Exministros del PSOE se suman a un manifiesto contra el plan de Pedro Sánchez con la sedición

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición ha hecho público este lunes un manifiesto, en el que participan varios exministros socialistas, para rechazar la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para anular el delito de sedición y la rebaja de la malversación, beneficiando así a los condenados por el procés.

Este movimiento confirma la información adelanta por Luca Costantini en este medio, en donde indicaba que históricos socialistas tenían en mente crear una plataforma para criticar la gestión realizada por el actual presidente del Gobierno. En concreto pretenden conjurarse contra los indultos, la sedición, la ley del solo sí es sí y el temor a que Sánchez pacte un referéndum en Cataluña.

Entre los firmantes del manifiesto, además de varios varios exmininistros socialistas, también están autoridades del mundo de la cátedra, el derecho y la diplomacia, como el exdirector del CNI Jorge Dezcallar. También están los articulistas de THE OBJECTIVE Fernando Savater y Francesc de Carreras.

Los exministros socialistas son: Virgilio Zapatero, exministro de la Presidencia y catedrático; Julián García Vargas, exministro de Defensa y de Sanidad; José Luis Corcuera, exministro de Interior; César Antonio Molina, exministro de Cultura; y Javier Saénz Cosculluela, exministro de Obras Públicas y exportavoz del Grupo Socialista.

Todos ellos rechazan «las actuaciones del Gobierno cuyo propósito es obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución», y aseguran que con esta reforma «se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas».

«Es una burla hablar de ‘desinflamación del conflicto catalán’ cuando todos los condenados han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo», añade el manifiesto. «Los hechos ocurridos en 2017 no fueron desórdenes sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional. Pactar la redacción del decreto con los delincuentes carece de homologación en Europa».

Asimismo, insisten en que Pedro Sánchez no «no mencionó» la modificación de los delitos «en su discurso de investidura», ni tampoco fue «un compromiso electoral» ni un «acuerdo posterior con Unidas Podemos». También señalan que la UE «no ha exigido reformar el delito de sedición» y «no es cierto» que el cambio sea para «equiparar la legislación española» con la europea, según se puede leer en el manifiesto.

Los firmantes aseguran que con la medida del Gobierno «se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal».

Esta asociación es la misma que se levantó contra la Ley de Memoria Democrática, en julio de este año.

Manifiesto completo

Rechazamos las actuaciones del Gobierno cuyo propósito es obtener a  cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y  de los que están contra la Constitución.  

Cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá un estímulo  para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente.  

Se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos  contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que  el lucro personal.  

Es una burla hablar de ‘desinflamación del conflicto catalán’ cuando todos los condenados han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo.  

La Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España, y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos.  

Los hechos ocurridos en 2017 no fueron desórdenes sino un desafío al  poder legítimo y al orden constitucional.  

Pactar la redacción del decreto con los delincuentes carece de homologación en Europa.  

Manifiesto 

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, tras haber examinado la proposición de Ley Orgánica del PSOE y Unidas Podemos y de sus enmiendas en las que se abarata la Malversación de caudales públicos, se suprime el delito de Sedición tipificado en el Código Penal  de 1995, siente el deber cívico de manifestar su oposición a su orientación y queremos  trasladarlo al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española. 

El Presidente Sánchez no mencionó en su discurso de investidura de enero de  2019 la modificación de los delitos de sedición y rebelión. La reforma de la sedición tampoco fue un compromiso electoral ni un acuerdo posterior con Unidas Podemos.  

La Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España, y me nos su sustitución por un delito de desórdenes públicos. El Gobierno ha recurrido al ardid  de amalgamar en una Ley Ómnibus la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal  con otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Represión del Contrabando, que podrían necesitar cierta adaptación a Directivas Europeas  que nada tienen que ver con el Código Penal ni con el delito de sedición.  

Pedro Sánchez quiere justificar esta proposición de ley para equiparar supuestamente la legislación española con la de la Unión Europea con el pretexto de que las pe nas en los países europeos es inferior a la existente en España. Esto no es cierto porque  no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a  España. La cuestión no está en el nombre del delito sino en saber si los hechos que castiga el actual tipo de sedición en España están castigados con menores penas fuera de nuestras fronteras. Pese a las diferencias formales y a las tradiciones legislativas penales  de cada país, los delitos y las penas en materia de sedición en nuestro Código Penal son  muy similares a las de otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia.  

Con esta reforma del Código Penal se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima  de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas.  

El orden constitucional no se protege con un nuevo delito de desórdenes contra la  paz pública. Una nueva tipicidad debería referirse necesariamente a otro bien jurídico  como la lealtad constitucional y en torno a ella deberían crearse tipos penales con las  conductas de las imposiciones independentistas de acuerdo con su gravedad, entre las  que se encuentran el intento de separar una parte del territorio nacional que sería el delito  más grave seguido de otras como la negativa a reconocer al Jefe del Estado.  

Lo ocurrido en octubre de 2017 no fueron unos meros desórdenes ni sus autores  fueron condenados por un acto contra el orden público concreto. Fue un desafío al poder  legítimo y al orden constitucional que emana de la soberanía popular, con una serie de  actos encaminados a la independencia con movilizaciones masivas, las leyes de desconexión y actos de deslegitimación judicial y policial. 

De todos es sabido que Esquerra Republicana de Cataluña no se iba a contentar  con la supresión de la sedición y que el Gobierno no tiene un no para el grupo independentista. Por esa causa presentan la enmienda sobre la malversación y así consiguen la  exoneración de responsabilidad penal o su reducción al mínimo para los autores de los  episodios gravemente delictivos de 2017 y que para el futuro se deje penalmente atípico  la desviación de los caudales públicos de todos los españoles para realizar actos contra el  Estado y contra su integridad territorial lo cual es más lesivo aún que el lucro personal.  

No nos podemos dejar engañar por lo que el discurso oficial denomina desinflamación del conflicto catalán ni por la argumentación de mantener los equilibrios políticos  que en realidad son inexistentes, como se puede comprobar con el permanente conflicto  político que bloquea las mayorías parlamentarias en el Parlamento de Cataluña, con la  huida de cientos de empresas de la economía catalana, por la permanente desobediencia  a las sentencias del Tribunal Constitucional y de los Tribunales en Cataluña y la presión a  jueces y tribunales, así como por el boicot sistemático a que el español sea una lengua  vehicular y a que los jóvenes puedan estudiar en esa lengua que es oficial.  

Es una burla hablar de esa desinflamación cuando todos los condenados no han  renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo. El propio presidente de la Generalitat ha manifestado que esta reforma penal va a hacer más difícil perseguir el independentismo y que han conseguido bajar el precio para cuando lo vuelvan a  intentar.  

Pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que, eso sí, carece de homologación alguna en Europa.  

Por eso, esta perversión del derecho penal mediante una ley particular para unas  pocas personas y una sumisión a las pretensiones independentistas, que obedecen a la  necesidad de contar con los votos de ERC y Bildu para los Presupuestos y quien sabe  para qué más, no puede contar con nuestro silencio.

Por todo lo expuesto, las asociaciones y personas firmantes

• Denunciamos el proceder del Gobierno de coalición y la tramitación legislativa  elegida para una Proposición de Ley Orgánica cuya finalidad ha sido prescindir de los per tinentes informes de los máximos órganos consultivos y de la necesaria racionalización y  debates de un problema jurídico de tanta trascendencia. No se debe olvidar que la verdad  se encuentra en el procedimiento de búsqueda. 
• Rechazamos las actuaciones del Gobierno cuyo propósito, más allá de los retó ricos argumentos esgrimidos, no es otro que el de obtener a cualquier precio el apoyo  parlamentario de los partidos independentistas y anticonstitucionalistas que en esta ocasión exigen la supresión del delito de sedición y la desactivación para unos cuantos del  delito de malversación. La finalidad de esa imposición no es otra que eximir de las penas  de sedición y de malversación y de la inhabilitación a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial de España y la convivencia democrática al  declarar unilateralmente, al margen de las propias leyes de la Generalitat, la independencia de Cataluña.  
• Advertimos a la opinión pública que, con la actual tipificación del delito contra la  integridad territorial como un simple desorden público supondrá un estímulo para impulsar  comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente.  
• Reclamamos de los Grupos Parlamentarios proponentes la retirada inmediata de  los artículos de la Proposición de Ley Orgánica en todo lo que se refieran a los delitos de  malversación, sedición y tipificación del desorden público agravado, cuyo efecto supondrá  agravar las penas de los derechos de reunión y manifestación.  
• Requerimos a nuestros representantes en las Cortes Generales la urgente tipificación de un delito contra la Constitución con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas, para evitar un vacío legal que puede dividir aún más la convivencia democrática entre los españoles. 

Los principales firmantes del manifiesto

ENTIDADES:

• Fundación Cultura Libre
• Asociación por la Tolerancia
• Ahora Tú
• Regenerar España Ahora
• Citizens pro Europe
• Centro Libre Arte y Cultura CLAC
• Asociación ULIS
• Fundación Transición Española
• Impulso Ciudadano
• Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)
• Segadors del Maresme
• Regenerar España Ahora REA
• dCIDE
• Centro Izquierda de España
• Ampas Paralelas
• Aixeca’t
• Convivencia Cívica Catalana
• Cataluña Suma
• Sindicato AMES

PERSONAS:

• Elias Díaz, Catedrático de Filosofía del Derecho.
• Fernando Savater, Catedrático de Filosofía y escritor.
• Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional y Vicepresidenta de la Real Aca-demia Europea de Doctores.
• Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional, Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
• Marcos Peña, ex Presidente del Consejo Económico y Social (2006-2017).
• Eugenio Nasarre, ex Diputado.
• César Antonio Molina, ex Ministro de Cultura, catedrático, escritor.
• Javier Saenz Cosculluela, ex Ministro de Obras Públicas y ex Portavoz del Grupo Socialista.
• Virgilio Zapatero, ex Ministro de la Presidencia y catedrático.
• Julian García Vargas, ex Ministro de Defensa y de Sanidad y ex Diputado.
• José Luís Leal, ex Ministro de Economía.
• Soledad Becerril, ex Defensora del Pueblo y ex Ministra de Cultura.
• José Luis Corcuera, ex Ministro de Interior, ex Diputado y dirigente de la UGT.
• Elena Flores, ex Senadora y ex Secretaria de Internacional de la CEF del PSOE.
• Gonzalo Quintero, Catedrático de Derecho Penal y ex Abogado General del Estado.
• Manuel Aragón, ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional y Catedrático.
• Manuel Conthe, ex Secretario de Estado de Economía.
• Javier Tajadura, Profesor T. de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
• Jorge Dezcallar, Embajador de España y ex Director del CNI.
• Servando de la Torre, Embajador de España.
• Yago Pico de Coaña, Embajador de España.
• Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo.
• Pedro Bofill, ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y ex diputado por Teruel.
• Jaime Carvajal y Urquijo, Empresario.
• Sebastián Albella, Abogado y ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Va-lores.
• Jaime Rodríguez Arana, Catedrático de Derecho Administrativo, ex Diputado.
• Araceli Mangas, Académica de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
• Felix Ovejero, Profesor de Filosofía Política de la Universidad de Barcelona.
• Maria Ángeles Pérez Samper, Catedrática y Miembro de la Real Academia de la Historia.
• Miguel Ángel Cortés, ex Secretario de Estado.
• Beatriz Jimenez de Parga, Abogada
• Salvador Fernández Moreda, ex Diputado, ex Presidente de la Diputación de La Coruña.
• Miriam Tey, Presidenta del Centro Libre Arte y Cultura, y Editora.
• Emilio Lamo de Espinosa, ex Presidente de la Real Fundación Elcano y Catedrático.
• Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario.
• Lorenzo Prats Abentosa, Catedrático de Derecho Civil.
• Pedro Barceló, Magistrado.
• Daniel Berzosa López, Profesor de Derecho Constitucional CUNEF y Miembro del Co-mité de la Global Academy de Citizens pro Europe.
• Francisco Tomas y Valiente, Periodista.
• Cándido Paz Ares, Catedrático de Derecho Mercantil.
• Eduardo Blanco Pereira, Director General Consejo Superior de Deportes, Concejal Ayuntamiento La Coruña.
• Carlos Pérez Castro, Presidente Instituto Europeo Posgrado.
• José Luís Adam Muñoz, Profesor de la Universidad Internacional de Catalunya.
• Eligio Hernandez, Abogado, Magistrado jubilado, ex Fiscal General del Estado, Ex Vocal del CGPJ.
• Ángel Rivero Rodríguez, Profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UAM.
• Gonzalo Pino Bustos, ex secretario Política Sindical UGT Confederal y ex Secretario ge-neral de UGT en el País Valencià.
• José Andrés Rozas, Catedrático de la Universitat de Barcelona, Vicerrector.