La Abogacía no aportó a los jueces el informe que acusa a Dmitrenko de ser un espía ruso
EEUU entregó este martes al empresario ruso, vinculado al independentismo catalán, un visado que le permitirá entrar y salir de ese país sin restricciones
Visado entregado por EEUU al empresario ruso señalado por el CNI por presunto espionaje en Cataluña. | THE OBJECTIVE
La Abogacía del Estado no ha aportado ante la Audiencia Nacional el informe del CNI en el que se recomienda denegar la nacionalidad española a Alexander Dmitrenko por sus presuntas actividades en favor de los servicios secretos de Rusia, según han confirmado fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. El empresario ruso, señalado como presunto enlace entre el independentismo de Cataluña con el Gobierno de Vladimir Putin, está pendiente de que los jueces de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidan si finalmente le conceden o no la nacionalidad española. El Ministerio de Justicia se la denegó en 2020.
A pesar de las sospechas de espionaje aludidas por el Gobierno español y el CNI, tal y como adelantó este diario, las autoridades de Estados Unidos entregaron este martes a Dmitrenko un visado que le permitirá entrar y salir sin restricciones del país norteamericano hasta marzo del año 2025, como demuestra la imagen que encabeza esta información. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad el Ministerio de Justicia denegó en octubre de 2020 el pasaporte español al empresario ruso aludiendo a un informe de los servicios de inteligencia supuestamente incorporado a su expediente de solicitud de nacionalidad.
«Se tiene conocimiento probado del trabajo consciente de Alexander Dmitrenko para los Servicios de Inteligencia rusos, de los que recibe misiones. Asimismo, se han detectado contactos de este individuo con algunos de los principales líderes del crimen organizado transnacional de origen ruso, para los que realiza diferentes labores», indica la resolución del Ministerio de Justicia, a la que ha tenido acceso este diario. Después de que le fuese denegada la nacionalidad por vía administrativa, Dmitrenko presentó el 17 de febrero de 2021 un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Dmitrenko, pendiente de la Audiencia Nacional
El propio empresario ruso aseguró esta semana en declaraciones a THE OBJECTIVE que la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno en el caso, se ha opuesto a que la Audiencia Nacional le conceda la nacionalidad. Y lo ha hecho sin remitir a los jueces de la Sección Octava el informe del CNI al que aludía el Ministerio de Justicia en su resolución administrativa, según confirman fuentes jurídicas.
En varios casos anteriores, los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo han acabado concediendo el pasaporte a ciudadanos extranjeros a los que se les había denegado el pasaporte por vía administrativa, precisamente, por no aportar las pruebas o los informes en los que el CNI les acusaba de haber llevado a cabo actividades de espionaje para otros países en territorio español.
En casos anteriores, los jueces han acabado concediendo el pasaporte a extranjeros señalados de espionaje porque Abogacía no aportó las pruebas o informes del CNI
En marzo de 2015, por ejemplo, la Sala III del Tribunal Supremo confirmó el derecho a la nacionalidad española por residencia a una mujer cubana a quien un informe del CNI de 2011 señalaba como espía cuando trabajaba como becaria en un centro vinculado al CSIC. La Audiencia estimó el recurso de la mujer argumentando que el CNI, tras ser requerido para que ampliara su informe y concretara la información sensible sustraída por la demandante, no aportó nada más aduciendo que era «información clasificada». Los jueces consideraron que la colaboración con los servicios de inteligencia cubanos no había quedado debidamente contrastada, según informó la agencia Colpisa. Algo similar había ocurrido con un ciudadano musulmán al que los servicios de inteligencia señalaban como «miembro activo del movimiento Tabligh», según el diario El País.
El caso de Dmitrenko está pendiente de votación y fallo por parte de los jueces que conforman la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas. En su recurso, el empresario ruso acusaba al Ministerio de otorgarse «funciones de enjuiciamiento» de hechos que no le corresponden «dada la naturaleza de sus afirmaciones» y que en caso de ser ciertas «constituirían graves imputaciones en el orden penal y si así fueran probados ante un órgano judicial».
Enlace del ‘número dos’ de Puigdemont
La guerra en Ucrania y las investigaciones tanto policiales como en el Parlamento Europeo sobre las conexiones del independentismo con el Gobierno de Vladimir Putin han vuelto a situar a Dmitrenko en el centro de la polémica. El empresario ruso, que lleva 17 años afincado en Cataluña, fue uno de los enlaces del número dos de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, para establecer contactos con empresarios y políticos en sus viajes a Moscú. En conversación con este medio, el empresario negaba el pasado lunes que en los encuentros donde él estuvo presente se abordara el apoyo del Kremlin a la secesión de Cataluña y recuerda que no hay ninguna causa judicial abierta contra él.
Dmitrenko tiene varias empresas, pero fue a través de su lobby Catrus Capital como estableció contacto con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la plana mayor de Junts per Catalunya. Su lobby tenía como función fomentar las relaciones políticas, económicas y empresariales entre Cataluña y Rusia. Asimismo, Joan Canadell, actual diputado en el Parlament por JxCat, le nombró por contrato embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona a Rusia el 14 de julio de 2020. En ese contrato, se comprometía a colaborar con Global Market, que tiene el «objetivo de impulsar acuerdos bilaterales con cámaras de otros países como medio para incrementar las exportaciones de las empresas catalanas».
Partidario del ‘procés’
El empresario en su momento fue partidario del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 y se confiesa «seguidor del Barça», pero rechaza que sea «una persona peligrosa para la sociedad». También, como se observa en la documentación a la que ha tenido acceso este medio, forma parte de la Asociación Internacional de Policías, por parte de la sección rusa. Dicha asociación tiene como propósito crear lazos de amistad y promover la cooperación internacional, y se le otorgó por ayudar a la Fiscalía y a los peritos judiciales rusos. Todo ello alimenta las sospechas en el Gobierno de que haya podido tener un papel clave en favor del Kremlin y el secesionismo catalán.
La división entre ERC y JxCat desde que la labor exterior durante los años del procés está siendo examinada con lupa ha provocado una suerte de guerra sucia dentro del independentismo y nadie quiere ser «culpable por asociación». A este respecto, el empresario ruso sostiene que «ha coincidido en Moscú con mucha gente, también con Xavier Cima», el marido de Inés Arrimadas, cuando era diputado de la extinta CiU. Y que su misión siempre fue la misma, establecer lazos entre Cataluña y Rusia de índole empresarial.
