El cupo que exigen los 'indepes' reduciría hasta un 12% la financiación de las otras autonomías
La medida perjudicaría a servicios públicos como la Sanidad y la Educación del resto de administraciones regionales
Aragonès, Borràs y Puigdemont, en un encuentro en Italia. | Europa Press
Como era de esperar tras los resultados electorales del pasado 23-J, el independentismo catalán ha puesto sobre la mesa algunas de sus peticiones de cara a la negociación por un acuerdo para investir a Pedro Sánchez. En primera instancia, Junts y ERC plantean la condonación de la deuda adquirida por pedir dinero al Fondo de Liquidez Autonómico, entre otros recursos. Pero, además, también quieren dejar de participar en la contribución al Fondo de Solidaridad Interterritorial, lo que supone 20.000 millones de euros, que sumados a los 71.852 millones de euros del FLA, se convierten en un extraordinario agujero para las cuentas públicas.
Pero eso no es todo. Lo que el independentismo catalán pretende desde hace años, y que fue motivo de la vulneración de la Constitución en el procés del 1-O, es un convenio económico o cupo a la vasca, que les permita tener Hacienda propia, y poder salir a los mercados como un Estado de facto. Una operación que en su día fue cuantificada, para un trabajo del CSIC, por el economista y director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, quien según los cálculos establecidos, concluye que de ejecutarse esta demanda, el resto de las comunidades autónomas se verían afectadas con la supresión de hasta un 12% de su financiación autonómica, lo que a la postre acabaría deteriorando servicios públicos indispensables como la Sanidad y la Educación.
En un estudio realizado en 2012 —y siempre con datos de 2007, como señala el autor en este trabajo titulado Sobre el Pacto Fiscal y el sistema de Concierto—, De la Fuente concluye que la equiparación de Cataluña con el País Vasco en términos de financiación por habitante exigiría unos recursos adicionales de más de 16.000 millones de euros que habría que detraer del resto de las comunidades de régimen común, lo que supondría reducir la financiación de éstas en algo más del 12%.
Asimismo, detalla que, puesto que el nivel de renta catalán es inferior al vasco, es probable que los rendimientos del sistema de concierto no fuesen tan elevados. Así pues, y tomando como referencia la valoración de las competencias estatales no transferidas al País Vasco, su estimación entonces es que un sistema de concierto a la vasca habría incrementado la financiación neta de Cataluña en 2007 en algo menos de 11.000 millones, lo que todavía implicaría una reducción del 8% en la financiación del resto de las regiones españolas. Además —añade el economista—, por otra parte, si las competencias estatales se valorasen correctamente, la ganancia neta de financiación para Cataluña —en 2007— derivada de la adopción del Concierto se reduciría
a unos 1.000 millones, lo que supone un 5% de la financiación observada de la región con el sistema entonces vigente.
Claro que, en estas fechas, el efecto de un cupo catalán sobre la financiación autonómica del resto de comunidades del régimen general sería mayor e incluso superior al 12%. Algo que refrenda en su columna de este jueves en THE OBJECTIVE el exviceconsejero de la Comunidad de Madrid, Manuel Llamas, en un artículo titulado La colosal factura independentista para que gobierne el PSOE, y en cuyo texto defiende que «la ronda preliminar de contactos para que el presidente Sánchez revalide su mandato arroja ya una factura de casi 100.000 millones de euros».
Arquitectura del sistema
Cabe señalar que el FLA, o Fondo de Liquidez Autonómica, fue creado en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, precisamente para ayudar a la financiación de comunidades autónomas en quiebra. Cataluña fue la primera administración regional en solicitar la ayuda que brindaba el Estado, y que se ofrecía a quienes no podían financiarse en los mercados.
En la actualidad, el sistema de financiación por el que se rigen las comunidades de régimen general —donde no están ni el País Vasco ni Navarra— se nutre de los impuestos cedidos y de la parte proporcional del Estado, que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, mediante las entregas a cuenta, con dos años vista posteriores para liquidación y el equilibrio de las cuentas. Además, el sistema tiene un modelo de reparto de compensación interterritorial que hace efectivo el principio de solidaridad, fondo con el que el independentismo catalán no quiere participar.
El actual sistema de financiación autonómica se ha de renovar cada cinco años, pero lo cierto es que la última reforma es de 2009, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; una reforma que no dejó contento a casi a nadie, aunque, en buena medida, mejoró la financiación básicamente de Cataluña frente a la de la Comunidad de Madrid, al introducir el límite del Fondo de Competividad. Años más tarde, el Gobierno de Mariano Rajoy no pudo materializar la siguiente reforma, que se vio empantanada con el pulso del presidente de la Generalitat, Artur Mas.
En la etapa de Pedro Sánchez, el único movimiento que se detectó en ese sentido fue una propuesta del Ministerio de Hacienda sobre el cálculo de la población ajustada, cálculo que no obtuvo la consideración ni acuerdo de las comunidades autónomas.
Reacciones
En respuesta a esta situación sobrevenida, en la que Junts y ERC se han adelantado registrando una moción en el Parlament de Cataluña para conseguir la condonación de la deuda del FLA, y en el que el PSC se ha prestado a promover una quita parcial mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mezclado la petición de condonación que pide el independentismo con la urgencia de reformar la financiación autonómica —lo que no ha hecho en cinco años—, la nueva consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío López Ibor Albert, ha planteado un serio problema que se deriva de un posible perdón de la deuda, generada por los gestores públicos catalanes.
En primer lugar, López Ibor subraya que, si se condona la deuda a Cataluña por parte de la Administración Pública, lo que estamos haciendo es lanzar un mensaje muy grave al mercado sobre la solvencia que una determinada administración española puede tener del cumplimiento de sus obligaciones y especialmente en materia de deuda.
Por tanto —apunta la consejera madrileña—, «perjudica al resto de comunidades autónomas, porque sería caer en una especie de mutualización de la deuda, que la tendría que asumir la Administración General del Estado, y por ello todas las comunidades nos veríamos afectadas. Por eso —insiste la dirigente madrileña—, hay que tener claro que las deudas hay que asimilarlas y pagarlas. Y no se puede condonar, porque es una distorsión importante para el mercado, que al final empobrece a todos los españoles, y también a los catalanes».
«No puede haber barra libre —matiza la consejera—, y que Cataluña no quiera asumir su responsabilidad». Aunque parece —remata—, que Sánchez está dispuesto a condonar la deuda a través del FLA para seguir en La Moncloa. Dispuesto a todo para conseguir el apoyo del independentismo».
Mezclar condonación con reforma del sistema
Este jueves, la ministra en funciones de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en el contexto del debate de condonación de la deuda del FLA de la administración catalana, desvió el tiro hacia la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica dentro del diálogo entre todas las comunidades. Por su parte, el ministro en funciones de la Presidencia, Félix Bolaños, sacó a colación el dinero de más que el Gobierno de Sánchez ha dado a las administraciones autonómicas, en lugar de Mariano Rajoy.
Desde Antena 3, Juan Bravo, responsable de la vicepresidencia económica del Partido Popular, rebatía este jueves que «condonar deuda no es reformar el sistema de financiación, es cambiar dinero por votos».
En opinión de Bravo, de repente, «al Gobierno de Sánchez le han entrado las prisas de reformar la financiación autonómica de
manera bilateral y después de cinco años sin hacer nada, lo hace ahora, cuando Sánchez necesita votos para seguir en La Moncloa. Pero -añade el que fuera consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid-, no se financia de manera bilateral, sino de forma conjunta con las comunidades autónomas, y debe servir para unir a estas y no para enfrentarlas».
Y enfrentar a las comunidades, o calentar el terreno, es lo que parece que se despliega de un debate que se juega tras las bambalinas de la negociación de la investidura de Sánchez, y que de momento, ha provocado las reacciones del PRC (Partido Regionalista Cántabro), que pide una comisión para que se hable de financiación; del Gobierno gallego que, por su parte, exige reformar el sistema dentro del diálogo entre autonomías, y de Canarias, cuyo ejecutivo adelanta que plantará cara para que el modelo incluya criterios de insularidad y ultraperiferia.
