir el 25% de castellano
Las 12 entidades, como la Asemblea por una Escuela Bilingüe o Societat Civil Catalana, critican la inacción del Gobierno de Sánchez con el tema lingüístico
Las 12 entidades cívicas a favor del bilingüismo | TO
La sociedad civil catalana ha tomado la delantera en la cuestión de garantizar el castellano en las aulas. Tras las resoluciones de la justicia que instan a aplicar un 25% de clases de castellano, las entidades a favor del bilingüismo no quieren perder la ocasión para «convertir Canet en un punto de inflexión», explican a instancias de THE OBJECTIVE sus organizadores.
Este jueves en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, un total de 12 entidades cívicas, entre ellas, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Profesores por el bilingüismo, CLAC o la plataforma de estudiantes S’ha Acabat han celebrado una rueda de prensa para presentar su campaña ‘Escuela de Todos- Escola de tothom’.
Las entidades convocantes se han articulado para hacer efectiva la sentencia del TSJC que obliga a garantizar que todos los centros educativos catalanes impartan un mínimo de 25% de horas en castellano y catalán. Y advierten que «ante la anunciada desobediencia de la Generalitat» y la «inacción del Gobierno de España«, solo los ciudadanos pueden «conseguir el fin de la inmersión».
La presidenta de la AEB, Ana Losada, ha afirmado que quieren «defender los derechos lingüísticos de todos» ante las informaciones interesadas que acusan a estas entidades de querer eliminar el catalán de las aulas. Nada más lejos de la realidad: instan a la convivencia entre ambas lenguas que debería haber en una sociedad bilingüe como la catalana.
Ola de denuncias
Los organizadores del evento han informado sobre cómo en los últimos días se han producido decenas de peticiones de padres que quieren que sus hijos puedan estudiar también en castellano. Y es que las entidades ofrecen ayuda jurídica para llevarlo a los tribunales y muchas de estas peticiones ya están en procedimientos judiciales. Asimismo, no esconden que el caso de Canet ha motivado que mucha gente se haya decidido a dar el paso cuando antes se veían más intimidados en hacerlo.
En este sentido, han instado al Gobierno de Pedro Sánchez de ejercer un papel «más activo» a la hora de instar a la Ejecutivo catalán de ejecutar las sentencias. Además, cuando la providencia del Tribunal Supremo proviene de una denuncia de la Abogacía del Estado durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy. Este hecho hace que la resolución tenga carácter general y no se limite solo en aquellos centros donde hay una denuncia de una familia concreta.
Como informó THE OBJECTIVE, el Gobierno no ha querido intervenir en el caso de Canet porque tiene el compromiso de ERC y del conseller de Educació, Josep González Cambray, de aplicar todas las sentencias que obligan a aplicar un 25% de castellano. En este sentido, desde el Ministerio de Educación han optado por la cautela a la espera de que el Supremo comunique al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la obligación de aplicar el 25% de castellano y con la total certeza de que el Govern no desobedecerá.
«Voluntad presunta»
La campaña que han iniciado estas entidades civiles es importante porque cada vez hay más estudios que demuestran que no habría un consenso tan generalizado en la sociedad catalana en torno a la inmersión. Como también informó este medio, la Generalitat implementa por defecto su modelo monolingüe que obliga al ciudadano de a pie a significarse a ir en contra e iniciar un largo proceso administrativo y judicial para lograr su objetivo. Se basa en la «voluntad presunta» de considerar que la mayoría de familias quieren el status quo cuando tampoco se les pregunta directamente si preferirían otro modelo más plural.
De hecho, el esfuerzo personal que representa para muchas familias emprender acciones legales ha hecho en el pasado que muchas desistieran. En el caso de Castelldefels, por ejemplo, del casi centenar de familias que iniciaron la petición ante la Generalitat para una educación bilingüe, la mayoría desistieron cuando se debía ir a los tribunales. Solo terminaron unas 30 desistimiento, como Dafne, la madre de esta localidad que no se plegó ante el ayuntamiento ni la escuela y sufrió una moción de rechazo del consistorio.
Por esta razón, la campaña de estas entidades va en la dirección de animar a más padres a solicitar educación en castellano con el fin de que se abra el debate sobre el modelo lingüístico defendido por la Generalitat y poder garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos castellanohablantes.
