La Mesa del Parlament mantiene el reto al Tribunal Constitucional por el voto de Lluís Puig
La validación del voto del político fugado supone una afrenta a la resolución del TC y los independentistas afirman: «Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad»
Miembros del Gobierno de Cataluña. | Europa Press
La mayoría independentista de la Mesa del Parlament ha acordado esta noche asumir «la plena responsabilidad» de la publicación del acta de la sesión del pleno en la que conste que el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig ha sido contabilizado, con lo que mantienen su reto al Tribunal Constitucional.
Según han indicado los miembros de la Mesa al finalizar la reunión extraordinaria mantenida esta noche tras el pleno de la cámara, los tres partidos independentistas –ERC, JxCat y la CUP- se han comprometido a asumir «todas las responsabilidades políticas y jurídicas para garantizar el derecho al voto del diputado Lluís Puig, huido en Bélgica por el 1-O».
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que anula la delegación de voto de Lluis Puig, que reside en Bruselas (Bélgica) huido de la justicia española.
El secretario tercero de la Mesa y diputado de la CUP, Carles Riera, ha publicado en Twitter: «Nos plantamos ante la represión del Estado y asumimos todas las responsabilidades políticas y jurídicas para garantizar el derecho al voto del diputado Lluís Puig».
«Hoy la Mesa del Parlament -añade- hemos firmado un acuerdo para pasar del simbolismo a los hechos«, y ha explicado a los periodistas que acostumbran a firmar el acta de cada sesión plenaria la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y él mismo como secretario tercero de la Mesa.
El compromiso adquirido por la Mesa supone, en teoría, liberar a cualquier funcionario del Parlament de responsabilidad por la publicación de las actas en la que se recoja el voto delegado de Puig, y este es el motivo por el que ayer, en el marcador electrónico de la cámara, no aparecía reflejado dicho voto.
El voto de Lluís Puig, que contabilizó verbalmente la presidenta del Parlament, pero no se vio reflejado en el marcador electrónico de la cámara, se tuvo en cuenta en la validación de un decreto ley de integración de centros educativos, la primera que ponía a prueba la decisión de desoír al TC.
