Madrid dispara un 113% su inversión en sanidad concertada, aunque Cataluña triplica el gasto
La región de Ayuso ha pasado de destinar 572.220 euros en 2010 a 1.217.992 en 2021; Cataluña gasta 3.372.533
El gasto que la sanidad pública ha dedicado a conciertos ha ido fluctuando en los últimos años, con variaciones significativas entre comunidades. No obstante, destaca el gasto que la Comunidad de Madrid destinó a conciertos con entidades privadas durante el periodo 2010-2021, con un aumento del 113%. No obstante, Cataluña es la que más gasta en conciertos con la sanidad privada, triplicando al desembolso madrileño.
Según un detallado informe realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), la Comunidad de Madrid ha pasado de destinar 572.220 en 2010 a 902.436 en 2020, y 1.217.992 en 2021, lo que supone un aumento del 113% en 11 años, y del 35% en un año (2020-2021).
Sin embargo, el exhaustivo estudio, titulado ‘La atención especializada en las comunidades autónomas’, muestra cómo la comunidad de Pere Aragonès destina casi tres veces más que Madrid a conciertos con la sanidad privada. Y es que si en 2010 Cataluña gastó 2.577.635, en una década aumentó un 28% la inversión (hasta 3.287.511 en 2020), cifra que siguió aumentando en 2021, (3.372.533). El conjunto de todas las comunidades en 2021 suma algo más de siete millones de euros, de los cuales, Cataluña supone casi la mitad, con el 23,9% de su gasto público dedicado a conciertos, frente al 2,8% de Castilla y León, el 3,1% de Cantabria y el 3,9% de la Comunidad Valenciana o Andalucía. Madrid destinó el 11,7%.
Según los datos aportados por Fadsp elaborados con cifras del Ministerio de Sanidad, entre 2010 y 2020 el porcentaje de gasto en conciertos disminuyó un 12% y un 5% en 2021. Sin embargo, se evidencia asimismo un aumento entre 2020 y 2021 (8%), un incremento que va entre el 35% en Madrid y el 13% de disminución en La Rioja.
Desde la Federación en Defensa de la Sanidad Pública señalan que «se tiene que disminuir de manera significativa el gasto en conciertos para que no supere el 5%». Con datos de 2021, solo siete comunidades no superan el 5%: Andalucía (3,9%), Aragón (3,7%), Cantabria (3,1%), Castilla y León (2,8%), Comunidad Valenciana (3,9%), Extremadura (4,2%) y Galicia (4,5%). Además, insisten en que «se han de paralizar las privatizaciones en atención especializada para iniciar un proceso de recuperación de lo privatizado hasta el presente. Para ello hay que realizar cambios en la legislación, como la derogación de la Ley 15/97 y el blindaje de la provisión sanitaria pública».
Aumenta un 34% el gasto en atención especializada
Por otro lado, el informe también recoge el gasto sanitario público total por habitante y año de las comunidades autónomas en atención especializada (la que se presta en hospitales y centros de especialidades) y su evolución entre 2010-2021 y 2020-2021.
De esta forma, se observa cómo entre 2010 y 2021 el gasto sanitario público dedicado a atención especializada por habitante aumentó un 34% en estos 11 años, yendo desde un incremento del 39% en Madrid hasta el 18% en La Rioja. Y es que si en 2010 se emplearon 812 euros por habitante de media, en 2021 fueron 1.228 euros. Entre 2020 y 2021, este aumento fue del 7% en todo el país (desde el 10% en Andalucía hasta el -0,059% en Castilla y León, donde disminuyó en 0,72 euros por habitante y año).
Con respecto al gasto en atención especializada (AE) sobre el total del gasto sanitario público, se ve que el porcentaje pasó del 57,28% en 2010 al 63,64% en 2021, un aumento del 11% (desde el 17% de Aragón al 2% de Murcia).
En este sentido, la Fadsp señala que el AE no debería superar el 60% del gasto sanitario público, para ello se deberían cumplir tres condicionantes, según la federación: aumento del gasto sanitario público en torno a 1.000 euros por habitante y año, para
así nivelarnos con el promedio de la Unión Europea; reducir el gasto farmacéutico hospitalario para así colocarlo por debajo del
14% del total del gasto en AE, ya que actualmente se encuentra en el 17%, y disminuir el gasto destinado a las privatizaciones.