El modelo de ocio y turismo en Valencia enfrenta al Ayuntamiento y a los hosteleros

El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Valencia y varios empresarios de la hostelería del Puerto ha estallado en forma de guerra legal, pero lo que subyace es mucho más profundo: una disputa por el modelo de ocio y turismo que debe proyectar la ciudad. Mientras los hosteleros denuncian unos desalojos que consideran expulsión arbitraria sin procedimiento ni posibilidad de defensa, el consistorio defiende la necesidad de reordenar el espacio para impulsar proyectos con un perfil más social y cultural, alineados con su apuesta por lo que consideran como «turismo de calidad».

Cuatro locales emblemáticos de la Marina —Destino Puerto, Dos Lunas Beach, Camarote y Vlue Arribar— se enfrentan a una orden de cierre que sus abogados califican de «abuso jurídico», y que ha llevado ya a tres de ellos a preparar acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Valencia. Los empresarios acusan al consistorio de actuar con «mala fe» y de dejarlos en «completa indefensión» tras denegar la tercera prórroga de sus contratos sin previo aviso ni posibilidad de alegación.

Según los afectados, tras meses de negociaciones con el concejal de Grandes Proyectos de Valencia, José Mari Olano, y a pesar de haber cumplido con todos los trámites para prorrogar temporalmente sus concesiones hasta que se publicara una nueva licitación, la Junta de Gobierno Local acordó su desalojo inmediato. La decisión fue notificada el viernes 9 de mayo y en apenas 48 horas ya se había personado la Policía Local con órdenes de cierre.

«Nos obligaron a encargar proyectos arquitectónicos de gran envergadura para optar a la futura licitación, con un coste elevado, y mientras tanto ya estaban tramitando la adjudicación directa de parte de nuestros espacios a otras entidades», denuncian. Entre esas entidades se encuentra la Fundación Asindown, cuya labor social reconocen, pero cuya cesión —afirman— se ha producido sin transparencia, mientras detrás opera una empresa con ánimo de lucro que cobrará por la gestión del espacio.

Posible vulneración de derechos

Desde el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que representa a tres de los cuatro empresarios afectados, se sostiene que la actuación del Ayuntamiento vulnera derechos fundamentales. Según la letrada Ana Chapapría, el consistorio ha dictado una resolución que deniega la vía contencioso-administrativa, al considerar que se trata de contratos patrimoniales, pero al mismo tiempo ha aplicado sanciones propias del derecho administrativo, como la orden de cierre inmediato. Esto, afirma, «nos ha dejado sin defensa».

«No se ha abierto un procedimiento sancionador formal, no se ha declarado la caducidad de las licencias, ni se ha dado oportunidad de presentar alegaciones. La solicitud de prórroga se presentó el 3 de abril y no fue respondida hasta el 9 de mayo, junto a la orden de cierre. Y el 10 ya estaba allí la policía», explica. «Estamos en un Estado de derecho. No pueden cerrarse negocios con esta arbitrariedad».

Los locales siguen abiertos a día de hoy. La Policía Local levanta actas diariamente, pero no ha procedido al precinto, algo que requeriría autorización judicial. Los empresarios esperan permanecer en funcionamiento hasta que se resuelva su recurso por vía judicial, tanto civil como contencioso-administrativa, al considerar que el Ayuntamiento no puede usar potestades sancionadoras sin iniciar procedimiento ni justificar el interés público de urgencia.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa María José Catalá ha defendido la decisión enmarcándola dentro de una política de transformación de la fachada marítima de la ciudad basada en un urbanismo «más ordenado y con valor añadido». En paralelo al conflicto, el consistorio ha anunciado una reducción del 13 % en la llegada de cruceristas y la supresión de más de 1.500 apartamentos turísticos, como parte de una estrategia de lo que consideran que representa un modelo de estancias más largas, menos masificadas y con mayor retorno económico y social.

En esa línea, Catalá apuesta por un rediseño profundo de la Marina, con proyectos como el de Asindown y otras iniciativas centradas en gastronomía y cultura, que «huyan del ocio de copas y del ocio nocturno» y se acerquen al «modelo de ciudad que queremos».

Los hosteleros, sin embargo, denuncian que no hay ningún nuevo adjudicatario listo para ocupar los locales desalojados, por lo que el cierre sólo provocará la parálisis de la zona durante el verano. «Esto afecta a nuestras empresas, pero también a nuestros trabajadores, proveedores, vecinos y a la imagen de Valencia como destino».

Más de 400 puestos de trabajo directos están en juego, aseguran los empresarios. Desde camareros y cocineros hasta personal de mantenimiento, logística o gestión, los hosteleros advierten de que la clausura fulminante de los negocios puede suponer un golpe económico y social irreparable para la zona.

Además, aseguran que durante las negociaciones con el Ayuntamiento ya se les había advertido de la existencia de otros dos proyectos que podrían tener preferencia sobre sus propuestas. «Nos pidieron que elaboráramos planes detallados sin garantizar nada. Ahora entendemos que el desenlace estaba decidido desde el principio».

En los próximos días se formalizarán las demandas judiciales. Para los empresarios, el fondo del asunto trasciende el conflicto concreto. «Esto no es solo un problema local. Es una advertencia de hasta qué punto una administración puede pisotear los derechos económicos y laborales de un sector entero sin garantías ni diálogo», concluyen.