Los economistas temen un 'Frankenstein' II con cupo catalán y más presión fiscal a empresas

Aunque son muchas las voces que claman por una segunda vuelta a las urnas, ante lo ajustado de los resultados de los comicios del 23-J, celebrados este domingo, la mayoría de economistas consultados dan por hecho que Pedro Sánchez reeditará su Gobierno Frankenstein versión 2.0, algo que él mismo ya ha adelantado este lunes post-electoral, al indicar que buscará la fórmula para la gobernabilidad de España.

Ante este posible escenario, el candidato socialista necesitará del apoyo, no solo de Sumar, sino también, la abstención de Junts y el sustento de todo el arco parlamentario en el que no se encuentren ni PP ni Vox y, cuyo precio a pagar, determinan los analistas consultados por THE OBJECTIVE, pasa por redoblar la presión fiscal.

En definitiva, una avalancha de impuestos que tendrán que soportar los españoles, y especialmente las empresas a través de las cotizaciones y la contratación, con el que sufragar el coste de las exigencias de los partidos nacionalistas e independentistas —principalmente los catalanes—. Esto conllevaría un aumento del gasto público.

En este marco, el Informe Electoral de Estrategos, prevé que el actual Ejecutivo buscará realizar el ajuste de ese gasto público a través de la mejora de los ingresos públicos, por lo que «no es descartable que el futuro gobierno aborde la reforma de la fiscalidad que fue paralizada debido a la Guerra de Ucrania».

Continuidad de la presión fiscal

Además, y desde un punto de vista fiscal, nuestros economistas aventuran la continuidad de los impuestos de Solidaridad a las Grandes Fortunas y los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas. Y es más, apuntan a la transformación de dichos tributos de su actual carácter temporal en permanente, gracias también a las bendiciones del presidente del Tribunal Constituticional, Cándido Conde Pumpido, quien puede ser clave para el futuro de Carles Puigdemont.

Desde este ámbito fiscal, tampoco descartan que un posible Gobierno de Pedro Sánchez negocie un cupo catalán para acallar las demandas de referéndum de los independentistas. Por cierto, una demanda que ya fue formulada por el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano en otro tiempo, cuando entonces era diputado nacional de PDeCAT en el Congreso de los Diputados.

Por otra parte, el presidente de la consultora Freemarket Intelligencia Corporate, Lorenzo Bernaldo de Quirós, estima que «con una economía en franca desaceleración, con un binomio deficit-deuda insostenible, con unos problemas estructurales que lastran el crecimiento, la productividad y la creación de empleo, la continuidad-profundización de la política económica desplegada hasta la fecha sería un drama que comprometería de manera decisiva la prosperidad del país».

Dicho eso —afirma—, «España es una Monarquía parlamentaria y, si Sanchez, logra la confianza del Congreso, su Gobierno es legítimo». Por último —concluye—, «el PP ha de realizar una profunda reflexión sobre por qué no ha logrado el soporte ciudadano que descontaba y prepararse para realizar una dura oposición, si como es probable, la izquierda y sus socios profundizan en el proyecto desplegado en la anterior legislatura».

Una táctica de tira y afloja

César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Santiago de Compostela es de los que piensa que Pedro Sánchez llegará a un acuerdo con los independentistas catalanes, aun sabiendo que la petición de un referéndum es anticonstitucional. Pero en su opinión, mantendrá un tira y afloja con ellos, «y es posible que los catalanes no traguen, pero entretanto doblará la apuesta haciendo permanente los impuestos de solidaridad, a la banca y a las energéticas y, va a ir a un sistema de cupo fiscal vasco», sostiene García Novoa.

Desde el punto de vista, explica García Novoa, «el resto de la política fiscal va a estar muy condicionada por la presidencia europea». «El problema —continúa— es que han visto que el país se está argentinizando y que hay un electorado cautivo por las subvenciones y gasto público vario, así que, de bajar la presión fiscal nos podemos olvidar». «Es más —concluye—, con la vuelta de las reglas fiscales, subirá esa presión para pagar y reducir la deuda y el déficit».

Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis cree que la reedición del Gobierno Frankenstein aportará mayor inseguridad jurídica, más gasto público y más descontrol.

El economista Santiago Sánchez López recuerda que el próximo Gobierno tendrá que comenzar a trabajar en los nuevos Presupuestos Generales, «que con el resultado electoral —detalla— y, teniendo en cuenta los programas de PSOE y Sumar, conllevará más gasto público a financiar con más impuestos, y convertirá las tasas temporales a bancos y energéticas en permanentes. Además encarecerá la contratación y se verá condicionado por los partidos independentistas elevando así la factura a pagar por todos los españoles».

Infiere Sánchez López que estamos «ante un gobierno más débil, sin incentivos para variar su política económica y fiscal, e incluso al contrario, ya que estará obligado a incrementar la presión fiscal sobre el tejido empresarial y las clases medias, que es donde se encuentra la capacidad recaudatoria». «No hay que olvidar —remarca—, que esta situación va a fomentar la fuga de grandes patrimonios del país por la inseguridad jurídica y la persecución del gobierno».

Para Miguel Ángel Bernal, socio fundador de Bernal & Sanz Bujanda, en caso de seguir Sánchez, lo que le parece probable, «sería por algún tipo de entendimiento con el partido de Puigdemont. Y con este escenario —sustancia— la más posible sería que el impuesto a las grandes fortunas continúe, al igual que banca y energéticas. Es muy posible que se creen nuevas figuras impositivas, como por ejemplo el peaje de las autopistas. En el tema de Cataluña —afirma—, podría haber una negociación, en la cual el Gobierno de Sánchez ceda competencias a la Generalidad, de manera que podría pasar a un segundo plano el referéndum». «En estos acuerdos —apunta el profesor de IEB—, creo que sería posible ver un cupo fiscal, estilo País Vasco».

Las empresas piden estabilidad

Entretanto, este lunes CEOE y Cepyme trasladaron a la sociedad española y a los partidos políticos la voluntad de colaboración de las empresas con aquel Gobierno que pudiera conformarse, para lo que hicieron un «llamamiento a la responsabilidad para que se puedan alcanzar aquellos acuerdos que garanticen el mayor nivel de estabilidad posible y también la moderación necesaria para garantizar la buena marcha de la economía y el sostenimiento del bienestar y la paz social», indicaban.

Con ese ánimo de colaboración del tejido empresarial de cara a los complejos meses y años que tenemos por delante —señalan—, «pedimos al mismo tiempo que se ponga el valor a las empresas españolas como generadoras de progreso social y económico y que cesen definitivamente los ataques que han venido sufriendo desde el ámbito institucional».

Desde ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), su presidente, Lorenzo Amor, también manifestó este lunes que los españoles han acudido a las urnas y han hablado, de forma que, «las elecciones generales celebradas este domingo 23 de julio han dado como resultado una nueva configuración del Parlamento». 

Pero —añaden—, «los resultados obtenidos en la jornada del domingo nos dejan un panorama incierto a la hora de poner en marcha un gobierno estable. Y no hay que olvidar que para que haya crecimiento económico, contrataciones, nuevas inversiones… los autónomos y las empresas necesitan una estabilidad jurídica, económica y social». 

Por ello, desde ATA llaman a «la responsabilidad de todas las fuerzas parlamentarias para que se puedan llegar a acuerdos que garanticen la estabilidad política, social y económica que tanto necesitamos en este momento».