El 'vía crucis' del exfiscal Valerio: bajo el yugo de Hacienda un año después de ser absuelto
La Agencia Tributaria mantiene embargados sus bienes. Su caso será expuesto en el Parlamento Europeo tras la presentación del documental ‘Hechos probados’
Emilio Valerio, ex teniente fiscal de Madrid. | THE OBJECTIVE
Emilio Valerio era el número dos de la Fiscalía de Madrid. Su vía crucis con el Ministerio Público y con Hacienda comenzó en 2016, pero continúa hasta la fecha. La Agencia Tributaria mantiene embargados todos sus bienes, a pesar de que fue absuelto por la Justicia hace ya un año. En una demoledora sentencia, la Audiencia de Navarra acreditó que su caso se basó en una inspección tributaria plagada de «inconsistencias», «falta de credibilidad» y «carente de pruebas». Tras 36 años de dilatada trayectoria, en los que estuvo al frente de investigaciones de corrupción que afectaron tanto al PP como al PSOE -granjeándose muchos enemigos-, fue expulsado de la carrera fiscal en un proceso que algunos de sus compañeros definen como insólito.
Su calvario personal, profesional y tributario llega ahora al Parlamento Europeo. El exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo mencionará el caso de Emilio Valerio en Bruselas el próximo 24 de enero, durante un evento titulado ‘¿Puede la Hacienda española destruir el Estado de Derecho? Presentación del documental «Hechos probados»’. Un acto en el que se proyectará la película documental ‘Hechos probados’ y en el que se abordarán los abusos del Estado en materia tributaria.
Dirigida por el director de cine, productor y guionista Alejo Moreno (Sevilla, 1984), la cinta narra «la indefensión del ciudadano ante la maquinaria del Estado» a través del caso del empresario toledano Agapito García Sánchez. Señalado en 2015 como la persona que más dinero debía al Estado en la primera lista de morosos confeccionada por exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, García Sánchez ha vivido un periplo judicial de más de tres décadas de duración, con una perenne percepción individual de indefensión en el afán de este contribuyente por colaborar con las Administraciones y Tribunales para solucionar su caso.
‘Hechos probados’
El documental, cuya edición en libro y DVD será presentada el próximo miércoles 21 de diciembre en la sede de THE OBJECTIVE, relata cómo una suerte de rodillo público, que no sólo se concreta en la Agencia Tributaria, tiene conferidas unas potestades desproporcionadas a su función de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre otras. Desgrana cómo la impunidad de algunos funcionarios que perciben incentivos y la indefensión de los administrados sigue sin ser corregida pese a demostrarse fallida en muchos aspectos, como en el hecho de que el 49% de las actas recurridas acaben en un desenlace que quita la razón a la Agencia Tributaria.
Con motivo de la proyección del film en Bruselas, Ignacio Ruiz-Jarabo comentará también el caso de Emilio Valerio. Su carrera como fiscal fue destruida con la Agencia Tributaria como instrumento para ello. «Es un caso muy gráfico de la indefensión de los ciudadanos ante la maquinaria del Estado. La sentencia reconoce de forma implícita que Emilio Valerio sufrió un abuso del Estado y pone en duda todo el proceso de la investigación. Tanto de la inspección tributaria como de la actuación de la Fiscalía», señala Ruiz-Jarabo en declaraciones a THE OBJECTIVE.
En su libro Impuestos o Libertad, el exdirector de la Agencia Tributaria dedica varias páginas a desgranar el caso de Valerio y su esposa, que también salió absuelta por falta de pruebas tras cuatro años y medio de investigación. Pesquisas que quedaron ridiculizadas en la sentencia de la Audiencia de Navarra. Un fallo que ni siquiera ha sido recurrido por la Fiscalía tras los numerosos reproches de los magistrados a la instrucción del caso. «El Estado, usando varios de los instrumentos poderosísimos que le otorgamos los individuos, acusa indebidamente a dos de sus ciudadanos y realiza contra ellos un ataque furibundo, afectando gravemente a su hacienda y a su vida», Ruiz Jarabo.
Asfixiado por Hacienda y Fiscalía
Los jueces absolvieron a Valerio de los 15 presuntos delitos fiscales por los que el Ministerio Público solicitaba para él 37 años de prisión y una multa de 4,5 millones por presunto fraude en el impago del IVA en sus empresas de bodegas y de hostelería en Navarra entre los años 2013 y 2016. En un caso en el que Hacienda y el Ministerio Público cuestionaban la actividad real de las empresas y las inversiones realizadas por el acusado en las instalaciones de las mismas, durante el juicio quedó acreditado que los inspectores de la Agencia Tributaria ni siquiera «procedieron a cursar visita formal a las instalaciones» que eran objeto de investigación, ubicadas en el municipio navarro de Dicastillo, para «proceder a comprobar la realidad».
La sentencia, ahora firme, viene a confirmar lo insólito de su expulsión de la carrera fiscal en 2016. Un individuo condenado por delitos urbanísticos se erige en acusación particular contra Valerio y consigue su expulsión del Ministerio Público–en un proceso coordinado con el entonces Inspector Fiscal- por presuntas incompatibilidades con su cargo. En concreto, por gestionar una serie de empresas familiares centenarias que había heredado décadas atrás.
Valerio afirmó que él pensaba que «podía gestionar los negocios que tenían porque formaban parte todos ellos de su patrimonio familiar», sin considerarlo incompatible con su actividad como representante del Ministerio Fiscal. Todas sus empresas tenían actividad y trabajadores a su cuenta en España, tal y como acredita la sentencia de la Audiencia de Navarra en diciembre de 2021. «Entre tanto, a otros fiscales con sociedades en paraísos fiscales no se les practicó ninguna medida. A todas luces existía un tratamiento sospechoso e inexplicable», comentan fuentes de la Fiscalía.
Los abusos del Estado
En su libro, Ruiz-Jarabo también destaca que casos como el de Valerio demuestran que «cuando queda sentenciado que la acusación era indebida, el Estado se pone de perfil, mira frívolamente por la ventana y se presta a preparar otra acusación». En el caso del exfiscal, el vía crucis no termina. A pesar de que la sentencia es firme, la Agencia Tributaria mantiene embargados todos sus bienes en vía administrativa ante la posibilidad de abrirle nuevas inspecciones fiscales a sus empresas sobre ejercicios que quedaron fuera de la investigación con la que destruyeron su carrera.
Una situación que pone de manifiesto otra herramienta de abuso del Estado en materia tributaria. «La ley no establece plazos para el levantamiento de las medidas cautelares una vez que es declarada la absolución de los acusados», indica el abogado Carlos Neira Herrera, socio responsable del Área de Delitos Económicos de Garrido. El juez y Hacienda deberían actuar de oficio para hacer efectivo el levantamiento del embargo de los bienes de las personas sobre las que se elimina la duda de culpabilidad.
«En la práctica, lo que debe hacerse una vez que se produce y notifica la sentencia absolutoria es el levantamiento de la medida por parte del juzgado que, si bien podría hacerlo de oficio ‘en coherencia o ejecución de la propia resolución’, lo habitual es que eso no suceda y que tenga que ser la defensa del acusado quien lo promueva a través de un escrito presentado al efecto ante ese juzgado», añade Neira.
Su caso llega a Bruselas
En el caso de Valerio y su esposa, destaca Ruiz-Jarabo, no hay responsabilidad penal o administrativa alguna por parte de los fiscales, abogados del Estado o inspectores de Hacienda cuya actuación quedó desacreditada por la Justicia. «¿Quién les resarce de la inquietud, zozobra, angustia y hasta desesperación que se les provocó injustamente durante años? ¿Quién les resarce de Ia elevada cantidad de dinero que debieron emplear para su necesaria defensa jurídica? ¿Quién les resarce de las pérdidas económicas sufridas por sus empresas debido a lo anterior?¿ O del descrédito social que les supuso ser acusados en la forma en la que lo fueron?», pregunta Ruiz Jarabo.
«Las respuestas a todas estas preguntas que acabamos de formular es la misma en todos los casos: ¡absolutamente nadie! Es así de ilógico de injusto y, en mi opinión, de cruel», añade el exdirector de la Agencia Tributaria. Por esa razón, expondrá el caso de Valerio durante el evento que se celebrará en el Parlamento Europeo en enero, titulado ‘¿Puede la Hacienda española destruir el Estado de Derecho? Proyección del documental «Hechos probados»‘.
Durante sus 36 años como fiscal, Emilio Valerio llevó las riendas de importantes investigaciones en materia de corrupción contra PSOE y PP. Con anterioridad a su llegada a la Fiscalía de Madrid, también instruyó en el País Vasco un caso que fue la punta de lanza contra los GAL: el asesinato de Santiago Brouard en 1984.
Gracias a sus averiguaciones se destaparon los orígenes del caso Gürtel en Majadahonda, Boadilla y Pozuelo. También se ocupó de investigar el Tamayazo, el accidente de Spanair en Barajas, el controvertido caso de ‘El Nani’ y otras tramas medioambientales y urbanísticas, con decenas de intervenciones en los Ayuntamientos de distintos municipios de la Comunidad de Madrid. También destapó en Murcia el robo del agua y la contaminación de los acuíferos del Mar Menor.
La destrucción de una carrera
Especializado en delitos de medioambiente y urbanismo, ocupó el cargo de teniente fiscal de Madrid entre 2007 y 2016. En ese año, con el PP en el Gobierno, el Consejo Fiscal presidido por la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, propuso su expulsión al ministro de Justicia Rafael Catalá. El Inspector Jefe de la Fiscalía asumió las acusaciones de un individuo condenado por corrupción urbanística y, partiendo de sospechas e indicios que ahora se han demostrado inconsistentes, hicieron que la inspección tributaria de Navarra formulase contra él una durísima acusación de la que ha sido absuelto.
El responsable del departamento de Justicia lo ratificó dos meses después al declarar a Valerio «autor de una falta muy grave» por ejercer «actividades incompatibles con el cargo de Fiscal», en concreto por desarrollar actividades mercantiles sin solicitar la compatibilidad necesaria, según una orden publicada en el BOE el 2 de marzo de 2017. La Audiencia Nacional confirmó su expulsión en 2018.
Hacienda había abierto una inspección sobre las declaraciones fiscales correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 de las empresas familiares que Valero había heredado. Los inspectores tributarios y la Fiscalía afloraron las actividades empresariales, y por este motivo el Consejo Fiscal y el ministro Catalá justificaron la expulsión del fiscal que destapó los orígenes de Gürtel. Alegaron que Valerio no solicitó la compatibilidad necesaria para desarrollar esas actividades.
Cuatro años y medio después, durante el juicio celebrado en Pamplona en noviembre, el exfiscal afirmó que no creía que eso fuera incompatible con su actividad como representante del Ministerio Fiscal y que, en definitiva, todas sus empresas tenían actividad y trabajadores a su cuenta. Hacienda, que le acusaba de que toda la actividad de las empresas era ficticia y logró acabar con su carrera como fiscal, ahora le mantiene subyugado con el embargo de sus bienes.
