Los juristas advierten: «La amnistía supone reconocer que hay una guerra con Cataluña»
Los expertos consideran que se trata de una herramienta para pasar de regímenes totalitarios a democracias
Ilustración de Alejandra Svriz.
El desafío secesionista en Cataluña continúa siendo un campo de minas. El conflicto sigue abierto seis años después y amenaza con dividir de nuevo a la sociedad española. El expresident Carles Puigdemont exige una amnistía para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Los votos de su partido son esenciales. De esa forma se cerraría el episodio abierto el 1 de octubre de 2017. Los especialistas consultados por THE OBJECTIVE consideran que el procedimiento es inconstitucional y que las amnistías son herramientas válidas para pasar de regímenes totalitarios a democracias.
«La amnistía supondría reconocer que hay una guerra abierta con Cataluña», advierte Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. En su opinión, la fórmula se utiliza para poner fin a conflictos armados, como sucedió en 1977 para superar la Guerra Civil y el franquismo. Aquella ley, que se ha puesto en duda muchas veces en los últimos tiempos, sirvió para hacer tabla rasa a los crímenes cometidos durante cuatro décadas.
La Ley de Amnistía de 1977 benefició a dirigentes franquistas, pero también a opositores y terroristas. Luego llegó la Carta Magna y un nuevo marco jurídico. «En ese momento la amnistía tenía sentido porque el ordenamiento jurídico franquista era injusto y suprimía derechos fundamentales», recalca Tajadura. Lo anterior a todo aquello había sido una guerra fratricida y casi 40 años de conflicto latente que cerró la Constitución, a la que el socialista Alfonso Guerra calificó como «un acta de paz».
La amnistía de 1977
«No hay paralelismos históricos. La España de 2023 no tiene nada que ver con la de 1977. Entonces se quería hacer borrón y cuenta nueva. Ahora no es necesario hacer una amnistía porque no existe un conflicto entre Cataluña y España. En todo caso hay un conflicto de unos catalanes, que son minoría, con el Estado», explica Tajadura. A pesar de ello, Puigdemont exigió hace dos semanas desde Bruselas ese mecanismo.
El término amnistía no aparece en la Constitución, que sí prohíbe expresamente conceder indultos generales. Son dos figuras cercanas, pero diferentes. La amnistía es un instrumento del poder legislativo que sirve para anular responsabilidades jurídicas. No supone perdonar la condena, sino olvidar el hecho delictivo. En cambio, el indulto lo concede el Gobierno y aunque extingue la responsabilidad penal, no elimina la condena.
«Que la Constitución no cite la amnistía no quiere decir que tenga cabida. Esa interpretación es muy simplista y bastante torticera. Tampoco dice que se prohíba matar y hacerlo supone un delito», subraya Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros. En su opinión, aceptar la amnistía supondría una injerencia «inadmisible» del poder legislativo en el judicial.
Fernandes califica de «barbaridad» en términos jurídicos que se pueda conceder una amnistía porque esa figura está ligada a «una situación de conflicto o un escenario en el que no se reconocen los derechos humanos». Dos escenarios que, insiste, no se han dado en Cataluña. La medida beneficiaría a los encausados por el procés, aunque podría alcanzar a más de 4.000 personas. Todas ellas independentistas con cuentas pendientes con la justicia, no solo políticos procesados (algunos de ellos ya indultados).
«Una suerte de olvido»
«La amnistía es contraria a varios principios constitucionales, entre ellos el de seguridad jurídica. También genera una afección al principio de igualdad», admite Fernandes. Este experto en la materia considera que lo que pretenden los independentistas es una actuación ad hoc para perdonar a aquellas personas que subvirtieron el Estado de derecho y pusieron en jaque el ordenamiento jurídico español.
Fernandes califica esa «suerte de olvido» como «una auténtica barbaridad». Apunta a que la fórmula solo tiene cabida «en un conflicto de una trascendencia que necesite pasar página». A su juicio, lo que sucedió en Cataluña no alcanza esa categoría. «Una amnistía requiere un conflicto latente que el Estado debe perdonar. Poner la política por encima de todo ha generado grandes problemas a la humanidad. Por eso, para evitarlo, se crean controles», insiste el profesor del CES Cardenal Cisneros.
Baldomero Oliver reconoce la necesidad de dar una solución política a «un problema político» que aún mantiene sus derivas. «Existe un reto por parte de todos los partidos políticos. Fue un error resolver el procés por la vía judicial», sostiene este catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. No obstante, cree que hacerlo a través de una amnistía sería inconstitucional porque vulneraría el artículo 117 de la Constitución, que atribuye a los jueces la función de juzgar.
«Me pregunto de qué estamos hablando cuando hablamos de amnistía. Hasta qué punto sería y qué alcance tendría. No es lo mismo perdonar procesos finalizados que abiertos. Si se pretende anular sentencias firmes, como el caso de la inhabilitación, eso sería inconstitucional», advierte Oliver. En su opinión, los planteamientos de este procedimiento podrían generar un nuevo conflicto, esta vez entre los poderes del Estado (legislativo contra judicial).
El fracaso del independentismo
Oliver asegura que hay expertos que defienden que, al no estar prohibida en la Constitución, la amnistía podría tratarse en el Parlamento, sede de la soberanía popular, pero advierte de lo que significa legislar contra la ley. «Sería reconocer un conflicto, pero también que el movimiento independentista ha fracasado y que el Estado, en su magnanimidad, perdona. Eso serviría para reconocer la plena legitimidad del Estado español».
El juez Fernando Portillo considera que las amnistías son propias de pasos transitorios de regímenes totalitarios a democracias, y que este no es el caso: «España es una democracia asentada desde hace mucho tiempo». En su opinión, «una amnistía podría verse desde fuera como una deslegitimación de nuestro Estado de Derecho». Oliver va más lejos y sostiene que, por el momento, se está hablando de meras hipótesis ya que ni siquiera se ha planteado la cuestión ni está en marcha la investidura de Sánchez.
