El letrado del Parlament que ha dimitido de Transparencia: «De comparsa no quiero estar»

La dimisión de tres miembros de la Comisión de garantía del derecho de acceso a la información del Parlament catalán ha destapado una pugna interna con el fin de controlar la información que se ofrece a los ciudadanos y medios de comunicación que presentan una solicitud en dicho órgano. Uno de los responsables de esta comisión que presentó su dimisión es Antoni Bayona, exletrado mayor de la cámara. Según el texto registrado ante la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el letrado presentó su dimisión el 23 de diciembre, antes de que explotara la polémica. En conversación con este medio afirma que los «bloqueos» sufridos en el ejercicio de su labor en esta materia vinculada a la transparencia de la Cámara autonómica fueron determinantes en su decisión.

Este lunes y debido a la exclusiva publicada por el diario Ara de que el Parlament paga 1,7 millones de euros anuales en concepto de salarios íntegros a funcionarios que deciden no trabajar en base al régimen conocido «por licencia de edad», la presidenta del Parlament, Laura Borràs, salió al paso de esta información asegurando que se estaba corrigiendo la «anomalía» y «pidió a los tres miembros» su dimisión de la comisión de acceso a la información con el fin de renovar el órgano. No obstante, y tal y como afirma Bayona en conversación con este medio, fue él quien presentó su dimisión: «Hubo presiones, y de comparsa no quiero estar», afirma.

Posteriormente, otros dos miembros del órgano, la letrada Anna Casals y la jefa del área de archivo gestión documental, Blanca Martínez, han tomado la misma decisión. Bayona explica que en todo momento tuvieron «el apoyo de Laura Borràs» y apunta a que fueron «otras personas implicadas» quienes obstaculizaron su labor en esta comisión. En el texto de su dimisión sostiene que «en su opinión el órgano de garantía del derecho de acceso a la información no está en condiciones de garantizar el adecuado cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el órgano sobre reclamaciones presentadas por ciudadanos que ejercen el derecho de acceso a información ante el Parlament». «O estoy en un órgano serio o no quiero estar», añade ahora ante su decisión de dar un paso al lado.

«Bloqueo» de nueve meses

La petición del rotativo catalán se inició en abril de 2020, pero hasta nueve meses más tarde no han logrado tener la información solicitada y después de presentar dos reclamaciones conforme no estaban satisfechos con los datos recibidos. Las fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE afirman que hubo un «bloqueo interno» en el trámite: «El 4 de enero se volvió a enviar la información que nos solicitó Nuria Orriols [la periodista]. Estudiamos el caso, para ver que no hubiera conflicto con la protección de datos personales, y se aceptó la reclamación a principios de agosto».

Aunque la presidenta del Parlament, Laura Borràs, como máxima responsable de la Cámara y quien vela por todas las comisiones, en una entrevista en TV3 haya justificado los retrasos por los tiempos inherentes de la «administración», lo cierto es que se dio «un periodo legal de dos meses» -añaden las fuentes consultadas- para que intervinieran terceros y posibles afectados que estaban en este régimen de «licencia por edad». Por esta razón, niegan que la demora de nueve meses se deba a los tempos habituales de la institución, y menos cuando no hubo recurso de ninguno de los afectados.

A este respecto, Bayona afirma que la resolución firme de la comisión de acceso a la información debía «ejecutarla el órgano de dirección de estudios parlamentarios»: «El problema se ha originado después de que nuestras resoluciones no se hayan gestionado correctamente». La dirección de estudios parlamentarios tiene una coordinadora ejecutiva, Rosa Felicitat Escrihuela, que es quien atiende y responde las peticiones de acceso a la información. También hubo tensiones con la secretaria general de la Cámara, Ester Andreu.

El pasado octubre, el rotativo catalán presentó su segunda reclamación por considerar que no se le habían facilitado los datos solicitados. «En este momento se produjeron una serie de presiones que hace que el tema se paralice un mes hasta que la presidenta [Borràs] toma la decisión de desbloquear y cree que el órgano de garantías de información debe volver a revisarlo», abunda el letrado. «Volvimos a intervenir y el viernes pasado le pasamos la información final», concluye.

Cabe destacar que este régimen de licencia por edad, que supone el pago de 1,7 millones anuales a aquellos funcionarios que deciden no trabajar, se aplicó en 2008, cuando Ernest Benach, de ERC, era presidente del Parlament. El propio Benach ha afirmado en TV3 que la noticia se ha sacado de «contexto» y que las condiciones de 2008 no son extrapolables a las de 2022. Por su parte, Borràs se ha encontrado con estos privilegios a los funcionarios del Parlament una vez llegó en el cargo y pese a su voluntad de corregirlo solo se puede limitar el acceso a los nuevos funcionarios que lo soliciten y sin tener efectos retroactivos. Aún así se ha comprometido a modificarlo.

Letrado mayor durante el ‘procés’

Antoni Bayona (Sabadell, 1954) fue el letrado mayor del Parlamento cuando se aprobaron las llamadas leyes de desconexión de 2017, que dieron lugar al referéndum ilegal del 1 de octubre, así como durante la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Junto al resto del equipo legal, Bayona se opuso a la vulneración de la legalidad por parte del Govern y sus socios parlamentarios.

Fruto de esa experiencia, publicó el libro No todo vale (Editorial Península), un análisis crítico de lo ocurrido en los últimos años en Cataluña hecho desde la perspectiva de un jurista, pero que huye del lenguaje técnico. Tras abandonar el cargo de letrado mayor se ha quedado con su plaza en la institución catalana y recientemente informó de su decisión de abandonar la comisión de garantía del derecho de acceso a la información por los escollos que encontró en el ejercicio de su labor.