Informes de EEUU y Andorra desvinculan al Gobierno de Rajoy de la 'Operación Cataluña'
Documentos oficiales de ambos países contradicen la querella por la que una juez de Andorra investiga al expresidente y a los exministros Montoro y Fernández Díaz
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. | Europa Press
Son dos informes oficiales de las autoridades de EEUU y Andorra dedicadas a luchar contra el blanqueo de capitales. Han sido remitidos por el ex número dos del Ministerio del Interior a la juez de Andorra que investiga al expresidente Mariano Rajoy y varios ex altos cargos del Gobierno del PP por su presunta implicación en la operación Cataluña. Con ambos documentos, Francisco Martínez Vázquez intenta desacreditar que la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA) formase parte de una operación orquestada por España con el objetivo de obtener datos financieros de los líderes del independentismo catalán.
Como adelantó THE OBJECTIVE, el ex secretario de Estado de Seguridad envió el pasado 25 de enero un escrito a la juez andorrana Stéphanie Garcia en el que se ofrece a acudir a declarar para «contribuir al esclarecimiento de los hechos». Un escrito en el que adjunta ambos informes y la carta que envió el pasado mes de noviembre al jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Spot Zamora, para apuntar al Principado y a EEUU como origen del caso BPA y negar vínculo alguno del Ejecutivo de Rajoy con la operación Cataluña.
Una causa en la que también están siendo investigados, además de Rajoy y Martínez Vázquez, los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, actual senador por el PP. A todos ellos se les investiga desde el pasado mes de julio por presuntos delitos de «amenazas, coacciones, extorsión y chantaje» al Gobierno de Andorra para intervenir BPA.
Los presuntos hechos, denunciados L’Institut de Drets Humans d’Andorra (ONG vinculada al independentismo catalán), se habrían producido durante una cumbre bilateral celebrada el 8 de marzo de 2015 en Andorra con el objetivo de «perjudicar y conseguir intervenir la Banca Privada de Andorra (BPA), que es donde creían que tenían sus cuentas Artur Mas, Oriol Junqueras y sus familiares, y los Pujol». Un encuentro en el que también participó el actual primer ministro del Principado como responsable de Justicia e Interior del Gobierno de Andorra.
Alerta de EEUU sobre BPA
El primero de los documentos remitidos por Martínez Vázquez a la juez es una nota remitida por el FinCEN de EEUU al Sepblac español el 10 de marzo de 2015. Ese mismo día se intervino el Banco de Madrid, filial española de la BPA. En ese escrito, la autoridad estadounidense alertaba de que se habían detectado preocupantes actividades relacionadas con el blanqueo de capitales en al menos cuatro casos concretos a los que identificaba como «clientes de riesgo».
El FinCEN señalaba a Gao Ping, presunto líder de la mafia china investigada en la operación Emperador, a un cabecilla de la mafia rusa, Andrei Petrov, al cártel de Sinaloa y a funcionarios del régimen venezolano que posteriormente fueron investigados en el caso PDVSA. Casos que acabaron siendo investigados por la fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional a raíz de la intervención del Banco de Madrid.
En la ampliación de la querella que dio origen a la imputación de Rajoy en Andorra, y apoyándose principalmente en declaraciones y presuntas notas policiales aportadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo a la juez, L’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDAH) aseguraba que el Gobierno del PP hizo llegar al FinCEN «información sesgada, manipulada y falsa» sobre Gao Ping, Petrov y el resto de señalados por blanqueo. Esto último, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a una «pretendida investigación secreta» que, según la asociación independentista, solo buscaba obtener información financiera de políticos catalanes.
En contra de lo afirmado por Villarejo y la IDAH, la nota del FinCEN afirmaba que los datos para llegar a esa conclusión habían sido obtenidos gracias a transferencias internacionales de la BPA que habían tenido como destinos cuatro bancos estadounidenses. Algunas de las mencionadas transferencias a sucursales de EEUU, que levantaron las primeras sospechas del FinCEN, se habrían producido entre 2007 y 2012. EEUU concluía que la BPA constituía «una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales»
El informe de Andorra
El segundo de los informes utilizados por el ex secretario de Estado de Interior para asegurar que el origen del caso BPA estuvo en Andorra y que nada tuvo que ver con la «inexistente» operación Cataluña, lo firma la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND). En su Memoria de Actividades de 2015, poco después de intervención del Banco de Madrid, ese organismo aseguró que llevaba desde mediados de 2012 investigando a la BPA.
La UIFAND añadía que, como resultado de esas averiguaciones, se había conseguido «destapar un entramado financiero extremadamente complejo con ramificaciones internacionales» que implicaba a más de doscientas personas físicas y jurídicas investigadas. En concreto, citaba como ejemplos a Gao Ping, la operación Emperador y el caso Petrov o Clotilde.
«Dicho con toda claridad, la inteligencia recopilada por el FinCEN para elaborar la Nota del 6 de marzo de 2015 tiene su origen en Andorra y en las investigaciones realizadas por la UIFAND. No tengo la menor duda de que esto es así, creo que usted tampoco la tiene y creo que existe un certero soporte documental para avalar esta información», defiende el ex secretario de Estado de Seguridad en su carta al jefe de Gobierno de Andorra.
Villarejo y la ‘operación Cataluña’
El periodo temporal señalado por las autoridades de Andorra y EEUU es anterior a la presunta «operación política» denunciada por José Manuel Villarejo. En una declaración jurada remitida en 2019 a la juez de Andorra que investiga la operación Cataluña, el comisario jubilado aseguró que varios mandos de la Policía Nacional habrían efectuado diversas actividades para presionar a directivos de la BPA con el objetivo de obtener detalles de las cuentas bancarias de la familia Pujol en Andorra.
Villarejo afirmó que los directivos de la entidad andorrana accedieron a colaborar con las autoridades judiciales y/o fiscalías españolas «ante el miedo a poder perder la licencia para poder ejercer en España como Banca Privada a través de la marca Banca Madrid». Estas afirmaciones sustentan principalmente la ampliación de la querella de IDAH para solicitar a la juez de Andorra que cite a declarar como imputados a Rajoy, Montoro, Fernández Díaz, Martínez Vázquez y Cosidó.
La organización vinculada al independentismo catalán también pone el foco en una supuesta nota interna de la Policía Nacional, fechada el 1 de julio de 2014, que Villarejo envió a la juez para acusar a antiguos mandos policiales de haber falsificado información remitida al FinCEN de Estados Unidos para forzar la intervención de la BPA. En ese documento, el comisario jubilado apuntaba a su archienemigo en la Policía Nacional, el entonces comisario de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, como el principal protagonista de las supuestas presiones a los directivos de la BPA para que facilitaran datos de la familia Pujol.
Discrepancia de fechas
Martín Blas, que negó esas acusaciones ante la juez de la operación Cataluña, lideró la investigación iniciada en 2014 por la que Villarejo fue imputado por primera vez, en el marco del caso del Pequeño Nicolás. Todas las presuntas notas internas remitidas por Villarejo a la juez de Andorra y los hechos relatados en su declaración, en la que aseguró que hubo una «operación política» para perjudicar al independentismo catalán a través del caso BPA, se remiten al año 2014.
Sin embargo, esta versión quedaría desacreditada por los documentos oficiales de las autoridades de Andorra y EEUU que Francisco Martínez Vázquez ha enviado a la juez que investiga a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz. El informe del FinCEN señala que desde 2011 se estaban investigando operaciones de la BPA relacionadas con el mafioso ruso Dimitri Petrov, la trama china liderada por Gao Ping en la operación Emperador y los funcionarios venezolanos investigados en el caso PDVSA.
Asimismo, en su Memoria de Actividades de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) reveló que ese organismo andorrano investigaba a la BPA desde mediados de 2010 por operaciones relacionadas con el caso Venezuela. Las pesquisas fueron judicializadas a mediados de 2012. También señala su intervención en el caso Emperador a finales de 2012 y en el caso Clotilde -relacionado con Petrov- a principios de 2013.
«El 14 de enero del 2013 se dictó una providencia en la que se decidía abrir un expediente administrativo sancionador contra la Banca Privada de Andorra, cuya instrucción iba a concluir, después de dos años de duro trabajo por parte del instructor nombrado y pese a los obstáculos interpuestos por los interesados, con un pliego de cargos en el que se reflejaba una infracción administrativa», añadía el organismo andorrano dedicado a la prevención del blanqueo de capitales.
