El Govern irrita a los puristas del catalán al no exigir a los sanitarios interinos saber el idioma

La necesidad del Gobierno de la Generalitat de contratar a personal interino en hospitales y residencias de mayores para hacer frente a las últimas olas de la covid-19 -que han sido especialmente graves en la región- ha soliviantado a la Plataforma per la Llengua, la autodenominada ONG del catalán y quien más presiona al Ejecutivo de Pere Aragonès para que el catalán sea la única lengua vehicular en Cataluña.

A finales de diciembre, el Govern anunció «nuevas contrataciones para reforzar el sistema sanitario ante la sexta ola de covid», la mayoría de ellas a través de contrataciones directas y por un margen reducido de tiempo para hacer frente a la situación de pandemia. Sin embargo, el hecho de que este supuesto de contratación relegara el requisito de tener un nivel C de catalán -el que se exige a los funcionarios y empleados públicos- ha suscitado las críticas del entorno más nacionalista.

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, solicitó al Govern que se supervisara el uso del catalán de los médicos y enfermeros en su trato con los pacientes con el find e que no se vulnerasen los «derechos lingüísticos» de los usuarios del sistema público catalán.

Cursos obligatorios para sanitarios

El hecho de que el Ejecutivo de Aragonès no viera necesario llevar un registro ni informar del uso del idioma entre este sector de profesionales interinos ha irritado todavía más a estos puristas del catalán. Su siguiente paso ha sido el de exigir cursos obligatorios de catalán para todos los sanitarios que se hallan en esta condición de haber sido contratados de forma directa y temporal.

A su juicio, «la emergencia lingüística» que se vive en Cataluña es muy grave y, en consecuencia, no se puede aplazar ni siquiera en la coyuntura de pandemia actual.

En el decreto 161/2002, del 11 de junio, sobre la acreditación del conocimiento de catalán y aranés en los procesos de selección de personal y provisión de empleos de las administraciones públicas de Cataluña, se detalla que las personas que se presentan a convocatorias para personal interino y laboral temporal deben acreditar el conocimiento de lengua catalana, «tanto en la expresión oral como en la escrita», al mismo nivel que el personal funcionario o fijo. Esto es, el nivel C.

No obstante, el decreto estipula también que cuando la contratación es directa «se puede eximir de tener que acreditar el nivel correspondiente de conocimientos en lengua catalana».

Esta relajación en el uso del catalán también se observa en los consorcios sanitarios catalanes. Es decir, en residencias o centros de gestión privada. En estos casos, la mayoría de su personal opta por hablar en la lengua que les hablan los pacientes, sin que el catalán predomine por defecto. Algo parecido ocurre con los proveedores que trabajan para el sistema público sanitario, que eluden en muchas ocasiones la obligatoriedad de conocer el catalán y es solo un requisito complementario.

El presidente de Plataforma per la Llengua ha exigido que se impartan cursos obligatorios en una entrevista en El Món después de constatar el fracaso de los cursos voluntarios. Según la información del digital catalán, en 2020 se ofrecieron 250 plazas, pero no se llegaron a cubrir: se inscribieron 238 personales y solo el 47% finalizó el curso.

Campañas en catalán

La ‘ONG del catalán’ es conocida por sus iniciativas agresivas a favor del catalán no solo en el ámbito público, sino también en el comercio y en campañas de consumo. Como informó THE OBJECTIVE, amenazó a Famosa, Mattel y Bizak con multas de hasta 100.000 euros por no usar el catalán en sus anuncios navideños dirigidos a los niños.

La entidad, que ha recibido cuantiosas subvenciones de la Generalitat y de ayuntamientos catalanes en los últimos años, es muy activa no solo en las redes sociales sino también a nivel del sector público con el fin de supervisar la «salud del catalán».

Cabe recordar que incluso la reforma educativa, conocida como Ley Celaá, contó con una enmienda de ERC elaborada en colaboración con la Plataforma per la Llengua y era que una tentativa de blindar el catalán en las aulas.