El Constitucional revisará la normativa catalana sobre el uso del castellano en las aulas
El tribunal de garantías ha informado de que el Pleno ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC
Exterior del Tribunal Constitucional. | EFE
La enseñanza catalana sigue inmersa en su periplo judicial por la negativa del Govern a aplicar las sentencias judiciales y aceptar que haya al menos un 25% de clases en castellano en los colegios de la región. El Tribunal Constitucional ha anunciado este miércoles que estudiará la constitucionalidad de la nueva normativa catalana de uso de las lenguas en las escuelas, que reafirma al catalán como lengua vehicular y relega al castellano a lengua curricular, chocando con la sentencia que obliga a dar el 25% de castellano en las aulas.
El tribunal de garantías ha informado de que el Pleno ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el decreto ley del pasado mayo y la ley de usos lingüísticos aprobada posteriormente por el Parlament, que evitan fijar porcentajes para la enseñanza del castellano en las escuelas.
El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña, impulsado por el Govern tras la sentencia del TSJC que impone un 25 % de castellano en las aulas, confirmada por el Supremo, vulnera el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación.
El pasado 4 de julio, el alto tribunal catalán ya acordó suspender la ejecución forzosa de la sentencia del 25%, dada la «imposibilidad legal» de hacerlo después de la aprobación de la nueva legislación sobre usos lingüísticos en las escuelas, y pidió a las partes que se pronunciaran sobre si debía plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la nueva normativa.
Dicho decreto fue aprobado por el Govern cuando faltaba un día para que expirase el plazo del TSJC para aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas. El Constitucional ya admitió a trámite hace un mes el recurso del PP y Cs contra el decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, y la ley que reconoce el «uso curricular» del castellano.
Y hace una semana, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, le pidió al presidente catalán, Pere Aragonès, que la Generalitat cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que un 25 % de las clases sean en castellano, durante el encuentro que mantuvieron en Bruselas.
