La Fiscalía y el PSOE meten prisa al juez para iniciar ya el juicio del 'caso Kitchen'
Solicitan que se ordene ya la apertura de juicio contra la antigua cúpula policial del PP y el exministro Fernández Díaz
La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro Jorge Fernández Díaz en el 'caso Kitchen'. | Europa Press
La Fiscalía y el PSOE meten prisa al juez del caso Kitchen. En sendos escritos remitidos a la Audiencia Nacional, Anticorrupción y el partido liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han solicitado al magistrado Manuel García Castellón que decrete ya la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula policial del PP, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex número dos de este último, Francisco Martínez. Una causa en la que se investiga si el Gobierno de Mariano Rajoy montó una operación policial con el objetivo de sustraer documentos sensibles al exgerente y extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2014.
El PSOE ha trasladado esta semana al juez del caso Kitchen su «total adhesión» a un escrito remitido por la Fiscalía anticorrupción el pasado 28 de septiembre. En ese documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público solicita al magistrado que «se proceda a dictar el correspondiente auto acordando la apertura de juicio oral ya interesada» por los propios fiscales el pasado 24 de febrero.
Entonces, en pleno estallido del caso Tito Berni y tras la imputación del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Anticorrupción remitió al juez su escrito de acusación. En el documento se solicitaban 15 años de prisión para el exministro Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo. También pide 19 años de cárcel para el excomisario José Manuel Villarejo, entre otros.
La Fiscalía y el ‘caso Kitchen’
Los intereses del PSOE y de la Fiscalía en el caso Kitchen vuelven a coincidir ahora, en plena negociación por la amnistía a Carles Puigdemont y cerca de 4.000 independentistas catalanes para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. «Dado el tiempo transcurrido desde que se interesó la apertura de juicio oral, y a fin de garantizar el derecho de todas las partes a un proceso sin que se produzcan dilaciones indebidas, interesa el Ministerio Fiscal que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 783.1 de la LECrim, se proceda a dictar el correspondiente auto acordando la apertura de juicio oral ya interesada», indica el Ministerio Fiscal en su escrito remitido al juez García Castellón.
En su informe, la Fiscalía recuerda al juez que todas las acusaciones debidamente personadas en la causa (PSOE, Podemos, IU y Luis Bárcenas, además del Ministerio Público) habían solicitado ya la apertura de juicio. No obstante, la causa ha sufrido un parón desde el pasado mes de marzo por la difusión de 23 de conversaciones y chats privados de WhatsApp, intervenidos en el teléfono del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en los que se dejaba al descubierto la identidad de una serie de confidentes secretos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo yihadista, ETA y el independentismo catalán.
Como han pasado ocho meses sin que el juez dicte auto de procesamiento contra los acusados, y para evitar dilaciones indebidas en el ‘caso Kitchen‘, la Fiscalía solicita en su nuevo informe que el Juzgado Central de Instrucción número 6 ordene «cotejar las transcripciones» incorporadas al sumario para comprobar si efectivamente se ha procedido a retirar de la causa los 23 chats que el juez ordenó expurgar. Unas conversaciones que fueron eliminadas por orden expresa del juez García Castellón y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado mes de junio.
Tito Berni y la sedición
En unos casos, esos chats fueron eliminados del sumario por contener información susceptible de estar protegida por la Ley de Secretos Oficiales. El resto de las 23 conversaciones retiradas de la causa eran conversaciones de carácter personal entre Martínez, personas de su entorno familiar y periodistas, que no guardaban ninguna relación con los hechos investigados en el ‘caso Kitchen’, según la Audiencia Nacional.
El Ministerio Público pide al juez que proceda al cotejo de las conversaciones de WhatsApp que constan actualmente en el sumario —para comprobar que ha sido retiradas las 23 transcripciones antes mencionadas— y, acto seguido, se proceda a ordenar la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula policial del PP y del Ministerio del Interior. El PSOE muestra su «total adhesión» a esa propuesta, punto por punto, en un escrito remitido al juez el pasado martes.
No es la primera ni la segunda vez que el PSOE agita el caso Kitchen de forma conjunta con otras acusaciones, en este caso la Discalía para desviar el foco mediático hacia la presunta corrupción del último gobierno del PP. Unos meses antes de que Anticorrupción presentase su escrito de acusación contra Fernández Díaz y el resto de imputados, PSOE y Unidas Podemos impulsaron también en el Congreso la creación de una segunda comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Kitchen.
Lo hicieron a cambio de evitar así la apertura de una comisión parlamentaria sobre el caso Tito Berni, y tras la polémica por la derogación de la sedición y la rebaja del delito de malversación pactada con el independentismo catalán. Ahora, el Ministerio Público y el PSOE intentan pisar el acelerador en Kitchen en medio de las conversaciones con Junts y ERC para aprobar una amnistía y facilitar la investidura de Sánchez.
