ERC deja sola a Borràs y exige «acabar con los privilegios» de los funcionarios del Parlament

La vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergès, y el secretario cuarto de la Mesa, Ruben Wagensberg, ambos miembros de ERC en el órgano rector de la Cámara catalana, han pedido a la Mesa buscar un nuevo acuerdo y «poner fin al régimen de licencia de edad y acabar con privilegios» de los funcionarios de la institución que cobran sin trabajar.

En un comunicado este martes, los dirigentes de ERC se han desmarcado de Borràs, que anunció que ya se estaba corrigiendo la «anomalía» al pasar de cinco a tres años sin trabajar el pago de la integridad de la nómina de los funcionarios que deciden no trabajar ante de su jubilación, y han subrayado la necesidad de buscar un acuerdo «que sea justo y viable en relación al régimen de los trabajadores de la Cámara», por lo que piden que se revierta el acuerdo del 21 de diciembre.

Este acuerdo, que rebajó de cinco a tres años el plazo en que los funcionarios con más de 15 años de servicio pueden cobrar un sueldo sin trabajar antes de jubilarse, «no significa un cambio sustancial en lo que respecta a la licencia de edad, algo que ERC no comparte», ha sostenido la formación.

De este modo, los republicanos ha retirado su apoyo a este acuerdo «después de las informaciones publicadas, de tener conocimiento de la situación, del contexto y de haber podido analizarlo» y han pedido la máxima transparencia al Parlament para acabar con este régimen y «los privilegios» con los que, según el partido, cuentan estos trabajadores.

Nueve meses de bloqueo

Como informó THE OBJECTIVE, la dirección de estudios parlamentarios bloqueó durante nueves meses la solicitud de datos realizada por el diario Ara a la comisión de garantías del derecho de acceso a la información con el fin de bloquear la investigación periodística. Tras salir publicado, Borràs optó por anunciar que ya se estaba corrigiendo dicha «anomalía» con la que se encontró al llegar al cargo, ya que los privilegios de estos funcionarios, que obliga al Parlament a desembolsar 1,7 millones de euros anuales, se inició con Ernest Benach, de ERC, como presidente de la Cámara catalana en 2008.

La dimisión de tres miembros de la Comisión de garantía del derecho de acceso a la información ha destapado la pugna interna en la institución con el fin de controlar la información que se ofrece a los ciudadanos y medios de comunicación que presentan una solicitud en dicho órgano.

Uno de los responsables de esta comisión que presentó su dimisión es Antoni Bayona, exletrado mayor de la cámara. Según el texto registrado ante la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el letrado presentó su dimisión el 23 de diciembre. En conversación con este medio afirma que los «bloqueos» sufridos en el ejercicio de su labor en esta materia vinculada a la transparencia de la Cámara autonómica fueron determinantes en su decisión. Borràs, sin embargo, afirmó este lunes que la dimisión había sido propuesta por ella, pero el documento del 23 de diciembre confirma que fue por iniciativa propia -al menos en el caso de Bayona- mucho antes de que explotara la polémica en los medios.