Junts busca a la desesperada contrarrestar los ‘logros’ de ERC por sus pactos con Sánchez
El partido de Puigdemont presentará una moción en el Parlament para obligar a ERC a retractarse sobre el delito de desórdenes públicos agravados
Jordi Turull, secretario general de Junts. | Europa Press
Junts per Catalunya mantiene fijo el rumbo de enmendar los acuerdos de ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido de Carles Puigdemont presentará este jueves en el Parlament una moción para censurar el aval de los republicanos al nuevo delito de desórdenes públicos agravados tras la derogación del delito de sedición del Código Penal. Con esta maniobra, en Junts pretenden que quede claro que las alianzas de facto de ERC en la Cámara catalana son el PSC y En Comú Podem -desaprovechando la mayoría independentista-, dado que prevén que ambos partidos eviten la reprobación de los de Pere Aragonès.
El texto de la moción va en la línea de lo que ya han denunciado públicamente en Junts, la CUP y las entidades independentistas, como la ANC y Òmnium Cultural, cuando han alertado de que este nuevo delito «criminaliza la protesta política» . Por protesta política entienden también el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. Y, además, reprochan a ERC que con su apoyo asumen las tesis españolas de que ese «acto político» de la votación fue «ilegal».
Moción de Junts
Según ha avanzado El Món, el texto literal de la moción sostiene que estos cambios del delito de desórdenes públicos agravados «restringen los derechos fundamentales de manifestación o reunión, generan más inseguridad jurídica, y otorgan una gran arbitrariedad a los tribunales españoles». Desde Junts instan al Ejecutivo catalán a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a protesta e insisten en que «nadie de los que hicieron posible y participaron» en la votación del 1-O cometió ningún delito.
Como informó THE OBJECTIVE, uno de los artículos que genera desconfianza entre estos sectores del separatismo es el 557 bis, porque abre la puerta a que una ocupación de los colegios electorales en los términos del 1-O sea considerada delito. En especial, si causa «una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal».
Según indican, esta modificación pone cualquier otro acto de «reivindicación pacífica» ante el riesgo de ser sancionado. Si bien es cierto que, en el último momento, ERC presentó una enmienda para retocar este delito con el fin de que no criminalizar la protesta política, quedó anulada por las propias enmiendas que presentó el Gobierno central. Finalmente, se llegó a un acuerdo de última hora en el que se reformulaba el delito de desórdenes públicos con el fin de que la Justicia no pudiera recurrir a él para «perseguir las protestas pacíficas».
Ni indultos ni reforma del Código Penal
Junts per Catalunya ha pedido a ERC en reiteradas ocasiones recuperar la «unidad del independentismo». Y eso pasa por enterrar los pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde su perspectiva, este «falso diálogo» ha desactivado en gran medida el frente internacional, dado que el «conflicto político» no es ya una prioridad ni preocupa a la Unión Europea.
En consecuencia, el partido de Puigdemont ha ido desdeñando todos los logros de la estrategia negociadora de ERC: desde la mesa de diálogo a la reforma de la sedición, pasando por los indultos.
En el caso de la medida de gracia a los condenados por el Tribunal Supremo, uno de los más duros fue Puigdemont. Desde Waterloo y con motivo de los cinco años del 1-O, hizo pública una carta en la que afirmaba que «gente del PSOE» le había prometido «soluciones felices» en referencia al indulto. No obstante, para el ahora eurodiputado de Junts esta opción ha sido siempre una «salida personal» que «no resuelve el conflicto político».
En la misma línea, la oposición frontal de Junts a ERC desde su salida del Govern provocó la paradoja de que se posicionaran en contra de la derogación del delito de sedición pese a que beneficia a sus tres eurodiputados, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. La reforma que el Gobierno central ha negociado con ERC estudia rebajar de 15 a cinco años las penas máximas por los hechos que llevaron a los líderes independentistas a ser condenados por el Tribunal Supremo en 2019.
Durante el Consejo Nacional que celebró el partido recientemente, Turull afirmó que el partido está trabajando en la «vuelta en libertad a Cataluña» de Puigdemont sin tener que ingresar en la cárcel. «Nos deja perplejos cómo alguien de aquí nos pide que lo aplaudamos», dijo en referencia velada a ERC. Y arremetió contra esta reforma de la sedición porque no soluciona la situación del resto de «activistas» que tienen causas abiertas en los juzgados por sus protestas a favor de la independencia de Cataluña.
