El archivo del caso contra el 'perito de Corinna' desata una guerra judicial

La causa por presunto intrusismo profesional y falsedad documental contra el perito contratado por Corinna Larssen en el caso Villarejo ha recrudecido la guerra que colegios profesionales de ingenieros informáticos y asociaciones privadas libran en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha sobreseído provisionalmente la investigación, abierta a raíz de una denuncia del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, al entender que los hechos no son constitutivos de infracción penal. En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez Gemma Solé concluye que «para actuar como perito en un procedimiento no es preciso tener un título oficial» universitario.

«Podría ser cualquier persona que tenga conocimiento sobre una especialidad, estableciéndose únicamente en la legislación profesional una preferencia a favor de los peritos titulares», señala la juez en alusión al artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al contrario de lo que había determinado un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, la magistrada que ha cerrado el caso contra el perito de Corinna considera que cualquier «persona experta en determinada materia, aun cuando no tenga título oficial, podría ser llamado como perito a un proceso».

Esta decisión judicial, que no es firme y ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial, ha desatado la indignación de colegios profesionales de ingenieros informáticos que desde hace años denuncian que asociaciones privadas utilizan la denominación de «peritos judiciales» para expedir certificados de peritos a personas que no tienen titulación universitaria oficial como informáticos. Unas agrupaciones que los colegios profesionales definen como «chiringuitos», pero que han salido reforzadas con la decisión de la jueza de Madrid y han comenzado a utilizar el auto de archivo provisional del perito de Corinna en otras causas por presunto intrusismo profesional.

«¿A quién se le pasaría por la cabeza que en un juicio pueda declarar como perito médico una persona que tan solo tiene un título de socorrista o un curso de primeros auxilios? Eso es lo que está pasando en el ámbito de la informática. Tiene que haber un control», asevera Javier Rubio Alamillo, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Informáticos de Madrid y perito colegiado. «Esto va contra el artículo 24 de la Constitución Española, que es un derecho fundamental y garantiza la tutela judicial efectiva de los ciudadanos: no puede ser que en un procedimiento judicial declare como experto, a favor o en contra de un ciudadano, alguien sin titulación oficial que carece de formación», agrega.

Certificados de perito

Uno de los últimos procedimientos en los que se ha visto reflejado el conflicto es el caso por presunto espionaje a concejales en Mijas, archivado recientemente por la Audiencia Provincial de Málaga. Un informe de un miembro de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales (Antpji), no colegiado ni titulado en informática, llevó a que un exempleado público se sentase en el banquillo de los acusados y fuese despedido. Se le acusaba de haber puesto un software espía para acceder a las comunicaciones de concejales.

Acabó siendo absuelto tras acreditarse que no hubo delito ni pruebas de que hubiese instalado spyware. El autor de la pericial llegó a recibir el premio a la auditoría informática del año 2019 de la Antpji, la misma asociación a la que pertenece el perito contratado por Corinna para el caso Tándem y que expidió a su nombre un «diploma acreditativo de Perito Judicial Informático otorgado en Madrid el 11 de febrero de 2014 tras haber superado los estudios correspondientes organizados por la misma asociación conforme al plan de estudios aprobado y homologado por la Universidad a Distancia de Madrid (Udima)».

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía había aportado en el caso del perito de Corinna una carta oficial en la que la propia Udima asevera que «no ha aprobado ni homologado ningún plan de estudios conducente a la obtención de ningún certificado profesional ni de profesionalidad de Perito Informático Judicial ni de Seguridad Informática». Sin embargo, la juez Solé ha descartado también un posible delito de falsedad documental al entender que se trata de un título emitido por la Antji y «no por la persona contra quien se dirige la denuncia, por lo que debe descartarse esa infracción penal».

Choque entre peritos

Creada hace 12 años y con unos 500 asociados actualmente, la Antpji defiende la calidad y necesidad de sus cursos (títulos propios, no oficiales) para formar y certificar peritos judiciales informáticos. En ese periodo han formado como peritos a unos 4.800 estudiantes en colaboración con distintas universidades a razón de 1.800 euros cada uno, según su presidente, Ángel Bahamontes.

«Hemos tenido que habilitar a mucha gente y hemos invertido mucho para poder crear una metodología propia y tener medios suficientes. Somos muy exigentes con los estudios y nuestro prestigio está más que acreditado. Todos están respaldados por las secciones de títulos propios de distintas universidades y siempre hemos exigido titulación universitaria o la acreditación de al menos cinco años de experiencia práctica en informática. Si uno de nuestros asociados mete la pata, nuestra reputación está en juego. No podemos fallar», asevera el presidente de Antpji.

Bahamontes afirma sentirse muy sorprendido por los «ataques» de los colegios de ingenieros informáticos. «El enemigo no somos nosotros. Los programas de estudios de informática de las universidades están muy anticuados y nosotros lo que ofrecemos es formación actualizada y especializada para la labor de perito judicial. La resolución del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid deja claro es que un curso de la Udima es igual de válido aunque sea un título propio», añade el presidente de la Antpji.

Conflicto de competencia

Atribuye las distintas demandas interpuestas por colegios de ingenieros informáticos contra sus asociados a un intento por acabar con la competencia y monopolizar el sector. «Ahora que la gente se va dando cuenta de que no es necesario colegiarse, y estamos quitando ingresos a los colegios, los colegios de ingenieros técnicos informáticos han querido quedarse en exclusiva con la potestad de poder hacer periciales y por eso la Comisión Nacional de la Competencia ya les ha llamado la atención en dos ocasiones», añade.

«Desde Cpitia no se busca un monopolio competencial. El legislador estableció el requisito de colegiación y titulación por ley al objeto de evitar abusos informáticos y el intrusismo profesional en virtud del artículo 18.4 de la Constitución», afirma por su parte Pedro de la Torre, decano del colegio andaluz de ingenieros técnicos informáticos. A pesar de la resolución del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, el Cpitia ha recurrido en apelación directa ante la Audiencia Provincial. En su recurso, el colegio de ingenieros técnicos informáticos andaluces considera que la juez ha incurrido en un «manifiesto error» en la interpretación de la norma y en la valoración de las pruebas que se han aportado al proceso del perito de Corinna.

«Obvia el artículo 458 del Código Penal cuando dispone que el juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título. No tiene en cuenta el auto que el artículo 457 de la LECrim establece os requisitos para actuar como perito en un proceso penal, con carácter general. Cabe recordar que el legislador solo contempla que un perito pueda no ser títular en aquellos casos en los que no exista titulación oficial de la pericia (art. 340 LEC), que no es el presente caso», señala el recurso. Ese artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los peritos de las asociaciones y de los colegios deben tener titulación oficial.

Asimismo, recuerda que una sentencia de 2018 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza determinó que asociaciones como la Antpji y otras no tienen «potestad alguna para habilitar a personas para actuar como peritos a quienes no disponen, con carácter previo, de las titulaciones correspondientes» y no reúnen las condiciones para ser peritos conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Cpitia intenta desmontar así el auto de la juez de Madrid en el que se afirma que «no existe titulación oficial habilitante para realizar peritaciones informáticas». «Es el grado en ingeniería informática», señala el recurso. La decisión final en este caso, corresponderá a la Audiencia Provincial de Madrid.