El frente de Waterloo se resquebraja entre acusaciones de gastos opacos y despotismo
La exdelegada de Puigdemont en Francia secunda la denuncia de los 31 miembros que sospechan de la labor de Comín
Carles Puigdemont posa con los miembros del autodenominado 'govern del Consell de la República'. | Europa Press
Cada vez más voces dan veracidad a la carta de denuncia de 31 miembros de la Asamblea de Representantes -el pseudo Parlamento creado por Carles Puigdemont para justificar su gobierno paralelo del Consell de la República- sobre la manera de funcionar de este ente controlado desde Waterloo y los posibles gastos irregulares realizados por sus principales líderes, como el eurodiputado de Junts per Catalunya Toni Comín. Las discrepancias sobre si negociar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez han hecho estallar esta rebelión interna en la que se denuncian irregularidades y actitudes «despóticas» de sus máximos dirigentes para acallar a los críticos.
La exdelegada del Consell de la República en el sur de Francia, Júlia Taurinyà, ha secundado en sus redes sociales la misiva de estos representantes y ha asegurado que «tarde o temprano saldrá todo». En la misiva de estos ya exmiembros de la Asamblea, lamentaban haber asistido a «una serie de obstáculos, intromisiones y menosprecios a la labor hecha por los representantes que siempre procedían de la dirección ejecutiva del gobierno». Finalmente, y en plenas negociaciones para formar gobierno en España, Puigdemont decidió disolver la Asamblea bajo el argumento de querer realizar «cambios sustanciales» en su funcionamiento.
«Vía de negocio» de Comín
En concreto, estos 31 ex miembros de la Asamblea del Consell de la República señalan al también vicepresidente de dicha entidad, Toni Comín, cuando afirman que es necesario preguntarse «si los proveedores beneficiarios de estos gastos de representación, montaje de eventos y equipo técnico multimedia no han sido una vía de negocio de un círculo reducido de personas próximas al vicepresidente».
«La presencia y acciones de Toni Comín, con una trayectoria política muy fluctuante (dentro de algunos partidos hoy españolistas), y movido por la promoción de intereses personales, ponen en riesgo este proyecto vital», abundan en la carta.
Por su parte, el Ejecutivo del Consell de la República ha salido en defensa de Comín cuando ha asegurado que «todas las decisiones se toman per unanimidad». Y ha recordado que los 31 firmantes son una minoría dentro de este Parlamento paralelo que funciona desde Waterloo.
Dimitió tras tener sospechas
En el curso de esta polémica, Taurinyà ha querido unirse a las acusaciones. Taurinyà formaba parte de la extensa red de delegados que Puigdemont tenía repartidos por el mundo y al margen de los de la Generalitat.
Como informó THE OBJECTIVE, a finales de 2022, el Consell de la República llegó a tener una red de 13 delegados exteriores, distribuidos por varios países, con el fin de «contribuir en el reconocimiento internacional de la nación catalana y su derecho a la autodeterminación».
Taurinyà, periodista de profesión, duró solo cuatro meses en el cargo. Presentó su dimisión en febrero de 2020 por motivos «ideológicos, relacionales, profesionales y de salud». Pero no ha sido hasta ahora cuando ha explicado con más detalle los motivos de su marcha: «¿Cuánto costó el mitin de Perpiñán? ¿Con qué dinero se pagó? ¿Por qué no se contrataron más empresas de Catalunya Nord [sur de Francia]? ¿Por qué se eligió una empresa en concreto? ¿Por qué se impuso el entorno de Toni Comín en la organización? Muchas preguntas con respuestas muy oscuras».
Precisamente, dio un paso a un lado antes de ese gran mitin de Puigdemont en Perpiñán en plena pandemia. Algunas respuestas a la posibilidad de que Comín favorezca a personas cercanas no se han hecho esperar: algunos usuarios mencionan la hermana de Comín, que «tiene una empresa de catering» y que, según su opinión, ya recibió «adjudicaciones a dedo» en el pasado.
Parte de esta rebelión interna se ha originado por las discrepancias sobre si negociar con Pedro Sánchez y después de que Puigdemont disolviera la asamblea de representantes y propusiera una «reforma sustancial» de sus organismos.
