Los 'indepes' piden a los jueces investigar todos los pagos de España a los dueños de Pegasus
De los 65 independentistas presuntamente espiados, el abogado Gonzalo Boye ha sido el primero en interponer una querella contra la empresa israelí NSO Group
Los abogados Antoni Abat, Andreu Van den Eynde, Benet Salellas y Gonzalo Boye | Europa Press
Comienza el aluvión de demandas del independentismo catalán por el espionaje con el sistema israelí Pegasus. De los al menos 65 separatistas presuntamente espiados con ese spyware, el abogado Gonzalo Boye ha sido el primero en interponer una querella, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos contra la empresa israelí NSO Group, dos de sus filiales y tres de sus propietarios. Lo ha hecho este martes ante los juzgados de plaza Castilla de Madrid, pero otra veintena de amigos, colaboradores y asesores del expresident Carles Puigdemont harán lo mismo durante los próximos días en juzgados de cinco países distintos, tal y como adelantó este diario. Su objetivo es descubrir qué empresas, personas o entidades públicas españolas pagaron a los propietarios de Pegasus para realizar el presunto espionaje descubierto por la organización canadiense Citizen Lab. Dudan que en realidad haya sido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sospechan que se habría hecho sin autorización judicial, al contrario de lo que sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez.
En su querella, de 109 páginas, el abogado de Puigdemont pide al juzgado de instrucción de Madrid «que por turno corresponda» que admita a trámite su escrito y practique una serie de diligencias contra las mercantiles israelíes Q Cyberg Technologies y N.S.O Group Technologies LTD, así como a su filial luxemburguesa Osy Technologies SARL y los administradores de esas tres sociedades: Niv Karmi, Shalev Hulio y Omri Lavie. Entre la batería de diligencias solicitadas, se pide al juzgado que corresponda que a través del punto neutro judicial se recaben «todos los datos económicos y bancarios que existan en España respecto a los querellados». Asimismo, ha reclamado a la Justicia que se solicite al Banco de España que informe de «cualquier transferencia de dinero que se haya realizado desde el sistema bancario español» y a favor de los querellados.
En una línea similar, Boye solicita a las autoridades judiciales españolas que libren una comisión rogatoria a Israel para que se notifique a los querellados y se les tome declaración en calidad de investigados. De la misma manera, el abogado de Puigdemont pide que se solicite a las autoridades israelíes «toda la información bancaria» referida a las empresas querelladas en Israel «a fin de determinar pagos y dineros relacionados, exclusivamente, con empresas, personas o entidades públicas españolas o con aquellas que hayan tenido como origen inicial España o servicios prestados hacia España».
Pide a Israel los contratos del CNI con Pegasus
En este sentido, el abogado de Puigdemont ha pedido que a través de la comisión rogatoria girada a Israel se requiera a la representación legal de las mercantiles querelladas que «aporten la documentación acreditativa de todos los contratos, convenios o cualquier clase de acuerdo que se haya suscrito con el Gobierno de España, el Centro Nacional de Inteligencia o cualquier organismo/empresa pública española o empresa privada para el uso del software malicioso de inteligencia cibernética ‘Pegasus’ en el territorio español».
Además, ha solicitado que se reclame a las autoridades israelíes acceso a «toda la información de la que dispongan de viajes a España de los querellados» y «cualquier otro dato de movimientos migratorios hacia Israel por parte de ciudadanos españoles que hayan mantenido relaciones comerciales o de cualquier otro tipo con las empresas querelladas», indica la querella. Asimismo, solicita que se cite a declarar en calidad de testigos a siete expertos de Citizen Lab, autores del informe pericial que se adjunta a la querella y que destapó el presunto espionaje realizado a los líderes independentistas y su entorno.
El núcleo central de la denuncia de Boye se repetirá en otra veintena de querellas que Puigdemont y otros de sus colaboradores espiados van a presentar en juzgados de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Berlín, Bruselas, Ginebra, Zúrich y Luxemburgo. Son los lugares donde alrededor de 25 políticos, amigos y asesores vinculados al expresidente catalán habrían sido espiados con el malware israelí, de acuerdo a la investigación efectuada por la organización canadiense Citizen Lab. El objetivo, según fuentes cercanas al expresident consultadas por THE OBJECTIVE, es descubrir qué organismo del Estado habría pagado y estaría detrás de las intervenciones telefónicas a los políticos y activistas separatistas.
El uso de Pegasus, «ilegal»
Por otro lado, el letrado de Carles Puigdemont sostiene que, de haber sido el CNI el responsable del presunto espionaje a los líderes independentistas a través del software Pegasus, este organismo habría incurrido en una ilegalidad amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De acuerdo con el artículo 588 de esta normativa, subraya el letrado, el uso de este dispositivo de inteligencia cibernética «no solo requiere autorización previa mediante resolución judicial» en un procedimiento judicial de investigación de determinados delitos «que sustente la excepcionalidad, la temporalidad y la proporcionalidad» de la misma, sino que además, «debe ser ejecutada por funcionarios públicos españoles»
Un supuesto que no se daría en caso de que los servicios secretos hubiesen espiado a los independentistas mediante Pegasus, según sostiene Gonzalo Boye, principalmente porque son los trabajadores de NSO, la empresa israelí propietaria del software, los que se encargan de «recopilar, administrar y conservar la información obtenida».
Boye califica de «indudable» la intervención que la NSO tiene en el «proceso de recopilación de información del dispositivo móvil atacado, así como de su posterior administración y guarda». Lo que resulta, sostiene, «incompatible» con «el presunto legal relativo a que la medida de investigación tecnológica sólo pueda estar a cargo de funcionarios públicos», en este caso la Policía Judicial. Cuestiones por las que el uso de Pegasus «resulta manifiestamente ilegal, independientemente de si los motivos de su utilización resultan compatibles con la protección de valores esenciales de una sociedad democrática o no».
Un «Villarejo del PSOE»
Como adelantó este diario, un sector del independentismo catalán e incluso algunos mandos de Unidas Podemos sospechan que detrás del espionaje de Pegasus a los independentistas -iniciado en 2017 y continuado por el Gobierno de Pedro Sánchez al menos hasta 2020- no estaría el CNI sino un «Villarejo del PSOE» o una nueva suerte de «policía patriótica» similar a la utilizada por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy en los meses previos a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017.
En el marco de la querella presentada por Boye, el abogado de Puigdemont ha pedido que se solicite a las autoridades judiciales de Luxemburgo para que se notifique y tome declaración en calidad de investigados a los representantes legales de Osy Technologies SARL y para que se requiera a las entidades bancarias que operan en ese territorio la información relativa a dicha empresa y a los querellados. Asimismo, ha reclamado que se remita oficio al Parlamento Europeo para que aporte y se incorporen al procedimientos los vídeos del evento organizado por el Partido Popular Europeo el pasado 10 de febrero. Y ha solicitado que se cite a declarar en calidad de testigos a seis personas que participaron en dicho encuentro.
